El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado, en relación con el pacto alcanzado entre PP y Vox, que “el principio de prioridad nacional estará basado en la legalidad y, por lo tanto, solamente es viable si cumple con el principio de legalidad”.
Durante una entrevista en el programa ‘Espejo Público’, de Antena 3, Azcón ha recalcado este jueves que “en Aragón ningún acuerdo, ningún expediente, en el orden del día del Consejo del Gobierno se aprobará sin tener un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, y es evidente que toda la legislación que tiene que ver con inmigración, con extranjería no es competencia del Gobierno de Aragón”.
En esta línea, ha explicado: “Las comunidades autónomas podemos decidir sobre algunos criterios o sobre algunos baremos. Lo estamos viendo en Cataluña, como Salvador Illa va a exigir el conocimiento del catalán para tener el permiso de residencia, lo cual me parece absolutamente inconcebible. Me parece mucho más grave que se exija el conocimiento del catalán en lugar del conocimiento del español que el debate que se está teniendo sobre los acuerdos que ha habido en Aragón o en Extremadura”.
El acuerdo PP-Vox contempla entre sus puntos “librar a Aragón de la imposición del catalán” y la supresión del Instituto Aragonés del Catalán. Azcón ha recordado que “en Aragón lo que dice el Estatuto de Autonomía es que tenemos una serie de modalidades lingüísticas, no dice que se habla el catalán porque no se habla catalán. En Aragón, los que somos de Aragón sabemos que en Fraga se habla el fragati, y hay algunos que quieren llamarle catalán, pero el Estatuto de Autonomía no le llama catalán”.
A partir de ahí, ha planteado varias cuestiones: ¿Acaso alguien duda de que en la comunidad valenciana se habla valenciano? ¿Alguien dice que en Valencia lo que se habla es catalán? ¿Por qué en Fraga se tiene que hablar catalán?
“POLÍTICA DEL MIEDO” Y PRIORIDAD NACIONAL
Respecto al punto del acuerdo que fija que el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de prioridad nacional, dando preferencia a quienes acrediten un arraigo real, duradero y comprobable en el territorio, y excluyendo de prestaciones y servicios estructurales a las personas en situación irregular, limitando su cobertura a casos de urgencia vital, Azcón ha subrayado que “en Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”.
El presidente en funciones ha criticado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.
Ha incidido en que “este un debate que tiene dos debates, un debate político y otro jurídico. No entender el debate jurídico inhabilita para hablar del debate político”. Por ello, ha reiterado que “ningún expediente, ningún acuerdo irá al Consejo de Gobierno en Aragón sin tener un informe de los servicios jurídicos. Por tanto, ningún acuerdo ni ningún expediente va a incumplir la legalidad”.
Azcón ha detallado que “esto tiene que ver con ayudas sociales, tiene que ver con ayudas a la vivienda, ayudas que estamos viendo que se producen ya con normalidad en otras comunidades autónomas. Ayudas y criterios que hoy están dentro de la legislación y que tienen que ver fundamentalmente con eso, con el arraigo, con la pertenencia al territorio, con la residencia legal, con el número de años que se lleva viviendo en una comunidad autónoma”.
En este contexto, ha defendido que “tiene bastante sentido que si alguien lleva diez años viviendo en una comunidad autónoma y empadronado en esa comunidad autónoma, tenga preferencia para poder ser adjudicatario de una vivienda. Vamos a aumentar el número de años en el que se ha estar empadronado en Aragón para poder optar a alquiler social o ser destinatario de un vivienda púbica. Creo que es una buena medida que todo el mundo entiende y la inmensa mayoría de los aragoneses comparte”.
PP y Vox han pactado igualmente el rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes en situación irregular, tanto mayores como menores, a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Azcón ha sostenido que “lo que ha cambiado son las políticas del Gobierno de España. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España esté tomando decisiones que afectan a cientos, a miles de menores sin dialogar con las comunidades autónomas, sin dar los recursos necesarios, sin poder habilitar las plazas necesarias y cuando las plazas de las comunidades autónomas ya están absolutamente desbordadas. Lo que ha cambiado es la política del gobierno de España que, sin ningún género de dudas, está utilizando de una forma partidista”.
Al mismo tiempo, ha puesto el foco en que “las prioridades de lo que hemos firmado, lo que hoy preocupa a los aragoneses de verdad es que empecemos cuanto antes la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova, que sigamos haciendo una política de vivienda radicalmente distinta de la que hacía el gobierno anterior. Hemos impulsado miles de viviendas públicas y vamos a seguir impulsando miles de viviendas públicas. Nuestra prioridad es mejorar la vida de los aragoneses”.
Sobre la vertiente económica del pacto, ha indicado que el acuerdo en Aragón “lo que va a hacer es reducir la fiscalidad para las personas con menos recursos y para las clases medias. España ha entrado en el top 10 de los países del mundo en el que más impuestos se pagan”. Ha concluido que su prioridad son los ciudadanos de la comunidad: “Mi prioridad son los aragoneses porque los aragoneses nos sentimos especialmente cómodos, especialmente orgullosos de ser españoles. Nos encanta Aragón, sobre todo en el día en el que celebramos, reclamamos y reivindicamos lo que es ser aragonés”.