La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca y secretaria general del PP lorquino, Rosa Mª Medina, ha reclamado que se retiren las placas de piedra artificial que hacen referencia a una organización sindical y a otra de carácter político, colocadas en la fachada del inmueble en obras que albergará el futuro Palacio de Justicia de la ciudad.
Medina ha señalado que la presencia de estos elementos en un edificio destinado a la administración de justicia puede generar controversia y cuestionar la neutralidad institucional del inmueble.
"La permanencia de estos símbolos marcadamente ideológicos en una infraestructura que acoge la impartición de la justicia constituiría una polémica innecesaria que todos nos podemos ahorrar. Está claro que este no es su sitio, y eso es algo en lo que todos estaremos de acuerdo", ha afirmado, según han informado desde el partido.
Para la dirigente popular, la situación sería distinta si las placas mostrasen otros emblemas. Así, ha indicado que "si estas placas de piedra artificial en vez de contener el logotipo de UGT y del PSOE, y el lema 'Casa del Pueblo', mostraran, por ejemplo, el de Alianza Popular, ya los habrían suprimido sin consulta alguna y estarían entre los residuos de una escombrera".
Los 'populares' han solicitado que estas placas se eliminen antes de la puesta en funcionamiento del edificio como Palacio de Justicia. Al mismo tiempo, han censurado que se hayan restaurado "con el dinero de los impuestos de todos los españoles y sin consulta alguna a nadie, dentro de las obras de construcción del Palacio de Justicia, a pesar de que carecen de cualquier tipo de grado de protección histórica o cultural".
Medina ha apunta que esta decisión del Ministerio de Justicia es "cuando menos peculiar". "Este no es el sitio en el que deben permanecer y se trata de piezas que pueden confundirse por escudos heráldicos históricos, cuando en realidad se trata de placas de piedra artificial añadidas en el entorno de los años 80", ha apuntado.
Desde el Grupo Popular han recalcado que "el poder político y el judicial deben caminar por sendas bien diferenciadas y las administraciones públicas, por tanto, tienen que velar para garantizar este marco. De esa forma evitaremos una contaminación política del ámbito judicial, respetando la separación de poderes garantizada por nuestra Constitución".
Según las fuentes históricas consultadas por los 'populares', estas lápidas de piedra artificial no están amparadas por la ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, al no alcanzar la antigüedad requerida. Al carecer de cualquier figura de protección específica, podrían haberse retirado sin impedimentos legales, han concluido.