El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha explicado este jueves que, en este momento, el Principado no contempla la opción de anticipar compensaciones económicas a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido hace algo más de un año en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.
“No existe, en el primer análisis que hacemos, la posibilidad jurídica de un adelanto de indemnizaciones”, ha señalado en unas declaraciones en Oviedo.
Aun así, Peláez ha instado a los allegados de los trabajadores fallecidos y lesionados a ejercer plenamente sus derechos tanto por la vía judicial como ante la propia Administración autonómica. “Respaldamos que soliciten las indemnizaciones que procedan ante la Administración del Principado de Asturias. Como digo, respetamos absolutamente a las víctimas y no faltaría más en el ejercicio de sus derechos”, ha señalado.
El consejero ha recordado que, para que la Administración pueda reconocer una compensación económica, debe seguirse un procedimiento administrativo tasado por ley, en el que se acredite de forma clara una relación de causalidad directa entre la actuación de la Administración y el accidente. Solo en ese supuesto cabría el reconocimiento de las correspondientes indemnizaciones. “Por tanto, en el curso de ese procedimiento administrativo, que me consta que han iniciado o que van a iniciar, se resolverá esta cuestión”, ha indicado.
Entre las propuestas recogidas en el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión de investigación del accidente de Cerredo, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, figura precisamente la puesta en marcha de un fondo específico para adelantar esas indemnizaciones a los afectados.
Peláez ha reiterado sus discrepancias con ese dictamen provisional y, en representación del sector socialista del Gobierno asturiano, ha rechazado que se atribuyan responsabilidades a la Administración autonómica.
El consejero ha vuelto a subrayar que no aprecia una relación de causalidad entre las decisiones ni la estructura administrativa y la explosión de grisú que acabó con la vida de cinco trabajadores. Ha remarcado que la responsabilidad recae en la empresa que llevaba a cabo una explotación ilegal de carbón y que “ocultaba deliberadamente” esa actividad.