El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha denunciado que la gestión del bono comercio se encontraba "completamente articulada y preasignada" a la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) "incluso antes de la puesta en marcha oficial del programa".
Así lo ha hecho público este miércoles mediante un comunicado, en un contexto marcado por la situación del presidente de Facpyme, Carlos Baño, que también encabeza la Cámara de Comercio de Alicante y figura como único imputado en la causa judicial que analiza posibles irregularidades en la gestión de este programa impulsado por la institución provincial para municipios alicantinos durante 2022 y 2023.
El procedimiento penal se ha abierto inicialmente por un presunto delito de estafa y/o fraude en subvenciones, con una estimación preliminar de la Policía de algo más de 100.000 euros en importes sin justificar.
Baño está citado para comparecer el próximo 27 de abril ante la comisión de investigación sobre este programa, órgano que quedó constituido el pasado lunes en la Diputación de Alicante, tal y como confirmó la vicepresidenta provincial, Ana Serna, del PP.
Desde el PSPV sostienen que se vulneraron "los principios de transparencia, concurrencia y buena gestión de los fondos públicos". Asimismo, recuerdan que "la propia Diputación de Alicante ya recogía en su anuncio" del bono de 2024 que Facpyme sería "la entidad que colaboraría en el desarrollo de esta iniciativa".
En paralelo, apuntan que "en paralelo, desde la propia organización empresarial se afirmaba en sus comunicaciones" que "la campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros la desarrollaría la Cámara de Comercio y Facpyme" y que se daba por sentado un papel que, a juicio de los socialistas, debería haberse adjudicado mediante un procedimiento público y garantista.
"El problema no es solo lo que se hizo, sino cómo se hizo: se diseñó todo un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos antes incluso de que el programa echara a andar", ha recalcado el diputado socialista Raúl Ruiz.
El grupo socialista incide también "que esta subvención fue aprobada a través de una modificación de crédito, lo que, unido a las declaraciones públicas tanto de la Diputación como de Facpyme", según el PSPV, "refuerza la idea de que todo el proceso estaba previamente acordado".
“Cronología” de los hechos
Los socialistas señalan que existe una "cronología de los hechos" que consideran "determinante" para interpretar lo sucedido: "El 10 de mayo de 2022 se aprueban las bases del bono comercio. El 29 de junio de 2022, Carlos Baño Marhuenda es elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y, apenas 14 días después, el 13 de julio, se constituye como administrador único a la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada a la gestión de este tipo de campañas".
"Estamos hablando de un margen de apenas dos meses entre la aprobación de las bases y la creación de la empresa que acabaría gestionando los bonos. Es una secuencia que, como mínimo, resulta extremadamente reveladora", ha subrayado Ruiz.
El PSPV añade: "A finales de ese mismo año, Nexo Retail declaró beneficios superiores a 663.000 euros derivados de la gestión de los bonos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, un dato que llamó la atención de la Agencia Antifraude. Además, en agosto de 2022, Facpyme presumía públicamente de gestionar el bono consumo en 27 municipios de la provincia".
Responsabilidad política de Mazón y Pérez
Para los socialistas, todo ello dibuja "un escenario claro de planificación dirigida" que "apunta directamente a la responsabilidad política" de "Carlos Mazón y Toni Pérez", expresidente y presidente de la Diputación, respectivamente, "y a la gestión vinculada a la Cámara de Comercio". "Los datos y la cronología muestran con claridad meridiana de qué manera y en beneficio de quién fue organizada toda esta trama", ha insistido Ruiz.
En esta línea, el diputado ha criticado que "El señor Toni Pérez ya ha salvado a Carlos Mazón de comparecer en la comisión de investigación, así como a todos los alcaldes del PP. Un total despropósito. Tiene que dejar de echar balones fuera, tener un mínimo de decencia y responsabilidad pública y política y dar explicaciones sobre por qué desde la Diputación se permitió (o incluso se favoreció) que la gestión de estos fondos acabara en manos previamente determinadas".
Y ha concluido: "Lo que está en juego no es solo un programa concreto, sino la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos se gestionan con rigor y limpieza".