El Pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde este miércoles, por unanimidad, a una moción del Grupo Parlamentario Popular que reclama al Gobierno central la modificación de la normativa de tráfico para que se permita la homologación de sistemas de conducción portátiles y desmontables destinados a personas con movilidad reducida (PMR).
Con esta iniciativa se pretende superar la "rigidez normativa" que hoy impide a estos conductores utilizar coches de sustitución, de alquiler o prestados cuando su vehículo adaptado habitual no puede usarse.
La diputada del PP Sonia Ruiz ha explicado que la tecnología disponible hace posible adaptar un coche en cuestión de minutos mediante kits que no requieren cambios estructurales permanentes, una fórmula ya implantada en países como Francia, Alemania o Reino Unido.
"La adaptación en España está pensada para el vehículo y no para la persona", ha criticado Ruiz, quien ha incidido en que la propuesta no implica un gasto estructural, sino una actualización de la regulación para asegurar la "autonomía real" y evitar que los usuarios dependan de otras personas cuando surgen averías u otros imprevistos.
Al texto se le han añadido enmiendas del PSOE y de Vox con el fin de apuntalar la viabilidad de la medida. En particular, se ha incorporado la simplificación de trámites administrativos planteada por los socialistas y la armonización de los criterios técnicos en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) defendida por Vox.
Sin embargo, el PP ha tumbado la propuesta de elaborar un nuevo informe jurídico-técnico al considerar que "retrasaría la solución" de un problema de carácter técnico que, a su juicio, ya está detectado y resuelto desde el punto de vista tecnológico.
Durante el debate, la diputada socialista Antonia Benza ha descrito el sistema actual como "disuasorio" y un "laberinto burocrático", y ha denunciado que los conductores con discapacidad pagan primas de seguro más elevadas sin disponer de vehículos de sustitución adaptados a sus necesidades.
La parlamentaria de Vox, María José Ruiz, ha reprochado que la normativa española equipare una reforma estructural con un kit desmontable, mientras que José Luis Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha reclamado a las administraciones que se impliquen para que el precio de estos dispositivos no se convierta en una barrera añadida.
Según los datos expuestos en la Cámara, la medida podría favorecer a más de 160.000 personas con discapacidad que viven en la comunidad autónoma, asegurando que su derecho a la movilidad no dependa exclusivamente de un único vehículo.
Rechazado el plan de rescate planteado para los autónomos
Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha tumbado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Vox que planteaba un plan de rescate específico para los trabajadores autónomos. La propuesta ha sido rechazada con nueve votos favorables y 36 en contra.
La Cámara también ha desestimado las enmiendas de totalidad registradas por el Partido Popular (21 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones) y por el Grupo Mixto (Podemos-IU-AV).
En la defensa de la moción, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la "asfixia fiscal" que sufren los 106.000 autónomos de la Región y ha advertido de que en 2026 el sistema les obligará a abonar cuotas por encima de los 500 euros al mes.
Martínez Alpañez ha tildado de "estafa" la ayuda regional de 700 euros por baja laboral anunciada por el Ejecutivo de Fernando López Miras y ha asegurado que, con un presupuesto de dos millones de euros, "no llega ni al 2% de cobertura" del conjunto del colectivo.
Frente a ello, la diputada del PP, Josefa Carreño, ha defendido su enmienda basada en la "cuota cero", incentivos a la contratación y medidas de conciliación, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar a los autónomos como "un cajero automático al que exprimir".
Carreño ha remarcado que en Murcia "al autónomo se le cuida" y ha reclamado extender a todo el país la exención de cuotas desde el primer día de baja por enfermedad.
Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha rechazado las "recetas" de Vox, al que ha acusado de impulsar rebajas fiscales "a los más ricos" bajo el argumento de apoyar a los pequeños negocios.
La socialista Virginia Lopo, por su parte, ha negado el escenario de "extinción" del sector y ha resaltado que España y la Región alcanzan "máximos históricos" de afiliación al RETA, defendiendo el sistema de cotización por ingresos reales como un modelo "justo y progresivo".