Pedro Sánchez ya es, oficialmente, nuevo presidente del Gobierno. A finales de octubre firmó su acuerdo de coalición con Sumar, un documento en el que desplegó buena parte de su agenda programática para la XV Legislatura. Los pactos posteriores con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura (Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) completaron sus compromisos legislativos. No obstante, de todos ellos, Sánchez enumeró tres en su discurso de investidura a los que situó como prioritarios, entre otras cosas, porque se impulsarán en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, que encara su tramo final -concluye el 31 de diciembre-.
Inteligencia Artificial
Este avance tecnológico ha sacudido todas las esferas, desde ámbitos de la economía y la comunicación social hasta la legislación sobre derechos de autor. La Inteligencia Artificial requiere de una urgente regulación y en eso es en lo que está Europa. En este sentido, Pedro Sánchez ubicó en el horizonte más cercano el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial, cuyo sandbox ha sido aprobado recientemente en Consejo de Ministros.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales des los ciudadanos y generar confianza en su desarrollo y utilización. El Reglamento pretende proveer a la UE de un marco normativo que fomente una IA fiable, ética y robusta. En estos momentos está negociándose tanto en el Consejo de la UE como en el Parlamento Europeo y; en este contexto, el Gobierno de España ha puesto en marcha sandbox regulatorio, un banco de pruebas seguro que aspira a estudiar la operatividad y cumplimiento de los requisitos establecidos en la propuesta de Reglamento.
La primera medida
El presidente del Gobierno tardó 48 minutos en exponer su agenda programática ante el Congreso durante su discurso de apertura en el debate de investidura. Dedicó todo ese tiempo a hacer su análisis coyuntural y únicamente mencionó una iniciativa que, además, dijo que sería la primera: el impulso del reconocimiento internacional del Estado de Palestina.
Precisó que se inspiraría en la resolución de las Cortes de 2014. En este sentido, ha exigido un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes que continúan presos por Israel y manifiesto su rechazo a la “matanza de palestinos en Gaza y Cisjordania”.
La resolución de 2014 tuvo su génesis en una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista. Fue aprobada con 319 votos a favor, dos en contra y una abstención. Los tres votos discrepantes procedieron de la bancada popular. El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, celebró el consenso: “Siempre he creído que la política exterior debe ser una política de Estado”, espetó.
Más cerca que nunca
Casi una década después se prevé que la Unión Europea cuente con un nuevo Pacto Migratorio. Fue en 2015 cuando la llegada de un millón de personas que huía de las guerras en Siria, Afganistán y el Cuerno de África puso en cuestión el denominado Reglamento de Dublín, cuyo pilar era que el país de primera llegada de un demandante de asilo era el encargado de tramitar la solicitud. Los 27 abrieron, entonces, un debate propiciado por los países que se veían desbordados por la llegada de refugiados.
A comienzos de la presente legislatura, en 2019, se acordó dividir el Pacto de Migración y Asilo en cinco reglamentos:
- El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM). Es la pieza principal y supone la reforma del Reglamento de Dublín, que hasta ahora ha asignado al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de las ayudas que emanan del Estatuto de Refugiado. En contraprestación, contiene medidas de solidaridad.
- La reforma del Reglamento de Eurodac (sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo).
- El reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores.
- La reforma del Reglamento de procedimientos comunes y garantías.
- El reglamento que regula las situaciones de crisis. Un Estado puede solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada.
Estos cinco habrán de ser aprobados como un todo, y los cuatro primeros ya han sido moldeados por el Parlamento Europeo. Así las cosas, el único que queda por aprobar es el quinto, relativo a la gestión de crisis. Este ha sido una de las prioridades que se fijó el Gobierno de España y Sánchez anticipó durante su investidura que espera concretarlo a la mayor celeridad posible.
El único reglamento que queda por aprobar es el de gestión de crisis, y ya se han acercado posturas sobre sus líneas maestras.
El pasado 4 de octubre el comité de representantes permanentes del Consejo alcanzó un acuerdo sobre las líneas maestras, estableciendo mecanismos de solidaridad en situaciones de llegadas masivas de migrantes a algún país miembro. Este hito será el mimbre de las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. Dos días después el 6 de octubre, la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de la UE que se celebró en Granada incluyó entre los puntos más destacados de su agenda este debate. Se acercaron posturas y manifestaron su confianza de que se pueda cerrar el acuerdo antes del final de legislatura, previsiblemente en torno a abril de 2024.