Mandos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil han reclamado una "estrategia común" entre administraciones y sector privado para hacer frente al avance del narcotráfico en Cataluña, y han insistido en la necesidad de crear juzgados especializados que puedan responder con mayor eficacia a esta amenaza.
Estas propuestas han sido planteadas por el jefe de la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, el intendente Josep Naharro; el comandante jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña, Patrick Montes, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Barcelona, David Sánchez, durante una jornada sobre "Narcotráfico, blanqueo de capitales y empresa" organizada este viernes por Foment del Treball en Barcelona.
Antes de la mesa de debate, la secretaria general del Departamento de Interior de la Generalitat, Joana Ricardo, ha detallado que este año se han abierto 77 investigaciones con 615 detenidos e investigados por pertenencia a organizaciones criminales en Cataluña, además de 4.009 detenciones por delitos contra la salud pública.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha inaugurado el encuentro alertando de que el narcotráfico y el blanqueo de capitales representan una amenaza "intensa" para la economía catalana, con efectos que trascienden el ámbito estrictamente delictivo, y ha defendido combatir estas redes para evitar perjuicios al tejido empresarial y a los trabajadores.
Los representantes de los tres cuerpos han analizado la situación actual del crimen organizado, con especial atención al narcotráfico en Cataluña, que se ha consolidado como un "nodo estratégico" para estas organizaciones por su cercanía a múltiples rutas de entrada y salida de estupefacientes y por la existencia de un potente entramado empresarial.
Cooperación entre cuerpos policiales
Sánchez ha señalado que no basta con detener al 'jardinero' o al vigilante de una plantación, ya que la prioridad es desarticular la organización criminal que la dirige. Para ello, ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación entre cuerpos policiales y el intercambio fluido de información.
"Los traficantes no trafican para que los consumidores consuman. Trafican para ganar dinero", ha afirmado el comisario jefe. El intendente Naharro ha coincidido en este análisis y ha descrito el narcotráfico como una amenaza sistémica que afecta al funcionamiento normal de las instituciones.
Patrick Montes ha añadido que las dinámicas del narcotráfico pueden terminar corrompiendo a trabajadores e incluso a agentes de los propios cuerpos policiales, por lo que ha lanzado un mensaje a los jóvenes para que no antepongan el dinero a los valores fundamentales de la sociedad.
Redes que funcionan como empresas
Naharro ha indicado que estas organizaciones actúan con lógica empresarial y ha puesto como ejemplo el anuncio del Ministerio de Agricultura de reservar el 12% de la producción de aceite de oliva ante un posible desabastecimiento, comparándolo con las prácticas del crimen organizado.
"Estamos viendo que los empresarios del crimen, debido al bajo coste de la cocaína, están comprando el kilo en la Costa del Sol a precio muy bajo y guardan una parte de la reserva para cuando el precio suba", ha explicado el mando de los Mossos, ilustrando cómo gestionan sus reservas de droga como si fueran un stock.
Mirando al medio plazo, Sánchez ha defendido la creación de equipos multidisciplinares que trabajen de forma conjunta contra esta "lacra", mientras que Patrick ha apostado por aprovechar las nuevas tecnologías para controlar mejor el dato y reducir los márgenes de actuación del crimen organizado.
Respuesta penal y retos de seguridad pública
En una segunda mesa se ha analizado qué respuesta penal se debe articular frente al narcotráfico y qué retos de seguridad pública genera en la sociedad.
El fiscal especial antidroga de Barcelona, Gerardo Cavero, ha destacado que el sistema judicial está siendo eficaz, como demuestran el elevado número de narcopisos y plantaciones de marihuana desmantelados y las importantes incautaciones de droga en operaciones policiales y en el Puerto de Barcelona.
"Medio millón de plantas incautadas el año pasado por los Mossos, toneladas de cannabis cada año, hasta el punto de estar al borde de morir de éxito generando un problema de almacenaje", ha ironizado el fiscal, aludiendo al volumen de decomisos.
También ha descrito la evolución de la marihuana en los últimos años y el esfuerzo de los narcotraficantes por modificar el THC, cuyo índice se ha multiplicado por 10: "Los narcos están bien abastecidos de ingeniería agronómica, producen moléculas que no están fiscalizadas e impide por la seguridad jurídica ir ante un tribunal", ha lamentado, alertando del aumento de la nocividad de esta droga.
Impacto en la economía legal
El delegado en Barcelona de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Ricardo Sanz-Gadea, ha señalado que varias sentencias recientes evidencian cómo el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico acaba distorsionando la economía legal.
Ha citado un caso en el que los beneficios ilícitos permitieron a los implicados adquirir un gimnasio en el Eixample de Barcelona y montar una empresa de cosméticos con franquicias en distintas zonas de España, mostrando la diversidad de negocios que pueden financiarse con dinero procedente de la droga.
"El blanqueo en general supone una afectación importantísima en la economía de mercado. Nadie sabe cuál es la cifra negra", ha señalado en referencia al volumen de recursos generados por actividades vinculadas al narcotráfico.
Consecuencias del consumo de marihuana
El exsubdirector general de drogodependencias de la Generalitat, Joan Colom, ha indicado que el consumo habitual de marihuana entre adolescentes se sitúa en el 16%.
Colom ha incidido en las graves consecuencias que puede acarrear esta sustancia, a menudo percibida como inocua, pero que genera adicción y puede poner en riesgo la salud pública.