El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha reiterado este lunes sus reproches al borrador de dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria que analiza el accidente en la mina de Cerredo, Covadonga Tomé, al ser preguntado por los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno.
En ese documento se señalan responsabilidades personales por lo sucedido a exconsejeros del Principado que tuvieron bajo su competencia el servicio de Minas, entre ellos los actuales presidentes de la empresa pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.
Peláez rechaza que, con la información disponible hasta ahora, se pueda atribuirles culpa alguna. Para la parte socialista del Ejecutivo autonómico (el PSOE gobierna en coalición con Convocatoria-IU), el texto impulsado por Covadonga Tomé es “político” y “de parte”, incluye “juicios de valor” y carece de “fundamento jurídico”.
“A medida que se vayan esclareciendo y conociendo hechos y se pongan de manifiesto responsabilidades, nosotros tomaremos las decisiones pertinentes y las depuraremos”, ha señalado Peláez, que sostiene que con lo que se conoce en este momento no es posible deducir responsabilidades por el siniestro en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.
El consejero ha recordado que “creo que ya hemos reconocido a la luz del informe de la Inspección General de Servicios que el servicio e Minas no funcionaba como debía; pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal del servicio causó cinco muertes hay un paso muy grande”, en referencia al alcance de las conclusiones que plantea el borrador de dictamen.
Debate sobre las ayudas a las víctimas
El texto redactado por Tomé reclama al Gobierno asturiano la creación urgente de un fondo económico de anticipos destinado a las víctimas fallecidas y a los heridos graves en la mina de Cerredo, tanto por el accidente del 25 de agosto de 2022 como por el ocurrido el 31 de marzo de 2025, así como a sus familias.
En relación con esta petición, Guillermo Peláez había manifestado inicialmente que no veía viable, a día de hoy, adelantar esas indemnizaciones, alegando la inexistencia de cobertura jurídica suficiente para hacerlo por esa vía concreta.
Sin embargo, en la tarde del viernes el Gobierno de Asturias comunicó que impulsará una nueva línea de ayudas para personas afectadas por accidentes laborales, a la que podrán acceder también los allegados de las víctimas de la tragedia de Cerredo.
Cuestionado de nuevo en la rueda de prensa sobre si esta decisión supone un giro en la postura del Ejecutivo, Peláez ha respondido que “en ningún momento la parte mayoritaria del gobierno negó la idea de ayudas directas a familiares de víctimas de accidentes laborales”.
Las nuevas ayudas que diseña el Principado serán “absolutamente compatibles” con las indemnizaciones que se puedan fijar en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como con los seguros de vida que tuvieran contratados los trabajadores fallecidos o heridos.
Peláez confía en que la línea de ayudas pueda estar operativa “cuanto antes”, aunque ha precisado que todavía es necesario concretar qué colectivos podrán acogerse, el periodo temporal que cubrirán las subvenciones y las modificaciones presupuestarias que será preciso acometer para financiarlas.