Vox ha intensificado la presión sobre los ejecutivos autonómicos del PP mediante la presentación de distintas iniciativas en los parlamentos regionales, con las que pretende consolidar el concepto de “prioridad nacional” para que los españoles tengan preferencia en el acceso a servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la línea de lo pactado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura.
En el acuerdo para la investidura de la “popular” María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se incluyó, en el documento rubricado por PP y Vox, que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas “se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Esa misma redacción se incorporó al pacto entre ambas formaciones para la investidura de Jorge Azcón en Aragón.
Esta semana, el Pleno del Congreso ha tumbado, con el voto en contra del PP, la proposición de Vox que reclamaba aplicar el criterio de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas y derogar la regularización extraordinaria de migrantes. Los ‘populares’ reprocharon a los de Abascal que rechazaran su enmienda, que reproducía literalmente lo firmado en Extremadura y Aragón sobre la prioridad nacional.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que el principio de “prioridad nacional” acordado con Vox se fundamenta en el “arraigo” y sólo puede aplicarse dentro del marco legal. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, sostiene que este criterio es imprescindible porque, a su juicio, los españoles sufren “discriminación” frente a los inmigrantes a la hora de optar a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. “Eso es lo ilegal”, ha replicado ante las reservas expresadas por el andaluz Juanma Moreno o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Abascal ha asegurado este jueves que está “muy tranquilo” ante la posibilidad de que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) cualquier norma que desarrolle “la prioridad nacional”: “Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance”, ha afirmado.
Debate sobre arraigo y legalidad en las comunidades del PP
Uno de los primeros dirigentes autonómicos en pronunciarse sobre la defensa de la “prioridad nacional” ha sido el ‘popular’ Juanfran Pérez Llorca, en la Comunidad Valenciana. El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha defendido la proposición no de ley (PNL) registrada por su grupo para instar al Consell a reclamar al Gobierno medidas ante la “inseguridad” en las calles y el “gran colapso” en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha dicho, por la inmigración “irregular masiva”.
Pérez Llorca ha calificado este debate de “estéril” porque, según ha señalado, “siempre” se ha priorizado al vecino empadronado y eso no implica “ser racista”. A su vez, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha explicado que su grupo está estudiando la propuesta de Vox “para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios”, recordando que “el tema del arraigo siempre ha estado ahí”.
En la Asamblea de Murcia, Vox también ha impulsado una iniciativa para instar al Gobierno de Fernando López Miras a defender la “prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles”. El presidente murciano ha replicado que su Ejecutivo antepondrá la prioridad “legal y constitucional” frente a la moción de Vox, que se plantea como condición para sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible.
En el Parlamento de Baleares, Vox ha registrado otra PNL para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que “garantice la prioridad nacional”. “Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, ha manifestado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que defiende que los españoles tengan preferencia “en el acceso a los servicios públicos”.
La iniciativa ha recibido respuesta del portavoz del Govern balear, Antoni Costa, quien ha recalcado que el Ejecutivo de Marga Prohens no “contribuirá” a alimentar el debate. Ha recordado que “el concepto que maneja Baleares es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación”, criterio ya pactado con Vox. Sobre la PNL registrada, ha avanzado que, si va “en los términos” que comparte el Govern, la respaldarán.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que debe renegociar con Vox, ha evitado pronunciarse de forma explícita sobre la “prioridad nacional” y se ha limitado a emplazar a hablar del pacto “cuando se concrete”. En Cantabria, Vox llevó al Pleno una PNL contra la regularización de migrantes que incluía este principio, pero fue rechazada.
Moreno, Ayuso y otros choques dentro del bloque de la derecha
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha considerado “razonable” una prioridad nacional ligada al “arraigo al territorio”, pero ha acusado a Vox de “levantar polvareda” y de buscar una “confrontación” que impulse su “proyección electoral”. Abascal, en un acto de precampaña del 17M en Ayamonte (Huelva), le ha advertido de que pondrán la ‘prioridad nacional’ como condición para llegar a un pacto con el PP andaluz.
En la Comunidad de Madrid, el concepto también ha generado fricciones. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso sus reservas respecto a la ‘prioridad nacional’ ya acordada en Aragón y Extremadura, y ha avisado de que la exigirán tras las elecciones de 2027. Ayuso ha defendido que su Gobierno actúa con “racionalidad” en la concesión de ayudas, asegurando que “nadie deja atrás a ningún español” y que tampoco negará la cobertura sanitaria “absolutamente a nadie”.
En La Rioja, el portavoz de Vox en el Parlamento, Ángel Alda, ha presentado una PNL para implantar la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario. Desde el PP, el diputado Víctor Visairas ha respondido que el Ejecutivo de Gonzalo Capellán no va a levantar “barreras” en la atención sanitaria.
En Ceuta y Melilla, ambas gobernadas por el PP, Vox ha reivindicado su “histórica defensa” de la ‘prioridad nacional’ “desde los planes de empleo a ayudas sociales”.
Extensión del pulso a comunidades del PSOE
Vox también ha trasladado el debate sobre la ‘prioridad nacional’ a comunidades gobernadas por el PSOE. En Navarra, el portavoz de la formación en el Parlamento, Emilio Jiménez, ha registrado una moción para que se prioricen las prestaciones sociales a los españoles.
En Castilla-La Mancha, Vox ha reclamado tanto al presidente socialista, Emiliano García-Page, como al líder ‘popular’ manchego, Paco Núñez, que asuman este principio. García-Page ha denunciado que los de Abascal pretenden “que en España se odie al diferente”, algo que, ha advertido, hoy se dirige contra los inmigrantes “y mañana hará con los de una tierra o de la contraria”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto PP-Vox en Extremadura y Aragón sobre la ‘prioridad nacional’ y ha alertado de que puede dar lugar a ciudadanos de primera y de segunda. En la misma línea, el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha preguntado: “¿Cómo nos sentiríamos si hubieran aplicado prioridad nacional a nuestra emigración?”.
Rechazo en País Vasco y Canarias
El Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de Vox que defendía el criterio de ‘prioridad nacional’ para el acceso a los servicios públicos. La propuesta obtuvo 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y sólo contó con el apoyo de la única parlamentaria de Vox. El PP optó por la abstención.
En Canarias, Vox ha registrado igualmente una proposición no de ley en el Parlamento autonómico, pese a que el presidente canario, Fernando Clavijo, ya se ha desmarcado del concepto de ‘prioridad nacional’.