Asaja-Huelva ha reclamado al Gobierno de España que incorpore las comarcas dañadas por los incendios forestales del Andévalo onubense en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil que se prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros.
Tal y como ha señalado Asaja-Huelva en un comunicado, la organización agraria formula esta demanda después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este domingo, durante su visita a las áreas arrasadas por el incendio de Ávila, que el Consejo de Ministros aprobará el martes dicha declaración para los territorios castigados por los graves fuegos registrados en los últimos días.
Asaja-Huelva entiende que existen razones “objetivas y suficientemente acreditadas” para que el Andévalo se incluya en ese acuerdo. Los incendios declarados en la provincia de Huelva arrasaron en torno a 6.300 hectáreas en los términos municipales de Alosno, Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, de las que unas 4.000 hectáreas eran dehesas en plena producción.
A esta “enorme afección territorial” se suma una primera estimación de daños que Asaja-Huelva situó en más de 35 millones de euros. Esta cantidad recoge sobre todo la pérdida de biodiversidad, arbolado e infraestructuras de las explotaciones, pero aún no contempla el parón en la productividad de los próximos años en las distintas actividades económicas ni el coste total de las labores de restauración que habrá que acometer. Por ello, “el impacto económico real será sensiblemente superior”.
Los incendios han golpeado de lleno explotaciones ganaderas, agrícolas, forestales, cinegéticas, apícolas y turísticas, arrasando dehesas, pastizales, cerramientos, conducciones de agua, instalaciones y masa forestal. Los perjuicios ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones y repercuten de forma directa en la economía, el empleo, el patrimonio natural y la fijación de población en una zona especialmente frágil.
En esta línea, Asaja-Huelva sostiene que sería “difícilmente justificable” que el Ejecutivo reconociera “la gravedad” de los incendios sufridos recientemente en otras provincias españolas y “dejara fuera al Andévalo, pese a la amplitud de la superficie arrasada, la relevancia de las pérdidas y la documentación ya presentada ante las distintas administraciones”.
La organización recuerda que viene pidiendo la declaración de zona catastrófica desde los primeros días posteriores a los fuegos y que ha elaborado un informe técnico y económico detallado a partir de los datos aportados por los propietarios afectados. Esa documentación se remitió a la Junta de Andalucía y también se trasladó a la Subdelegación del Gobierno para agilizar la tramitación de la declaración y el diseño de las ayudas necesarias.
En la reciente reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno y los alcaldes de los cuatro municipios afectados, la Subdelegación se comprometió a elevar toda la información al Gobierno de España, analizar las líneas de ayuda existentes y exponer la situación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Asaja-Huelva interpreta que el anuncio del presidente del Gobierno supone “una oportunidad inmediata” para “cumplir ese compromiso y evitar nuevas demoras”. Por ello, exige que el acuerdo que adopte el Consejo de Ministros incluya de forma expresa los términos municipales del Andévalo onubense afectados y permita activar ayudas directas, ventajas fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, financiación para la restauración y recursos destinados a reparar las infraestructuras destruidas.
“AYUDAS PARA UNA RESTAURACIÓN INASUMIBLE”
La organización agraria subraya además que la declaración debe ir acompañada de medidas ajustadas a la realidad de las explotaciones dañadas. La normativa forestal obliga a los propietarios a restaurar las superficies incendiadas, pese a que son víctimas del fuego y, en la mayoría de los casos, no disponen de seguros que cubran este tipo de siniestros.
Asaja-Huelva rechaza que agricultores, ganaderos y propietarios se vean forzados a afrontar en solitario una restauración que “supera ampliamente su capacidad económica después de haber perdido infraestructuras, recursos naturales, producción y años de trabajo”.
“Los datos están acreditados, los daños han sido evaluados y la documentación está en manos de las administraciones. El Gobierno no tiene ninguna razón para excluir al Andévalo. El próximo Consejo de Ministros debe reconocer la dimensión de esta catástrofe y aprobar las medidas que los afectados llevan semanas esperando”, concluye Asaja-Huelva.