Castilla y León ha comunicado este jueves que, junto con otras trece comunidades autónomas, emprenderá acciones judiciales contra el Gobierno después de que en julio de 2025 expirase el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de diversas especies de interés comunitario, entre ellas el lobo ibérico.
La Conferencia Sectorial, clave para aprobar el informe
Para poder sacar adelante ese informe resulta imprescindible la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debe ser convocada cuando al menos un tercio de las comunidades lo solicite. Esa condición se ha cumplido en varias ocasiones, concretamente los días 21 y 24 de julio de 2025 y el pasado 5 de mayo, sin que el Ministerio haya dado respuesta alguna.
Ante la falta de convocatoria, las comunidades autónomas anuncian nuevas demandas contra el Ministerio por vulnerar tanto la legislación española como la europea, ya que el Ejecutivo, al igual que el resto de estados miembros, está obligado a informar cada seis años a la Comisión Europea sobre la situación de las especies protegidas. Ese plazo concluyó el 25 de julio del año pasado.
Un proceso paralizado desde julio de 2025
El proceso para aprobar el informe se puso en marcha el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobó una propuesta para su elevación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esa reunión se fijó para el 22 de julio de 2025, pero fue suspendida por el Ministerio el día anterior, “sin justificación”, según ha indicado la Junta.
Posteriormente, los días 21 y 24 de julio de 2025, las comunidades de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla reclamaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial.
El Ministerio rechazó las peticiones
El Ministerio desestimó esas solicitudes, lo que llevó incluso a que alguna comunidad pusiera en marcha procedimientos judiciales que siguen todavía pendientes de resolución.
Más tarde se incorporó Canarias a este frente común y todas ellas reiteraron el pasado 5 de mayo la petición de convocatoria urgente de la reunión. La ausencia de respuesta por parte del Ministerio ha impulsado ahora a todas estas administraciones a iniciar nuevas acciones judiciales para exigir que España cumpla sus obligaciones legales en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
El Gobierno alegó los incendios y el estado del lobo
En ocasiones anteriores, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido distintos argumentos para explicar su negativa, entre ellos que los incendios registrados en 2025 podrían incidir en el contenido del informe, a pesar de que el documento se limita a evaluar el periodo 2019-2024.
El último motivo esgrimido por el Ministerio, según una nota de prensa difundida este miércoles, es que la Unión Europea exigiría la presencia de 500 manadas de lobo en España para considerar que la especie se halla en un estado de conservación favorable, mientras que en la actualidad habría 333.
Las comunidades autónomas rechazan este planteamiento y sostienen que la Comisión Europea nunca ha fijado oficialmente ese umbral.