Las principales organizaciones del sector agrario español, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Fepex, han advertido de que las crecientes limitaciones del sistema comunitario de autorización de productos fitosanitarios y sustancias activas, fundamentales para la protección de los cultivos, están poniendo en peligro la producción nacional, según han señalado en un comunicado.
En particular, alertan de que esta situación está “mermando drásticamente” la productividad y generando una “clara desventaja competitiva” para los agricultores de la UE y, en especial, para los españoles, debido a su ubicación geográfica, al reducir su capacidad para combatir plagas y enfermedades.
El sector agrario español incide en que, en un escenario cada vez más complejo, marcado por el cambio climático, el aumento de la presión de plagas y la aparición de resistencias, la continua reducción de herramientas disponibles para su control, unida a la falta de alternativas eficaces desde el punto de vista agronómico y viables en términos económicos, deja a los agricultores sin defensa y pone en entredicho la continuidad de numerosas explotaciones.
Las organizaciones destacan además un factor que empeora este contexto: la defensa y el mantenimiento de las materias activas, que, además de someterse a un marco regulatorio muy exigente, dependen en exceso del interés comercial de las empresas titulares, que no siempre coincide con las necesidades reales de producción.
Como resultado, a las cancelaciones decididas por la Administración se añade la retirada de materias activas que dejan de ser rentables para la industria, pese a seguir siendo imprescindibles para el campo ante la ausencia de alternativas eficaces.
Recuerdan también que a este problema se suma la entrada de productos de terceros países, elaborados bajo condiciones fitosanitarias mucho menos estrictas, lo que provoca una “clara distorsión” de la competencia, perjudica directamente a los productores españoles y europeos y genera confusión entre los consumidores.
En este marco, el sector agrario avisa de que la evolución actual del sistema resulta “difícilmente sostenible” a corto y medio plazo si no se introducen ajustes que permitan armonizar los objetivos regulatorios con la realidad productiva.
Por ello, consideran “imprescindible” avanzar hacia un enfoque más coherente que, garantizando la seguridad alimentaria, salvaguarde igualmente la viabilidad productiva dentro de la UE.