El Tribunal de Cuentas Europeo ha avisado este lunes de que la Unión Europea se encuentra aún lejos de cumplir el objetivo de preservar el 30% de sus aguas marinas para 2030. En la actualidad, en torno al 14% de la superficie marina comunitaria figura como zona protegida, pero una parte importante de estos espacios carece de medidas efectivas de conservación, por lo que el organismo ve “improbable” alcanzar los compromisos medioambientales fijados para finales de esta década.
Estas conclusiones se recogen en un informe difundido por los auditores europeos, que señalan que menos del 1% de las aguas de la UE disfruta de una protección estricta, muy por debajo del 10% previsto para 2030. El documento subraya además que la mera declaración de un área como protegida no implica automáticamente restricciones sobre actividades potencialmente dañinas, como la pesca, que solo se limita en una fracción reducida de estas zonas.
“La UE ha hecho algunos avances en la designación de zonas marinas protegidas, pero nuestra auditoría muestra que el verdadero reto es convertir la designación en protección real”, ha indicado la miembro del Tribunal responsable del informe, Iliana Ivanova, quien insta a acelerar la adopción de medidas para obtener resultados tangibles en la conservación de los ecosistemas marinos.
Los auditores recuerdan que la legislación comunitaria contempla procedimientos para localizar y declarar estos espacios, pero apuntan que no se han fijado criterios homogéneos que definan qué actividades pueden autorizarse en ellos ni qué limitaciones deben imponerse para evitar daños al medio marino.
La ausencia de reglas armonizadas provoca que el grado de protección difiera entre Estados miembro e incluso entre enclaves integrados en la red “Natura 2000”. Al mismo tiempo, la Comisión Europea carece de un sistema unificado que permita verificar si las medidas aplicadas están logrando los objetivos de conservación.
Uno de los problemas más relevantes señalados en el informe está relacionado con la pesca. Las actividades extractivas y aquellas que deterioran los fondos marinos constituyen, según el Tribunal, una de las principales amenazas para la biodiversidad. Sin embargo, la adopción de restricciones puede alargarse durante años cuando afectan a flotas de varios países, lo que retrasa la protección efectiva.
Los auditores admiten que estas decisiones exigen negociaciones complejas entre los Estados implicados, pero insisten en que es imprescindible reforzar la cooperación para que la declaración de zonas protegidas se traduzca en medidas “concretas y de obligado cumplimiento”.
Deficiencias en el Mediterráneo y el Atlántico
El informe también pone en cuestión cómo se distribuyen los espacios protegidos, al comprobar que no conforman una red suficientemente conectada que facilite el movimiento de las especies y la recuperación de los ecosistemas, en especial en aguas profundas y alejadas de la costa.
En particular, el Tribunal observa que numerosos enclaves protegidos del Mediterráneo y el Atlántico actúan como “islas ecológicas”. En el mar Mediterráneo, además, la mayoría de estas áreas están separadas por más de 100 kilómetros de aguas con una intensa presión humana, lo que complica el intercambio de especies y la preservación de la biodiversidad.
A estas carencias se suman obstáculos de financiación y de personal, que dificultan la aplicación efectiva de los planes de conservación, así como la ausencia de un seguimiento sistemático que permita valorar si las medidas adoptadas están mejorando realmente el estado de los ecosistemas marinos.
De acuerdo con los auditores, los fondos europeos destinados a estas zonas se reparten entre diversos programas y presupuestos nacionales, lo que impide saber con precisión cuánto dinero se dedica a su protección y dificulta asegurar recursos estables para su gestión a largo plazo.
El Tribunal advierte igualmente de que las decisiones de conservación no siempre consideran de forma adecuada sus repercusiones económicas y sociales, en especial sobre las comunidades costeras y el sector pesquero. Por ello, reclama una implicación mayor de los actores afectados y la puesta en marcha de medidas que mitiguen los posibles impactos negativos sobre su actividad.
Ante este diagnóstico, los auditores recomiendan a la Comisión Europea colaborar estrechamente con los Estados miembro para mejorar la coordinación de las áreas protegidas, acelerar la aprobación de las restricciones necesarias y crear mecanismos comunes que permitan evaluar su eficacia, con el objetivo de aplicar estas mejoras antes de finales de 2029.