La defensa de la libertad, la independencia y la seguridad de la profesión de la abogacía constituye una exigencia inherente al Estado de derecho. Solo en los países en los que los profesionales de la abogacía pueden ejercer su función con independencia, sin presiones ni amenazas, los derechos y libertades de todos los ciudadanos encuentran una garantía efectiva.
Allí donde se desacredita, intimida o señala a quienes ejercen la defensa jurídica, un derecho reconocido en la Constitución Española y un derecho que tienen todos los ciudadanos, se debilita el sistema de justicia y se erosiona la confianza en las instituciones.
Desde hace tiempo, pero especialmente en los últimos meses, asistimos con creciente preocupación a descalificaciones públicas de profesionales de la abogacía mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso declaraciones procedentes de responsables públicos, por el mero hecho de ejercer la defensa de sus clientes.
Asistimos con creciente preocupación a descalificaciones públicas por el mero hecho de ejercer la defensa de sus clientes
Resulta especialmente preocupante que esta situación se produzca precisamente cuando España acaba de firmar el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, un instrumento internacional que reconoce la necesidad de reforzar las garantías para el ejercicio libre e independiente de la abogacía.
Por eso es importante recordar de nuevo una obviedad: la función del abogado no consiste en compartir las ideas, la conducta o los intereses de quien defiende. Su función consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho fundamental a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la ética profesional y a las reglas del proceso. Confundir deliberadamente al abogado con su cliente supone desconocer uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático.
La función del abogado no consiste en compartir las ideas, la conducta o los intereses de quien defiende
Este principio se encuentra sólidamente asentado en el Derecho internacional y europeo. El Principio 18 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establece expresamente que «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones». Asimismo, el Principio 16 exige que los Estados garanticen que los abogados puedan ejercer todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o injerencias indebidas, mientras que el Principio 17 impone a las autoridades el deber de protegerlos cuando su seguridad se vea amenazada por razón del ejercicio de su profesión.
Este señalamiento no ocurre solo en España. El Consejo de la abogacía Europea ha alertado recientemente sobre el incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra abogados en distintos países europeos, recordando que quienes ejercen la defensa son actores esenciales del sistema de justicia y nunca deben ser equiparados con las personas a quienes representan.
Esta realidad afecta a todos los profesionales de la abogacía, pero especialmente a los del turno de oficio y a los que ejercen la defensa en procedimientos de gran repercusión pública. Los primeros cumplen un mandato constitucional al garantizar el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos económicos, mientras que los segundos hacen posible que incluso en los asuntos más complejos o mediáticos, el derecho de defensa no quede vacío de contenido. En ambos casos los profesionales de la abogacía desempeñan una función constitucional imprescindible y merecen el mismo respeto institucional.
La historia demuestra que cuando se normaliza el señalamiento de los abogados, el siguiente paso suele ser el debilitamiento de las garantías procesales y de los derechos fundamentales. En numerosos países los profesionales de la abogacía sufren amenazas, persecuciones e incluso ponen en riesgo su integridad física simplemente por cumplir con su deber. Ninguna democracia consolidada puede permitirse recorrer ese camino.
Por ello, manifestamos nuestro firme compromiso con la defensa de la independencia de la abogacía, reclamamos el máximo respeto institucional hacia quienes ejercen esta profesión y hacemos un llamamiento a todos los responsables públicos, medios de comunicación y a la ciudadanía de nuestro país, para evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o con la causa que defiende.
Sin una abogacía libre, independiente y respetada, los ciudadanos quedan desprotegidos frente al poder y la justicia pierde una de sus garantías esenciales. Por eso, proteger a la abogacía no significa proteger a un colectivo profesional, sino que significa proteger el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el funcionamiento mismo del Estado de derecho, es decir, significa proteger a la sociedad.