España sigue siendo una democracia plena, pero eso no debería servirnos de consuelo cuando fallamos en cuestiones básicas de integridad pública. Según el Democracy Index 2025 de la Economist Intelligence Unit, España obtiene una puntuación de 8,20 y se sitúa en el puesto 22 mundial entre las democracias plenas. Es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, conviene poner el dato en perspectiva. España no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis institucional y económica: en 2006 alcanzaba los 8,34 puntos, y en los años posteriores experimentó un deterioro vinculado a la desconfianza ciudadana, los casos de corrupción y las tensiones políticas.
En este contexto, no sorprende que Irlanda alcance los 9,19 puntos y figure entre las democracias mejor valoradas del mundo. Su mejor resultado se asienta también en un entramado institucional más robusto, entre otros ámbitos destaca por su regulación del lobby, donde ha desarrollado instrumentos de transparencia y control más avanzados.
Y ese es precisamente uno de los déficits democráticos de España: la falta de una regulación eficaz de las actividades de influencia o lobby. Frente a países de nuestro entorno como Irlanda, Francia o Alemania, o más recientemente Portugal que sí cuentan con marcos más desarrollados para regular la actividad de los grupos de interés, España sigue arrastrando una anomalía difícil de justificar: no dispone todavía de una regulación completa del lobby y, al mismo tiempo, incumple de forma reiterada obligaciones de transparencia ya vigentes para diputados y senadores.
No hablamos, por tanto, de una actividad inexistente o marginal. El lobby existe, es legítimo en democracia y forma parte natural de la interlocución entre responsables públicos y sociedad civil. Además, es una actividad profesional plenamente reconocida. Basta observar que miles de profesionales se identifican abiertamente en plataformas como LinkedIn como especialistas en asuntos públicos, relaciones institucionales, lobby o incidencia. En España, esta comunidad estamos representados, entre otros, por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrúpanos a cerca de 300 profesionales y 40 organizaciones. Ignorar esta realidad no la hace desaparecer; al contrario, la deja sin reglas claras.
España sigue arrastrando una anomalía difícil de justificar: no dispone todavía de una regulación completa del lobby
La señal de alarma más reciente vuelve a venir de las propias Cortes Generales. El informe anual de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre el cumplimiento del Código de Conducta en 2025 señala que, más allá de las reuniones orgánicas obligatorias de Pleno, Comisiones o Ponencias, solo 75 diputados (21,4% de un total de 350) y 55 senadores (20,7% de 266) publicaron otro tipo de actividades o reuniones. Es decir, apenas del 20% de las señorías de cada Cámara está reflejando actividad adicional en sus agendas. Y lo más relevante no es solo la cifra, sino el contenido: el propio informe advierte de que esas anotaciones se realizan de forma ocasional, suelen referirse a asistencia a actos y rara vez incluyen reuniones con grupos de interés.
No es un problema nuevo ni desconocido. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha recordado en varias ocasiones a la Camara el incumplimiento de la obligación de publicar agendas institucionales, señalando además la ausencia de un mecanismo sancionador efectivo y el insuficiente desarrollo normativo. Cuando una obligación existe sobre el papel, pero no va acompañada de supervisión ni de consecuencias por su incumplimiento, deja de ser una herramienta real de rendición de cuentas y se convierte en una formalidad vacía, coincidiendo con las advertencias del GRECO —el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa— en sus reiterados informes de seguimiento sobre España, donde insisten en la necesidad de establecer reglas más precisas sobre la relación entre parlamentarios y grupos de interés, así como en garantizar la publicación efectiva de las agendas.
La preocupación no se limita al Parlamento, donde el Código de Conducta ha demostrado una eficacia muy limitada y la propuesta para reformar el reglamento y regular la actividad de los grupos de interés sigue paralizada. En el ámbito del poder ejecutivo, la situación no es mejor: persisten importantes carencias en la transparencia sobre la influencia. En este sentido, el GRECO ha insistido en la necesidad de regular los contactos con grupos de interés, reforzar la transparencia de estas interacciones y garantizar la trazabilidad de la influencia.
Para diputados, senadores y miembros del Gobierno, disponer de reglas claras no es un obstáculo, sino una garantía
Por eso el debate no debería quedarse en si España “aprueba” o no en los índices internacionales. La verdadera pregunta es otra: ¿puede una democracia darse por satisfecha? ¿Estamos mejorando los mecanismos de transparencia? La calidad democrática no solo se mide por celebrar elecciones libres o por contar con libertades consolidadas, también se mide por la robustez de sus mecanismos de integridad, por la transparencia de la toma de decisiones y por la igualdad de acceso a la interlocución público-privada.
Regular el lobby —con agendas públicas, registros de grupos de interés, reglas claras y sanciones efectivas— no significa estigmatizarlo. Significa, precisamente, lo contrario: reconocerlo como una actividad legítima en democracia, ordenarlo y someterlo a un marco transparente y común para todos. Significa ofrecer seguridad jurídica a quienes ejercen profesionalmente la representación de intereses, pero también a quienes los escuchan. Para diputados, senadores y miembros del Gobierno, disponer de reglas claras no es un obstáculo, sino una garantía: les permite escuchar mejor, decidir con más información, conocer la pluralidad de intereses en juego y hacerlo, además, con transparencia y respaldo institucional. Y eso también les protege, porque reduce la opacidad, evita sospechas y refuerza la legitimidad de su función representativa. De eso se trata: de que la influencia sea trazable y de que las reglas del juego sean iguales para todos y que España no solo apruebe en democracia, sino que deje de suspender en transparencia institucional, y concretamente en transparencia del lobby.
sobre la firma:
Irene Matías es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)