La vivienda está en el centro del debate público desde hace varios años, pero más si cabe considerando los recientes sucesos encadenados: el terrible desahucio Mari Carmen en Madrid, las protestas simultáneas en buena parte de las ciudades españolas -con especial mención a la acampada en la Puerta del Sol de Madrid- y a consecuencia de todo ello la reciente convocatoria de elecciones generales. Muchos conceptos se mezclan en un debate que no es ni pequeño ni sencillo, más bien todo lo contrario; pero sobrevuela uno quizá con más intensidad que los demás: la irrupción de los grandes fondos de inversión -especialmente en ciudades medias o grandes- y la compra masiva de propiedades para obtener rentas de éstas en un mercado al alza y muy tensionado.
Llevamos muchos años hablando de la famosa solución del problema de la vivienda, y el hecho de que nadie haya dado con ello es buena muestra de que el problema es demasiado multifactorial y amplio como para reducirlo a una simple propuesta. Más oferta, más seguridad a los inquilinos, penalizar fiscalmente las viviendas vacías, actuar contra las viviendas de uso turístico o prohibir la compra de viviendas a grandes fondos, entre otros, son soluciones parciales habituales en el debate público de la totalidad del espectro político.
Llevamos muchos años hablando de la famosa solución del problema de la vivienda, y el hecho de que nadie haya dado con ello es buena muestra de que el problema es demasiado multifactorial y amplio
Pero me quiero centrar un poco más en esa última, la de prohibir los grandes fondos de inversión, no solo porque ha sido sin duda el detonante del desahucio que ha hecho estallar todo, sino por un reciente viaje que hice en septiembre a la ciudad de Viena -un ejemplo tan paradigmático en el mundo sobre buen hacer en políticas de vivienda como casi imposible de reproducir a corto o medio plazo- para conocer en primera persona algunas de estas políticas. En una charla con la corporación municipal socialdemócrata (en el gobierno casi ininterrumpidamente desde hace un siglo), les pregunté específicamente por este tema, queriendo conocer cómo abordaban el problema de los grandes inversores o si habían establecido algún tipo de prohibición. La respuesta fue: “No, aquí no están prohibidos. Sencillamente no tienen ningún interés en Viena, porque hemos creado las condiciones para ello".
Y creo que esa es sin duda la solución; no al problema de la vivienda que, como he dicho, es multivariable, pero sí al problema parcial del embiste de grandes capitales en el mercado de la vivienda contra los que los ciudadanos no pueden competir ni frenar: que es el generar un marco normativo desfavorable a los intereses económicos de estos capitales desde varias perfectivas, como fiscales o urbanísticas. En otras palabras, el hacer algo tan sencillo como el que invertir en vivienda para hacer negocio de ella extrayendo rentas no sea rentable. Porque más allá del artículo 47 de la Constitución Española, que conocemos bien -aunque aplicamos regular- se trata de un negocio que no genera ninguna riqueza, empleo o valor añadido. Y afortunadamente la normativa está de nuestra mano para decidir qué nos interesa o no para nuestras ciudades.
Un ejemplo práctico para aterrizar esto es algo tan básico como la normativa urbanística. En el caso de Madrid en lo referente a la concesión de licencias para pisos turísticos, antes del año 2025 con la normativa vigente anterior que era de la etapa de Manuela Carmena, en el centro histórico de Madrid estaba totalmente prohibida la transformación de buena parte de los edificios en viviendas de uso turístico. Y no habiendo posibilidad de convertir ese edificio a otro uso que ahora mismo es mucho más rentable -hospedaje- el uso residencial era automáticamente el más rentable y el único posible.
El año pasado, la corporación de Martínez-Almeida introdujo una nueva normativa, el Plan Reside, que cambiaba radicalmente todo esto: hasta el 78% de la totalidad de los edificios del centro histórico ahora sí pueden convertirse enteramente en hospedaje. En miles de ellos donde antes no se podía. El resultado es que, al abrir la puerta a este nuevo uso mucho más rentable todos estos edificios ahora son un caramelo, por así decirlo, para esas inversiones. Compran bloques de inquilinos con un solo casero (que en Madrid son muchos), les finaliza sus contratos (en el mejor de los casos, alguna vez incluso mediante amenazas), hacen obras y abren un hotel o unos pisos turísticos. Y negocio hecho. El goteo de estos casos es casi semanal.
Pero no es un negocio caído del cielo, ni mucho menos. Es un negocio generado gracias a una decisión política. Y de la misma forma que puede generarlo, puede también evitarlo. Y ahí es donde cobra sentido la respuesta que me dio el concejal del Ayuntamiento de Viena. Es cierto que suena tentativo y contundente reclamar directamente una prohibición de estos actores, pero ¿de verdad es la mejor vía? ¿no es mejor sencillamente ser una ciudad totalmente indeseable para ellos? Y aquí, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tenemos plenas competencias para hacerlo. Puede que una prohibición total de grandes inversores tenga un camino judicial complejo -y más en un mercado común europeo donde en ciertos asuntos tenemos las manos atadas- pero nada cuestiona ni puede cuestionar el ius variandi del planificador de la ciudad, su plena potestad para tomar decisiones discrecionales (que no arbitrarias, han de ser justificadas).
Es cierto que suena tentativo y contundente reclamar directamente una prohibición de estos actores, pero ¿de verdad es la mejor vía? ¿no es mejor sencillamente ser una ciudad totalmente indeseable para ellos?
Un ayuntamiento puede, si quiere, estrechar hasta la asfixia a quienes considere enemigos del interés general, de modo que se vayan. Y puede, de la misma forma, enriquecer hasta el infinito a quienes considere sus amigos. En el caso del Plan Reside está claro quiénes ganan y quiénes pierden. En Viena esos amigos son la empresa pública de vivienda y todo el entramado de cooperativas privadas pero controladas por el ayuntamiento para construir vivienda asequible. Y da como resultado que allí no hay un problema de vivienda. Tendrán otros muchos, pero ese no es uno de ellos.
Y no solamente a través de la normativa urbanística podemos hacerlo, sino que hay muchas otras formas de cortar los intereses económicos inmobiliarios que no deseamos en nuestras ciudades: tasas, fiscalidad y otro tipo de requisitos que no hagan otra cosa que estrechar de una forma legal, legítima y -si me lo permitís- elegante, el cerco de quienes encuentran en la necesidad de toda una población una oportunidad de negocio. El poder blando del que se habla a veces.
No podemos competir contra ellos, pero podemos controlar y dirigir las reglas del juego. Y eso es una victoria asegurada.