El desahucio de Maricarmen Abascal se ejecutó el miércoles 23 de septiembre. Nueve días después, el viernes 2 de octubre, los 350 diputados del Congreso tendrán que pronunciarse sobre dos reales decretos leyes de vivienda cuya aprobación se ha acelerado tras la indignación social provocada por su caso.
Entre ambos momentos se han sucedido una manifestación multitudinaria, acampadas por la vivienda en diferentes ciudades, un acuerdo para que Maricarmen regrese a su casa, una negociación contrarreloj entre PSOE y Sumar y un Consejo de Ministros retrasado mientras los socios cerraban el contenido de las medidas.
El resultado son dos decretos que ya están en vigor provisionalmente, pero cuya continuidad depende de una convalidación parlamentaria convocada de manera extraordinaria para este viernes. Junts y Podemos, decisivos para resolver la votación, todavía no han confirmado el sentido de sus votos.
Un desahucio que convirtió un caso particular en una crisis política
Maricarmen, de 87 años y con movilidad reducida, fue desalojada de la vivienda de Madrid en la que había residido durante más de siete décadas. La ejecución del desahucio, sin que dispusiera de una alternativa habitacional estable, convirtió su situación en el símbolo de un problema mucho más amplio.
Las imágenes de la anciana abandonando su casa entre un fuerte dispositivo policial trasladaron el conflicto de la vivienda al centro de la agenda política. Sumar exigió al PSOE que recuperase inmediatamente el decreto que ambos socios llevaban meses negociando y el Sindicato de Inquilinas bautizó sus propuestas como el “decreto Maricarmen”.
El caso activó además una cadena de acusaciones entre administraciones. El Gobierno central señaló las competencias autonómicas y municipales en materia de vivienda y servicios sociales, mientras el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid responsabilizaron al Ejecutivo y a la legislación estatal.
Pero el debate dejó pronto de estar limitado a quién debía ofrecer una solución a Maricarmen. La pregunta pasó a ser cuántos inquilinos podían encontrarse en una situación semejante cuando terminara su contrato y el propietario exigiera una subida inasumible o decidiera recuperar la vivienda.
La manifestación desemboca en una acampada en Sol
El sábado 26 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de Madrid para exigir medidas frente a los desahucios, el aumento de los alquileres y la compra de viviendas por parte de fondos de inversión.
Al finalizar la movilización, una parte de los asistentes decidió permanecer en la Puerta del Sol. Lo que comenzó como una prolongación de la protesta se convirtió en una acampada organizada que resistió durante los días siguientes, también bajo la lluvia.
La movilización se extendió a otras ciudades, entre ellas Barcelona, Palma, Sevilla, Málaga, Santiago, Murcia y Zamora. En Palma, los acampados anunciaron su intención de mantenerse al menos hasta la votación del viernes en el Congreso.
El objetivo inmediato era presionar al Gobierno para que el Consejo de Ministros aprobara medidas concretas. Las principales demandas eran la renovación automática de los contratos, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones, la congelación de las rentas y la limitación de las operaciones de los fondos de inversión.
El Sindicato de Inquilinas reclamó especialmente contratos indefinidos mientras el arrendatario cumpliera sus obligaciones y no existiera una causa justificada para resolver el alquiler.
PSOE y Sumar aceleran una negociación bloqueada durante meses
La presión de la calle alteró el calendario del Gobierno. PSOE y Sumar retomaron una negociación que llevaba meses encallada por las diferencias sobre la intensidad y duración de las medidas.
El socio minoritario exigía una intervención más profunda del mercado del alquiler. Los socialistas buscaban un texto capaz de conseguir los votos de Junts y el PNV y evitar que se repitiera la derrota de anteriores medidas en el Congreso.
La renovación automática de los contratos se convirtió en el principal obstáculo. Sumar la consideraba indispensable para impedir que los propietarios utilizaran el vencimiento del contrato para expulsar al inquilino o imponer una fuerte subida de la renta. Junts y el PNV mostraron, en cambio, sus recelos ante una limitación general de la capacidad de los propietarios para recuperar sus viviendas.
La solución fue dividir las medidas en dos reales decretos leyes. El primero reúne las disposiciones que el Gobierno considera con mayores posibilidades de superar la votación. El segundo contiene la renovación automática de los contratos, la medida más ambiciosa y también la que llega al Congreso con menos apoyos asegurados.
El Consejo de Ministros aprueba dos decretos
El Consejo de Ministros comenzó este martes con una hora de retraso mientras PSOE y Sumar terminaban de cerrar el acuerdo.
El primero de los decretos incluye, entre otras medidas:
- La ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables.
- La regulación del alquiler de temporada y por habitaciones.
- La prohibición temporal de la compra de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028.
- La prórroga extraordinaria de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El segundo real decreto ley incorpora la renovación automática de los alquileres, uno de los principales reclamos de la acampada y del Sindicato de Inquilinas.
La separación permite que el Congreso vote los textos de manera independiente. Por tanto, el primer decreto puede mantenerse en vigor aunque el segundo sea rechazado.
El propio Gobierno reconoce que el texto sobre renovación automática ha contado con menos tiempo de negociación con los grupos parlamentarios.
El Congreso tendrá la última palabra este viernes
La aprobación por el Consejo de Ministros no garantiza la continuidad de las medidas. Los reales decretos leyes entran en vigor tras su publicación en el BOE, pero el Congreso debe convalidarlos o derogarlos.
El Gobierno ha impulsado un pleno extraordinario para este viernes, 2 de octubre, sin agotar el plazo constitucional de 30 días. La rapidez de la convocatoria traslada inmediatamente la presión desde la Puerta del Sol hasta el hemiciclo.
PSOE y Sumar respaldarán los dos textos, pero no suman por sí solos los votos suficientes. ERC, EH Bildu, BNG y Compromís se han mostrado favorables a reforzar los derechos de los inquilinos, aunque deben valorar la redacción definitiva.
Junts podría facilitar el primer decreto porque incluye su propuesta de frenar las compras de viviendas por parte de fondos de inversión. Sin embargo, mantiene sus reservas sobre la renovación automática y reclama que las medidas no perjudiquen a los pequeños propietarios.
Podemos tampoco ha aclarado todavía su voto. La formación morada considera una “trampa” la separación del paquete en dos decretos y reclama medidas más profundas, aunque la renovación automática coincide con una de las principales exigencias de los colectivos de vivienda.
El viernes no habrá, por tanto, una única votación sobre vivienda, sino dos mayorías diferentes por construir. El primer decreto parte con mayores posibilidades de ser convalidado. El segundo representa la batalla decisiva sobre la estabilidad de los contratos de alquiler.
Maricarmen volverá a su casa, pero la movilización continúa
De forma paralela a la negociación política, los representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo para que la mujer pueda regresar a su vivienda cuando reciba el alta hospitalaria.
El pacto contempla un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos, alrededor de 500 euros mensuales. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid supervisará su cumplimiento.
La solución particular no ha puesto fin a la protesta. En Sol, los manifestantes celebraron el regreso de Maricarmen como una victoria de la movilización, pero decidieron mantener la acampada. Consideran que el problema no termina con la reparación de un solo desahucio y reclaman garantías para el conjunto de los inquilinos.
Sumar también ha calificado los decretos como un “primer paso” y ha animado a mantener la presión social. La movilización queda ahora pendiente de la redacción íntegra de las normas y de lo que ocurra el viernes en el Congreso.
Una semana que alteró la agenda institucional
El recorrido del caso muestra la velocidad con la que una movilización puede modificar la agenda política. Un decreto que acumulaba meses de negociaciones y desacuerdos ha pasado del bloqueo a la aprobación en menos de una semana.
El desahucio proporcionó un rostro reconocible al problema. Las manifestaciones transformaron la indignación en presión política. La acampada fijó un calendario inmediato. El Gobierno respondió dividiendo las medidas en dos textos y el Congreso tendrá que retratarse este viernes.
La votación determinará si ese recorrido termina con nuevas normas en vigor o con otra derrota parlamentaria. También mostrará hasta dónde llega la capacidad de la calle para condicionar una mayoría fragmentada: del portal en el que fue desahuciada Maricarmen al hemiciclo del Congreso en apenas nueve días.