QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde APRI, donde representamos a más de 300 profesionales del sector del lobby, asuntos públicos y relaciones institucionales en España, celebramos la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés. Este avance, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre de 2024, marca un hito histórico para nuestra profesión y para la democracia en nuestro país.
Llevamos alrededor de dos décadas reclamando una regulación específica para el lobby en España. Durante todo este tiempo, hemos insistido en la necesidad de dotar de transparencia y ética a una actividad que es esencial para la participación democrática.
España, hasta ahora, ha sido una anomalía en Europa al carecer de una normativa de este tipo, a pesar de las recomendaciones constantes de organismos internacionales como la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la OCDE.
Desde APRI, los lobistas españoles, siempre hemos creído que normalizar la actividad del lobby es fundamental para nuestra democracia. Esta práctica permite que diversos actores –como empresas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y ciudadanos– puedan expresar sus intereses y preocupaciones a los responsables políticos de manera ordenada y legítima. Por eso, hemos trabajado incansablemente para que el diálogo entre los grupos de interés y las administraciones públicas se desarrolle bajo los más altos estándares de ética y transparencia.
Las demandas del sector
Los profesionales del lobby pedimos la creación de un registro público obligatorio donde todos los grupos de interés deberán inscribirse para dar seguimiento a su actividad; la publicación de las agendas de los representantes públicos; un mecanismo de huella normativa que registre las contribuciones de los lobistas en la elaboración de políticas públicas y normas claras para evitar conflictos de interés.
Además, de un órgano supervisor y sancionador independiente que vele por el cumplimiento de estas medidas y sancione su incumplimiento cuando sea necesario.
Estas medidas no solo protegen la legitimidad del lobby como una herramienta de participación democrática, sino que también fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Regular nuestra actividad no es solo una cuestión de transparencia y de control burocrático; es una oportunidad para demostrar que el lobby puede ser legítimo, estructurado y eficaz para conectar a la sociedad con los responsables de la toma de decisiones.
Este mecanismo refuerza el principio de representación en las democracias modernas, al garantizar que las voces de diversos colectivos se integren en el proceso de diseño y ejecución de políticas.
Una llamada al parlamento
Nuestra labor en APRI no termina aquí. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que trabajen de manera consensuada y logren la aprobación definitiva de esta ley en el Parlamento. Estamos preparados para colaborar y aportar nuestra experiencia con el fin de garantizar que esta regulación sea efectiva, equilibrada y cumpla con su propósito de promover un diálogo justo, ético y transparente entre los grupos de interés y las administraciones públicas.
No podemos olvidar que esta regulación también es una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y los responsables políticos. Una vez implementada, permitirá que todas las voces, independientemente de su origen, sean escuchadas de manera justa y equitativa.
Así, España podrá alinearse con los estándares internacionales y superar la anomalía de ser uno de los pocos países de la Unión Europea sin una normativa específica en esta materia.
Para nosotros, como profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby, este logro no es solo el resultado de un esfuerzo colectivo de casi dos décadas, sino también una reivindicación de la importancia de nuestra labor en la construcción de una democracia más sólida.
Regular nuestra actividad no es solo una cuestión de transparencia y de control burocrático; es una oportunidad para demostrar que el lobby puede ser legítimo
Fundada en 2007, APRI se ha dedicado desde sus inicios a dignificar la profesión y a sensibilizar a la sociedad sobre el valor del lobby y las relaciones institucionales. Somos también miembros fundadores de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE), lo que refuerza nuestro compromiso con compartir el conocimiento y promover mejores prácticas internacionales.
Estamos convencidos de que este es solo el principio de un cambio positivo para nuestra democracia. Regular el lobby con transparencia y responsabilidad no solo refuerza nuestras instituciones, sino que garantiza que todos los sectores sociales puedan participar activamente en la toma de decisiones que afectan a nuestra sociedad. En APRI seguiremos trabajando para que esta normativa se traduzca en una herramienta efectiva que beneficie a todos los ciudadanos.
SOBRE LA FIRMA
Carlos Parry Lafont es presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y director senior de LLYC. Previamente a incorporarse al sector de los asuntos púbicos, ocupó diversas responsabilidades en el sector público, destacando su paso como asesor en el Parlamento Europeo o en el Ministerio de Sanidad.
