QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ponencia del Proyecto de Ley de Atención al Cliente ha incorporado una enmienda transaccional para garantizar que las empresas muestren el precio final del producto, incluidos los famosos “gastos de gestión”. Se pretende, así, poner fin a la práctica habitual que muchos consumidores se encuentran: un coste extra en la compra cuando está a punto de formalizarse la misma. Consumo ya anticipó que impulsaría una enmienda y, según ha podido saber Demócrata, la ponencia ha llegado a un acuerdo en la reunión que ha tenido lugar este martes.
La nueva normativa reza que se deberá informar del «precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario».
En los casos en que, por la naturaleza del servicio o del bien, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, las compañías tendrán que explicar e informar la base de cálculo para que los usuarios puedan comprobar el precio, así como los gastos adicionales.
La misma enmienda transaccional incluye una modificación que permitirá a los empresarios eliminar reseñas falsas con el fin de garantizar la veracidad de las mismas y no perjudicar a las empresas, sobre todo, de restauración y turismo.
Se limitaría el plazo para poder dejar reseñas a los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio, blindando así que se trate de una opinión real y reciente. También se ofrecería la posibilidad de réplica por parte del empresario para que los consumidores puedan recibir una información más completa.
Asimismo, el empresario podría solicitar la eliminación de una reseña, toda vez que pueda demostrar que no es real. Se exigirá que lo acredite, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, o bien porque su contenido no es verídico.
Nueva regulación anti-spam y próximas citas
Fuentes de la ponencia también confirman a Demócrata que en la próxima reunión se prevé integrar al texto una enmienda para poner fin a las llamadas spam.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, impulsó una enmienda a través de Sumar para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas.
Se plantea que las empresas tengan que identificar con un código numérico -un prefijo- todos los números desde los que se hagan llamadas comerciales; que deberá ser distinto del de atención al cliente de la compañía.
Esta modificación no se ha votado en la ponencia de este martes, sino que se hará en la siguiente, que será el 21 de octubre. En dicha cita se pretende cerrar ya el informe para elevarlo a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo y tener listo un dictamen que llevar a Pleno.
Antes, el día 16, se celebrarán comparecencias de asociaciones de Consumo que permitirían aportar luz sobre algunas cuestiones para terminar de pulir el texto.
Cooperativas energéticas y lenguas cooficiales
Tal y como adelantó Demócrata, se ha incorporado una transaccional que libra de la aplicación de la futura Ley de Atención al Cliente a las cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que presten, aun de forma eventual, servicios de carácter básico de interés general y que ocupen menos de 250 trabajadores y trabajadoras.
De igual forma, se han transaccionado integrado las enmiendas impulsadas por Junts sobre lenguas cooficiales para que todas las empresas de servicios básicos de interés general y cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales estarán obligada a que sus trabajadores conozcan el catalán y atiendan en dicha lengua.
Los sectores afectados, independientemente de su volumen de trabajadores y facturación, serían:
- Compañías eléctricas.
- Compañías de suministro de gas.
- Compañías de suministro de agua.
- Compañías telefónicas.
- Compañías aeronáuticas.
- Compañías ferroviarias.
- Compañías de transporte por autobús.
- Servicios postales.
- Servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas).
- Entidades bancarias y servicios financieros.
- Empresas de seguros.
- Empresas que presten servicios públicos.
Todas estas compañías, así como las grandes empresas, deberán formar obligatoriamente a sus trabajadores para que respondan en la lengua con la que el cliente se haya dirigido a ellos, tanto en las comunicaciones escritas como en las verbales.
