Incendio de Niebla, hoy: el fuego ya recorre 20.000 hectáreas y mantiene a 479 personas desalojadas

En Andalucía, la planificación autonómica de prevención y extinción de incendios forestales está actualmente operativa y apoyada en varios niveles: un marco legal y reglamentario consolidado (Ley 5/1999 y Reglamento de 2001), el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía–Plan INFOCA con vigencia indefinida, planes y catálogos anuales para la campaña 2026 ya aprobados, y nuevas medidas preventivas (silvopastoreo, ayudas forestales, refuerzo del voluntariado de protección civil). Al mismo tiempo, está en marcha una reforma de la normativa forestal (Ley 3/2026 de Montes y futuro Reglamento de Montes de Andalucía) que previsiblemente reordenará parte de esta planificación, manteniendo transitoriamente el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. No hay un “nuevo plan autonómico único” en tramitación que sustituya al INFOCA, sino un sistema de planificación permanente que se actualiza por decretos-ley, órdenes anuales y desarrollo reglamentario.

1. Marco normativo autonómico vigente

La base legal específica sigue siendo la Ley 5/1999, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, parcialmente modificada en materia de tasas por la Ley 10/2021, disponible en la publicación en BOE. Esta ley se desarrolla mediante el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001 (también accesible en esta versión), que regula de forma detallada la prevención (planes de prevención de montes, quemas, usos de riesgo, etc.) y la lucha y restauración de áreas incendiadas.

El instrumento autonómico de planificación de emergencias es el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), aprobado por el Decreto 371/2010. Este decreto establece que el Plan INFOCA tiene vigencia indefinida, con actualizaciones y revisiones conforme a la Ley 5/1999. Su último ajuste relevante de zonificación (municipios obligados a planes locales de emergencia) se realizó mediante el Decreto 160/2016.

2. Planificación operativa actual (campaña 2026)

Para 2026, la Junta ha aprobado instrumentos específicos de campaña:

• Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía 2026, aprobado por la Orden de 15 de diciembre de 2025. Este plan anual concreta, sobre la base del INFOCA y del Reglamento de 2001, la programación de prevención, vigilancia y extinción para el año en curso.
• Catálogo de Medios del Plan INFOCA 2026, aprobado por la Orden de 11 de junio de 2026, que desarrolla el contenido mínimo previsto en el artículo 37 de la Ley 5/1999 y detalla los medios y recursos disponibles.

Además, el Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto‑ley 7/2026, de 29 de abril, de medidas urgentes para fomentar los usos silvopastorales del monte como herramienta de prevención, publicado en el BOJA, acompañado del correspondiente acuerdo de Consejo de Gobierno descrito en esta referencia.

3. Reforzamiento institucional y operativo

En paralelo, se ha reorganizado el sistema de emergencias, que es el marco donde se integran los planes de incendios:

• El Decreto‑ley 2/2023, de medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, figura en el BOJA.
• Sus Estatutos se aprobaron por el Decreto 270/2024 (citado en varias resoluciones) y se han modificado vía Decreto‑ley 5/2026, de 20 de abril, publicado en [enlace], que integra bajo un mando único el SEIF‑INFOCA, Protección Civil, 112 y otros recursos.
• Esta estructura se refuerza mediante resoluciones organizativas y de personal, como la modificación de puestos de trabajo de la Agencia de Emergencias (resolución de 10 de julio de 2026) o la delegación de competencias en materia de gestión de incendios (resolución de 6 de mayo de 2026 y Orden de 12 de mayo de 2026).

También se han articulado incentivos al personal de emergencias mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre complemento de experiencia, publicado en [enlace].

4. Medidas de apoyo a la prevención y participación local

La prevención se complementa con instrumentos económicos y apoyo a actores locales:

• Ayudas forestales no productivas para prevención de incendios y gestión forestal sostenible, reguladas por la Orden de 5 de diciembre de 2025, tras una fase de información pública descrita en esta resolución y acuerdo de Gobierno recogido en [enlace].
• Subvenciones a agrupaciones locales de voluntariado de protección civil, con consulta previa en [enlace], audiencia pública en [enlace] y bases aprobadas por la Orden de 15 de julio de 2026.

5. Normativa forestal en revisión: impacto futuro en los planes

La entrada en vigor de la Ley 3/2026, de Montes de Andalucía (LEMA), citada en la consulta pública del futuro Reglamento de Montes, ha derogado la antigua Ley 2/1992 Forestal y ha configurado un nuevo marco para la ordenación y gestión de montes. Mientras se aprueba el nuevo Reglamento de Montes de Andalucía (REMA), se mantienen vigentes, de forma transitoria, el Reglamento Forestal (Decreto 208/1997) y el Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios (Decreto 247/2001), “en aquello que no se oponga a la nueva Ley”, según la consulta disponible en [enlace] y su resolución de inicio publicada en BOJA.

Este proyecto REMA está ahora mismo en fase de consulta pública previa (abierta del 14 de julio al 14 de agosto de 2026), por lo que todavía no ha llegado al Consejo de Gobierno en forma de decreto. Su aprobación podría conllevar, en una fase posterior, la adaptación o refundición de parte de la regulación específica de prevención y lucha contra incendios forestales, pero no se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre un calendario concreto o sobre un eventual nuevo “plan autonómico” que sustituya al INFOCA.

6. Otras referencias normativas y de contexto

En el entorno estatal y autonómico más amplio se insertan:

• El Real Decreto‑ley 15/2022, de medidas urgentes en materia de incendios forestales, en BOE, y el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios (resolución de 2014), que dan el marco de coordinación con el Plan INFOCA.
• La Directriz básica de planificación de protección civil por incendios forestales, aprobada por el Real Decreto 893/2013, parcialmente modificada por la Norma Básica de Protección Civil (RD 524/2023).
• Normas de planificación y estadística relevantes para la cartografía de riesgos, como la Ley 9/2023 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía (enlace) y la anterior Ley 3/2013 (enlace).

Finalmente, aunque no afectan directamente al contenido de los planes de incendios, se sitúan en el mismo entorno de políticas ambientales o organizativas: la Estrategia Nacional de Protección Civil (Orden PCI/488/2019), el sistema de certificados profesionales en seguridad y medio ambiente (RD 624/2013 y su modificación posterior [enlace]), referencias históricas como la Orden de 1982 de Plan Básico de Lucha contra Incendios Forestales (enlace) y su Reglamento estatal de 1972 (enlace), así como disposiciones de otros territorios o materias (por ejemplo, el plan regional de residuos de Castilla y León en [enlace], o normas educativas de la Generalitat Valenciana en [enlace]), que sólo contextualizan la tendencia general a revisar planes autonómicos sectoriales.

En suma, a agosto de 2026, los planes autonómicos andaluces de prevención y extinción de incendios forestales no están “en vacío” ni pendientes de aprobación global: el Plan INFOCA y su desarrollo reglamentario siguen plenamente vigentes, con un plan anual y catálogo de medios específicos para 2026 y nuevas medidas preventivas ya en vigor, mientras se tramita un nuevo Reglamento de Montes que podría reordenar parte del marco de gestión forestal y, por extensión, la articulación futura de los planes de incendios.

El delegado del Gobierno en Andalucía es el máximo representante del Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma y el director de la Administración General del Estado (AGE) en su territorio. Sus competencias se regulan de forma sistemática en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que concentra sus atribuciones en un único precepto, y se concretan además mediante resoluciones de delegación de competencias. En Andalucía, estas funciones se ejercen conforme a ese marco general y a resoluciones como la de 10 de junio de 2022 y la de 4 de mayo de 2023, que distribuyen tareas entre subdelegados y otros órganos.

1. Marco jurídico básico

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es la norma estatal que define la organización territorial de la AGE y el papel de los delegados del Gobierno. En ella se indica que los delegados:

• Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la comunidad autónoma.
• Dirigen y supervisan la AGE en la comunidad y la coordinan con la administración autonómica y las entidades locales.
• Tienen rango de órgano directivo y son nombrados y cesados por Real Decreto del Consejo de Ministros.

El texto puede consultarse íntegramente en la Ley 40/2015.

2. Dirección y coordinación de la Administración General del Estado

En materia de organización administrativa en Andalucía, la Ley 40/2015 atribuye al delegado competencias de dirección y coordinación de la AGE y sus organismos públicos:

• Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general la actividad de los servicios estatales en la comunidad; cuando se trate de servicios integrados, dirigirlos directamente o a través de los subdelegados del Gobierno.
• Nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias andaluzas y, en su caso, a los directores insulares, y dirigir y coordinar su actividad como superior jerárquico.
• Informar preceptivamente las propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales de la AGE y organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial.

También es competente para coordinar la utilización de los edificios de uso administrativo de la AGE en su ámbito territorial, de acuerdo con la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según recoge expresamente la Ley 40/2015.

3. Relaciones con la Junta de Andalucía y las entidades locales

La ley agrupa otra parte esencial de sus funciones en el bloque de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas:

• Comunicar y recibir la información que precisen el Gobierno de la Nación y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma; estas tareas se extienden también a las entidades locales a través de sus presidentes.
• Mantener las relaciones de coordinación y cooperación entre la AGE y la Junta de Andalucía y entre la AGE y los ayuntamientos y diputaciones.
• Promover la celebración de convenios con la comunidad autónoma y las entidades locales, especialmente en programas de financiación estatal, y participar en el seguimiento de su ejecución.
• Participar en comisiones mixtas de transferencias, comisiones bilaterales de cooperación y otros órganos de cooperación similares.

En la práctica, muchas de estas tareas se canalizan a través de los subdelegados del Gobierno en cada provincia andaluza, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015 y en resoluciones territoriales.

4. Seguridad ciudadana y protección civil

La Ley 40/2015 atribuye expresamente al delegado del Gobierno la responsabilidad de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Para ello:

• La jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad corresponde al delegado del Gobierno, que ejerce las competencias del Estado en materia de seguridad bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
• Actúa a través de los subdelegados del Gobierno, que, en el ámbito provincial, dirigen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asumen la dirección y coordinación de la protección civil en la provincia.

En protección civil, el delegado articula la respuesta estatal en Andalucía en coordinación con los planes autonómicos y locales, dentro del marco general de la normativa básica de protección civil y de las estrategias nacionales aprobadas por el Gobierno.

5. Potestad sancionadora, expropiatoria e información

La Ley 40/2015 añade otras funciones relevantes:

• Ejercicio de la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o les sean desconcentradas o delegadas.
• Control de legalidad: velar por el cumplimiento de las competencias estatales y la correcta aplicación de la normativa del Estado, impulsando recursos, conflictos de jurisdicción o de atribuciones cuando proceda.
• Coordinación de la información sobre programas y actividades del Gobierno y la AGE en Andalucía, promoción de la colaboración en información al ciudadano y elevación anual al Gobierno de un informe sobre el funcionamiento de los servicios estatales en la comunidad.

En Andalucía, parte de estas competencias se han distribuido internamente mediante la Resolución de 10 de junio de 2022 y la Resolución de 4 de mayo de 2023, ambas de la Delegación del Gobierno en la comunidad, que delegan funciones concretas en subdelegados y otros órganos. Además, existen atribuciones específicas históricas, como las relativas a ayudas de emergencia de carácter inmediato previstas en la Orden de 23 de julio de 1998, que reforzaron su papel en la gestión de determinadas ayudas en Andalucía.

En Andalucía, la figura jurídica más cercana a lo que se suele llamar “área de emergencia por incendio forestal” es la declaración de emergencia de interés general de Andalucía tras un gran incendio, junto con la activación del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) y, en su caso, la petición al Estado de declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” al amparo de la Ley 17/2015. Los requisitos combinan elementos materiales (magnitud del incendio y daños) y formales (órganos competentes, informes técnicos y activación de planes). Lo que sigue resume ese esquema desde la normativa andaluza y estatal aplicable.

1. Marco estatal: “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”

A nivel estatal, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015) define la emergencia de protección civil como una situación de riesgo colectivo que exige una gestión rápida para evitar que se convierta en catástrofe. Sobre esta base, el Gobierno puede declarar una “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, lo que habilita medidas extraordinarias de ayudas y reparaciones (laborales, de Seguridad Social, subvenciones, etc.), desarrolladas en normas como:

• Orden TES/443/2022, sobre medidas laborales y de desempleo en zonas afectadas gravemente por emergencias (incluye incendios forestales).
• Orden ISM/707/2021 y Orden TES/1223/2021, para la borrasca Filomena.
• Real Decreto-ley 2/2019 y otras normas de catástrofes.
• Ejemplos recientes de declaración: Orden PJC/1222/2024 (DANA 2024) y sus desarrollos (p. ej. Resolución de 23 de diciembre de 2024, Orden INT/1265/2024 y Orden TMD/101/2025).

En un gran incendio andaluz, la Junta puede solicitar esta declaración al Estado, pero quien la adopta es el Consejo de Ministros.

2. Marco andaluz general de emergencias

En Andalucía, la norma básica es la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía (Ley 2/2002), modificada en parte por la Ley 2/2023 (Ley 2/2023). Esta ley:

• Define los planes de emergencia (territoriales, especiales y específicos) como el instrumento para actuar “ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.
• Regula el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes municipales, así como su aprobación por el Consejo de Gobierno o los plenos municipales, y la homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
• Prevé que “ante una situación de grave riesgo o emergencia se procederá, en su caso, a la activación del correspondiente plan de emergencia por la autoridad competente prevista en el mismo”.
• Y, clave para tu pregunta, establece que las emergencias que “se consideren de especial gravedad por su magnitud o extensión podrán ser declaradas de interés general de Andalucía por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil”, debiendo el propio Consejo fijar el contenido y efectos de esa declaración.

Es decir, la “etiqueta” jurídica autonómica para un área gravemente afectada por un incendio forestal es la declaración de emergencia de interés general de Andalucía, basada en la gravedad, magnitud y extensión del siniestro y en la previa activación de los planes de emergencia.

3. Normativa andaluza específica de incendios forestales (Plan INFOCA)

En materia de incendios forestales, el instrumento central es el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), aprobado por el Decreto 371/2010 (Decreto 371/2010) y posteriormente ajustado por el Decreto 160/2016 (Decreto 160/2016).

El propio Decreto 371/2010 indica que el Plan INFOCA:

• Se aprueba por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la Ley 2/2002 y la Ley andaluza de prevención de incendios.
• Establece la organización y procedimientos de actuación de los medios y servicios de la Junta frente a incendios forestales.
• Incluye un apéndice de “zonas de peligro”, es decir, la zonificación del territorio según riesgo de incendios forestales, lo que condiciona la obligación de que los municipios elaboren su Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (modificado y actualizado por el Decreto 160/2016).

Además, el Decreto-ley 2/2023 de Andalucía (Decreto-ley 2/2023) refuerza la gestión, prevención y extinción de incendios forestales, reordenando competencias y adaptando el Plan de Emergencia por Incendios Forestales al nuevo modelo de Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (cuyos estatutos aprueba el Decreto 270/2024).

4. Requisitos materiales para la declaración autonómica

A partir de la Ley 2/2002 y del Plan INFOCA, la Junta de Andalucía necesita, en términos generales, que concurran:

• Situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública por incendio forestal, con afectación importante a personas, bienes y/o al medio ambiente.
• Magnitud o extensión especial: el propio precepto sobre la declaración de “interés general de Andalucía” alude a emergencias de “especial gravedad por su magnitud o extensión”.
• Superación o tensión de los medios ordinarios municipales, lo que justifica la activación de niveles superiores de respuesta (Plan INFOCA y/o Plan Territorial de Emergencia de Andalucía).
• Normalmente, activación previa del Plan INFOCA y, si la situación lo requiere, del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, siguiendo la tipología y procedimientos previstos en la Ley 2/2002.

5. Requisitos formales y órgano competente

En el plano formal, la Junta debe cumplir al menos con:

• Órgano competente: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que declara la emergencia de interés general de Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en protección civil, de acuerdo con la Ley 2/2002.
• Fundamentación técnica: aunque la ley no detalla el informe, la práctica y la lógica del sistema de planes de emergencia implican disponer de informes técnicos de daños, riesgo y evolución del incendio (INFOCA, protección civil, servicios locales).
• Coordinación institucional: la Ley 2/2002 y el propio Plan INFOCA se apoyan en la Comisión de Protección Civil de Andalucía (Decreto 10/2020 y Decreto 138/2006) y en la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil regulado por la Ley 17/2015.
• Publicidad oficial: la declaración debe adoptarse y publicarse como acuerdo normativo del Consejo de Gobierno en el BOJA, siguiendo la Ley 39/2015 (Ley 39/2015).

6. Efectos jurídicos de la declaración

La Ley 2/2002 remite a un posterior desarrollo del “contenido y efectos” de la declaración de emergencia de interés general de Andalucía, pero, en la práctica, esta declaración sirve para:

• Reforzar la movilización de recursos autonómicos de protección civil y del operativo INFOCA.
• Dar base a la petición formal al Estado para que declare “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, activando el paquete estatal de ayudas previsto en la Ley 17/2015 y en normas como la Resolución del Plan Estatal de Incendios Forestales o la reciente Norma Básica de Protección Civil.

Otras normas citadas en el marco de protección civil y emergencias (aunque no determinan directamente los requisitos de la declaración, sí completan el ecosistema jurídico) son, entre otras, la LO 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Estrategia Nacional de Protección Civil, y diversas disposiciones sectoriales sobre ayudas y coordinación territorial (por ejemplo, Orden ESS/729/2017, Orden TMS/61/2019 y Orden TMS/62/2019).