El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado este martes su petición de convocar una Conferencia de Presidentes con el objetivo de consensuar medidas para el segundo semestre del año que ayuden a mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.
Durante la sesión de control del Pleno del Parlamento, y en contestación a las preguntas de los grupos Popular y NC-bc, ha admitido que están “preocupados” y que, por ese motivo, ya había promovido junto a Euskadi la celebración de una Conferencia para analizar las consecuencias del conflicto de forma “conjunta y coordinada”.
Ha rememorado la “injusticia” que supuso para Canarias el primer decreto estatal, que “se ha podido corregir medianamente”, aunque ha avisado de que los efectos de la guerra, incluso si terminara mañana, se prolongarán “muchos meses”.
En su opinión, es “necesaria” una Conferencia no solo para diseñar estas actuaciones, sino también para armonizar la regularización de migrantes, fijar la postura de España ante el pacto migratorio y abordar el nuevo marco financiero de la UE. “Son muchos asuntos que van a trascender esta legislatura, desde el ostracismo no se puede gobernar”, ha señalado.
Clavijo ha explicado que el precio del crudo se ha incrementado en torno a un 40%, lo que repercute directamente en los costes del transporte, y que por ello se ha decidido devolver el 99,9% del impuesto a los transportistas.
Aun así, ha subrayado que no es posible intervenir sobre un producto importado y, aunque a la oposición le parezca “poco” rebajar el IGIC, ha puesto en valor que la inflación se mantiene en el 3%, por debajo de la media del conjunto del Estado.
El presidente ha destacado igualmente la puesta en marcha de los 'Bonos Consumo', que se extenderán a productos de primera necesidad, y ha manifestado su intención de que se puedan “complementar” las pensiones no contributivas, si bien ha descartado aplicar “medidas generales” porque el impacto económico “se ceba más” en los colectivos vulnerables.
Clavijo ha insistido en que no va a “mentir” a la ciudadanía, dado que solo es posible “amortiguar” los efectos de la crisis, pero nunca “eliminarlos”, al tratarse de una economía globalizada en la que existe una “inflación importada”.
Críticas del Grupo Popular por la falta de Conferencia
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha sostenido que la ausencia de convocatoria de la Conferencia de Presidentes “no es un simple retraso” del Gobierno, sino un “incumplimiento reiterado” que “vacía de forma deliberada” la cooperación institucional.
Ha recordado que en la Conferencia celebrada en La Palma en 2022 se acordó celebrar dos reuniones anuales, pero el reglamento “es papel mojado” porque “se ha ignorado” y “debilitado de manera consciente”.
Para Reverón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es el responsable político”, ya que no se trataría de una “improvisación” sino de una “forma de gobernar” basada en “no escuchar” e “imponer desde Madrid” decisiones que afectan directamente a los canarios.
La portavoz popular ha censurado la “unilateralidad” y el “desprecio institucional” hacia las islas en un momento “muy crucial”, marcado por una “presión extraordinaria” derivada de la guerra en Irán y una crisis migratoria “desbordada”, mientras que la respuesta del Ejecutivo central, ha dicho, “es nada o casi nada”. “Hay un abandono real del Gobierno a Canarias por falta de recursos, planificación y liderazgo político”, ha añadido.
NC-bc reclama más medidas sociales y uso del margen presupuestario
El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha señalado que el efecto de la guerra de Irán “se está dejando ver de manera especial en Canarias” y, frente a ello, la reacción del Gobierno autonómico “ha sido insuficiente”, limitándose a unos 14,5 millones de fondos propios.
Ha afeado al Ejecutivo que no haya impulsado “ninguna medida para familias vulnerables”, ironizando sobre un “arrebato extremo de generosidad” al reducir el IGIC del 3% al 0% en el café.
Campos ha precisado que el Gobierno canario dispone de “margen” para adoptar nuevas decisiones, ya que gestiona un presupuesto de 12.500 millones y “deja de ejecutar” cada año 1.000 millones, además de que otras comunidades autónomas han activado iniciativas “más ambiciosas”.
Entre sus propuestas ha citado el refuerzo de la renta de ciudadanía, la creación de un bono social eléctrico y una moratoria en los alquileres del parque público.