La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha presentado este miércoles un paquete de 50 enmiendas a la nueva Ley de Ordenación del Servicio de Comunicación Audiovisual de Canarias, que regula la Radiotelevisión Canaria (RTVC), con la intención de afianzar un modelo de medio público "más independiente, transparente, profesional y alineado con los valores democráticos y sociales".
Fierro subrayó que las propuestas persiguen "garantizar un servicio público de comunicación a la altura de la ciudadanía canaria", reforzando tanto los sistemas de control institucional como las garantías laborales y profesionales dentro del ente.
Entre los ejes centrales, la dirigente socialista remarcó la recuperación de los Consejos Informativos, cuya creación se fija como obligatoria en un plazo máximo de seis meses. Estos órganos estarán integrados por siete profesionales elegidos por la plantilla y tendrán como cometido salvaguardar la independencia, la objetividad y la calidad de los contenidos informativos.
En coherencia con este enfoque, explicó que el PSOE defiende un "blindaje total" de los servicios informativos, vetando de forma expresa la externalización de la producción, realización y edición de noticias. Solo se permitirá la contratación externa de medios técnicos, de forma que el control editorial permanezca siempre en manos de RTVC.
Otro de los propósitos es asegurar la prestación de servicios informativos públicos en toda la cadena de elaboración, desde la generación de la noticia hasta su emisión, con un mínimo de 2.000 horas anuales de informativos.
DERECHOS LABORALES GARANTIZADOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
Las enmiendas también inciden en la situación del personal, fijando que la fusión de las sociedades prestadoras no pueda ejecutarse sin la aprobación previa de un convenio colectivo único. Con ello se pretende que los derechos laborales queden plenamente protegidos antes de cualquier cambio estructural.
El texto plantea mantener la vigencia de los convenios colectivos existentes, de modo que, hasta que se acuerde uno nuevo, se respeten las condiciones laborales ya pactadas entre la representación sindical y la dirección del ente público.
En concreto, para la plantilla de televisión se conserva el convenio colectivo firmado en 2024, mientras que para el personal de radio se incorporan como régimen transitorio en la propia ley los puntos principales del preacuerdo alcanzado en diciembre con 2025, cuya falta de formalización ha llevado a un preaviso de huelga.
Asimismo, las propuestas socialistas refuerzan los principios éticos y sociales que deben orientar la actividad de RTVC, ampliando los principios generales para incluir el respeto al marco de convivencia constitucional, la lucha activa contra la desinformación y la promoción de la no discriminación, con especial atención a colectivos vulnerables como las personas migrantes y el colectivo LGTBI.
El Grupo Socialista también plantea evitar "bloqueos" institucionales en la aprobación del Mandato Marco por parte del Parlamento de Canarias, manteniendo la opción de que el Gobierno de Canarias y RTVC puedan acordar un Contrato-Programa aun sin disponer de ese Mandato Marco, y fijando fórmulas para garantizar la coherencia entre ambos instrumentos si el mandato parlamentario se aprueba posteriormente.
MEDIDAS CONTRA LA PRECARIEDAD E INCERTIDUMBRE LABORAL DEL PERSONAL
Otra de las iniciativas es otorgar carácter definitivo a la subrogación del personal procedente de empresas externas, con el fin de evitar situaciones de precariedad e incertidumbre laboral ante eventuales cambios en el modelo de gestión.
En el terreno de los contenidos, se introduce una separación nítida entre la información y el 'info-entretenimiento'. Así, los espacios de entretenimiento deberán señalar de forma visible, mediante rótulos, si la información que difunden ha sido contrastada por los servicios informativos, "reforzando así la lucha contra la manipulación y las noticias falsas", detalló Fierro.
En lo relativo a la gobernanza, la dirigente indicó que las enmiendas apuestan por incrementar el control parlamentario y la profesionalización de los órganos de dirección. La designación de la Junta de Control y de la Dirección General se hará a propuesta de los grupos parlamentarios y exigirá mayorías reforzadas, con la finalidad de asegurar mayor pluralidad y consenso.
Además, se fija que los mandatos de estos órganos tengan una duración de cinco años, desligándolos del ciclo electoral y contribuyendo a su independencia respecto a los cambios políticos.
En el plano económico, se endurecen los requisitos de transparencia y fiscalización, reduciendo de forma notable los umbrales a partir de los cuales la Junta de Control debe autorizar contratos y gastos, lo que permitirá un control más exhaustivo de la gestión financiera del ente.
Fierro recalcó que el conjunto de enmiendas supone "una apuesta firme por una RTVC pública, independiente y al servicio de la ciudadanía", y apeló al resto de grupos para alcanzar un amplio acuerdo en torno a una norma "clave para el sistema democrático canario".
"Esta ley trasciende a todos nosotros, ha entrado como la Ley Clavijo a este Parlamento y debe salir como una ley que sea de todos", añadió.