El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una moción que reclama al Gobierno regional (PP) que tenga listo, antes de que concluya el segundo periodo de sesiones de este año, el texto del Estatuto del Mayor, y que garantice el “Derecho a la Atención Analógico”, es decir, que la Administración autonómica mantenga la atención presencial sin imponer una cita previa telemática obligatoria.
La propuesta ha sido impulsada por Vox, que ha incorporado una enmienda del PP y ha rechazado otra del PSOE. Finalmente, ha salido adelante con el respaldo de regionalistas y ‘populares’, mientras que el Grupo Socialista ha optado por abstenerse.
En la defensa de la iniciativa, Natividad Pérez ha reprochado que el Estatuto del Mayor fue una “prioridad” para la presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga, y una “eterna promesa electoral” del PP, pero que, a mayo de 2026, el documento “sigue en paradero desconocido”.
Entre otros argumentos, ha sostenido que la aprobación de la moción responde a una cuestión de “estricta justicia social para quienes levantaron esta tierra” y ha resaltado que plantea respuestas “urgentes” para aliviar el “desasosiego” de las personas mayores ante una Administración que, a su juicio, “le impone barreras infranqueables”.
“No es de recibo que un cántabro de 80 años que ha cotizado toda su vida se encuentre con una puerta cerrada o una aplicación móvil que no entiende para pedir una consulta médica o realizar un trámite en servicios sociales”, ha subrayado la diputada de Vox.
En nombre del PSOE, Norak Cruz ha lamentado igualmente que el Gobierno haya sido “incapaz” de remitir el Estatuto del Mayor al Parlamento y ha defendido que el texto incorpore “distintos ejes”, entre ellos una perspectiva de género y que pase a denominarse “estatuto para las personas mayores”, tal y como recogía su enmienda, finalmente rechazada.
Desde el PP, Alejandro Liz ha asegurado que Cantabria dispondrá “pronto” del estatuto y ha destacado la interlocución continua que el Ejecutivo mantiene con el colectivo de mayores para ir dando los pasos “necesarios” en su redacción.
Por parte del PRC, Rosa Díaz ha calificado el Estatuto del Mayor como una herramienta “eficaz y real” para mejorar la vida de las personas mayores, aunque ha precisado que debe ser “útil” y construirse desde la idea de “envejecer con dignidad”.
Ha añadido que el texto ha de contar con un amplio consenso, dado su alcance a largo plazo, y ha abogado por implicar en su elaboración a las entidades locales, asociaciones de mayores y profesionales de los ámbitos sanitario y social.
Debate sobre la bajada de ratios en la educación no universitaria
En otro punto del orden del día, el Pleno ha tumbado, con los votos de PP y Vox, una moción del PSOE que instaba al Gobierno a presentar este curso en la Cámara un acuerdo con la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) que fijara una planificación y un calendario concreto para reducir las ratios de alumnado por aula en las enseñanzas no universitarias. El PRC ha apoyado la iniciativa.
Los socialistas han defendido que se trata de una medida de carácter pedagógico y que la caída de la natalidad supone una “oportunidad” para acometerla, poniendo en valor además el papel de la Junta Docente como “garantía de que las decisiones se toman con conocimiento”.
Aunque el PRC ha reclamado a la Consejería de Educación que disminuya el número de alumnos por clase en todas las etapas, Vox ha mostrado dudas sobre la eficacia real de la medida.
Finalmente, el PP ha tachado la moción de “pobre y ambigua” y ha asegurado que en Cantabria se producirá una bajada de ratios “con o sin el concurso de las entidades sindicales”.
Rechazo a ampliar plazos del Plan de Inversiones Municipales
En el último asunto de la sesión matinal, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley del PRC que planteaba aprobar, con carácter extraordinario, una prórroga general de tres meses en los plazos para adjudicar y, en su caso, ejecutar los contratos de obras vinculados a las subvenciones del vigente Plan de Inversiones Municipales, en términos similares a los recogidos en la Resolución de 20 de abril de 2022.
La propuesta incluía además la puesta en marcha de una línea extraordinaria de financiación dirigida a las entidades locales beneficiarias del plan, con el objetivo de compensar el fuerte aumento de costes derivado del encarecimiento de materias primas, energía y suministros.
Los regionalistas han advertido de que “muchísimas licitaciones de ayuntamientos, incluso del Gobierno de Cantabria, están quedando desiertas por la subida de precios” y que “el sector clama una actualización”.
Asimismo, han alertado de que “si no se toman medidas, podemos poner en riesgo obras de abastecimiento de agua, pavimentación y rehabilitaciones de edificios municipales, que son principalmente en las que los ayuntamientos se fijan a la hora de ejecutar este plan”.
En la misma línea, el Grupo Socialista ha defendido la necesidad de asegurar que las inversiones se ejecuten, que los proyectos sigan adelante y que los consistorios no se vean obligados a renunciar a “mejorar la vida de sus vecinos por causas que no dependen de ellos”.
Sin embargo, el PP considera que “no procede” alterar las bases reguladoras de las ayudas, al entender que los procesos de licitación y adjudicación ya están en marcha en muchos ayuntamientos, lo que generaría “desigualdad”, dado que algunos consistorios incluso han concluido las obras o adjudicado la asistencia técnica.
Además, los ‘populares’ han señalado que la iniciativa implicaría una modificación “significativa” del presupuesto vigente y han reprochado al PRC “no haberlo discutido antes si esa era realmente su preocupación”.
Han añadido que el decreto actual es “sustancialmente mucho más ventajoso” para los municipios que el anterior y que “existen instrumentos alternativos para hacer frente a situaciones originadas por conflictos”.
En la misma línea, Vox ha considerado que la propuesta supone “una absoluta falta de respeto a la labor parlamentaria”. “¿Les parece normal traer hoy, una semana después de aprobar los presupuestos, una iniciativa que modifica sustancialmente el funcionamiento de la partida del Plan de Inversiones Municipales que ustedes mismos han negociado?”, ha reprochado.