La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha reiterado este jueves que la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada en la pasada legislatura, con el único voto en contra del PP, es "francamente mejorable" y ha avanzado que su formación se plantea revisarla "de cara a futuro".
"No estamos en ese momento legislativo pero para nosotros hay mucho que mejorar y desde luego está entre nuestras intenciones mejorarla, sin duda", ha subrayado Leticia García, que ha remarcado que el Grupo Popular fue la única fuerza que rechazó la reforma de la norma de Publicidad Institucional, impulsada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien reconoció tras su aprobación que la ley tenía "fallos" que en un futuro "se pueden remediar".
Las declaraciones de la portavoz se han producido tras la reunión de la Junta de Portavoces, convocada para fijar el número de integrantes del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La reforma de la Ley de Publicidad Institucional obliga a que esa cifra se determinase en la primera reunión de la Mesa de las Cortes del nuevo mandato, extremo que no se ha cumplido al haberse celebrado una sesión previa.
Según han detallado los portavoces de Vox, Carlos Pollán, y del PP —PSOE y Grupo Mixto no han comparecido ante los medios—, el encuentro de hoy tampoco ha permitido cerrar un acuerdo sobre la composición del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT. El presidente de las Cortes, el 'popular' Francisco Vázquez, ha planteado abrir un plazo adicional para que los grupos estudien el tamaño definitivo del órgano y puedan tener en cuenta también el número de comisiones parlamentarias que se constituirán con el nuevo Ejecutivo.
La ley, aprobada en junio de 2025, establece que la Mesa de las Cortes debe fijar en su primera sesión, tras la constitución del Parlamento, el reparto de miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT que corresponde a cada grupo, aplicando la regla D'Hondt al número de procuradores y respetando las mayorías, garantizando además que todas las formaciones dispongan al menos de un representante.
Los nombres que propongan los grupos deberán recaer en personas de "relevantes méritos profesionales" vinculados a la gestión y administración del sector público y/o al ámbito audiovisual y de los medios de comunicación. Asimismo, el Consejo incorporará a un representante de los trabajadores de las entidades concesionarias.
Carlos Pollán, que presidió las Cortes en la legislatura en la que se aprobó la Ley, ha recordado que las formaciones ya habían trasladado sus propuestas sobre los integrantes del Consejo de la TDT y ha adelantado que Vox defenderá que el órgano esté formado por 17 miembros, en función del nuevo mapa parlamentario surgido de las elecciones del 15 de marzo.
"Entendemos que es un tema que debe solucionarse rápidamente (...) Entendemos que es un tema que tiene que ser prioritario.", ha señalado Pollán, que se ha mostrado defensor del control parlamentario y de la transparencia en el uso de los fondos públicos "con un equilibrio y participación de los representantes del Consejo".
Por otro lado, Leticia García ha calificado de "razonable" la propuesta de ampliar los plazos formulada por Francisco Vázquez y ha asegurado que el Grupo Popular trabajará para que el nuevo órgano "sea lo más imparcial posible" y para que sea "un órgano riguroso" gracias a una "rigurosa" selección de sus integrantes que impida que se transforme en un instrumento partidista. "Vamos a estar muy vigilantes y atentos", ha remachado.
La Ley aprobada en junio de 2025 prevé la creación de un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT de ámbito autonómico encargado de supervisar el cumplimiento de la función de servicio público, tanto en la difusión de la riqueza cultural y patrimonial de la Comunidad como "y como instrumento capital" para la información y participación política y social de los ciudadanos castellanos y leoneses.
El Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT asume diez funciones, entre las que se incluye identificar las necesidades de interés público que debe atender este servicio y fijar las condiciones para su financiación mediante la aprobación de un plan anual, que se someterá al visto bueno de las Cortes y se ejecutará por los cauces legales previstos, en especial a través de contratos-programa.
También deberá aprobar un libro de estilo para los contratos-programa, garantizar la independencia de los contenidos informativos y fomentar la neutralidad editorial en lo relativo a sus obligaciones de servicio público, además de concretar las actividades y metas específicas que han de cumplir las concesionarias u operadores en el ejercicio de su misión.
Entre sus cometidos figura igualmente establecer objetivos de audiencia que permitan considerar satisfechas las funciones de servicio público y verificar el grado de cumplimiento de los contratos-programa, así como autorizar las compensaciones económicas anuales que deban recibir las concesionarias con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma por la prestación del servicio público de televisión y de servicios digitales conexos e interactivos.
Otra de sus responsabilidades será revisar trimestralmente si la programación se adecua a la misión de servicio público asignada y aprobar un informe anual sobre el grado de cumplimiento de dicha misión, controlando además si los contenidos emitidos respetan el objetivo de servicio público y si afectan a la competencia en el mercado audiovisual. En estos procesos de evaluación se deberá dar audiencia a las partes interesadas y los resultados habrán de hacerse públicos.
Asimismo, el Consejo deberá definir un procedimiento de control periódico de la financiación pública que perciban los operadores y las medidas de reequilibrio necesarias para asegurar que los fondos se destinan a los fines previstos en la ley, además de recabar la información contable que considere precisa sobre las actuaciones y contratos en curso o previstos y sobre la situación económica de las concesionarias, que tendrá que ser auditada conforme a la normativa mercantil, poniendo sus cuentas anuales a disposición del órgano.
Cuando la financiación pública que reciban las entidades concesionarias, por cualquier concepto, supere el 50 por ciento del importe neto de su cifra de negocios, la adjudicación de los contratos-programa quedará "siempre" supeditada a aceptar la intervención del Consejo en el nombramiento del personal directivo, que deberá ser ratificado con criterios de profesionalidad e imparcialidad. El Consejo estará igualmente habilitado para promover su cese.