La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha arremetido contra la regularización de migrantes promovida por el Gobierno central, a la que ha calificado de “paraíso para las mafias” y de “caos disfrazado de humanidad”.
En la sesión de control del Pleno de la Asamblea, Dávila ha expresado la “enorme preocupación” del Ejecutivo regional ante las posibles consecuencias de esta medida, que ha tildado de “negligente”. Ha criticado tanto su “imposición” como su “impacto directo en los servicios públicos ya colapsados”.
“Mientras el Gobierno habla de 500.000 personas, los sindicatos policiales elevan la cifra por encima de los dos millones. Hablamos de un número equivalente a la suma de toda la población de La Rioja, Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla juntos”, ha señalado la consejera, subrayando la magnitud del proceso.
Dávila ha rechazado que, “en su mayoría”, se trate de personas que llevan “años integradas en España” y ha asegurado que se corresponde más bien con “llegadas muy recientes, y de un efecto llamada sin proyecto real de integración laboral y social”.
A su juicio, esta regularización no aporta “oportunidad”, sino que desemboca en “precariedad, pobreza sobrevenida y en muchos casos un acera donde poder dormir”. “Un caos disfrazado de humanidad que juega con la vida y las expectativas de miles de personas. Un caos que es un paraíso para las mafias”, ha remarcado.
La consejera ha explicado que esta situación ya se estaría reflejando en los centros donde se tramitan citas administrativas, “por las que han pagado creyendo que eran oficiales”, así como en contratos de trabajo “falsos”, pasaportes “retenidos por terceros como forma de coacción” o “empadronamientos, certificados o antecedentes manipulados”.
“Mientras tanto, los servicios públicos, que están para atender, proteger y acompaña, se ven obligados a dedicar tiempo y recursos a deshacer fraudes en lugar de ayudar a quien verdaderamente lo necesita”, ha afeado Dávila, quien sostiene que cuando el Gobierno “genera desorden”, las mafias “hacen negocio”.
Por este motivo, ha defendido el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el decreto estatal, al entender que esta medida está “dañando a las personas más vulnerables”.