La Asamblea de Madrid rechaza las propuestas del PSOE para acelerar la regularización de migrantes ante las advertencias de PP y Vox sobre mafias

La Asamblea de Madrid rechaza dos PNL del PSOE para agilizar la regularización de migrantes en un debate marcado por acusaciones de mafias y boicot político.

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La Asamblea de Madrid rechaza las propuestas del PSOE para acelerar la regularización de migrantes ante las advertencias de PP y Vox sobre mafias

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La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves las dos iniciativas registradas por el PSOE para acelerar la regularización extraordinaria de migrantes, unas propuestas frente a las que tanto PP como Vox han vuelto a alertar de la actuación de mafias que se estarían aprovechando del proceso.

Las iniciativas socialistas llegaban en forma de dos Proposiciones No de Ley (PNL). La primera instaba al Gobierno regional a agilizar la emisión de documentación que acredite el tiempo de estancia exigido para poder solicitar la regularización, además de habilitar puntos de información específicos y reforzar plantilla y horarios de las oficinas durante los meses que dure el procedimiento.

La segunda PNL se centraba en el uso del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal como prueba de residencia en la región. El PSOE reclamaba ampliar el número de oficinas del Consorcio Regional de Transportes autorizadas para emitir dicho certificado —actualmente solo hay una— y dotarlas de más recursos materiales y humanos.

PSOE vincula el negocio de mafias a la falta de servicios públicos

Los diputados Juanjo Marcano y Javier Guardiola han sido los encargados de defender las propuestas del PSOE. Marcano ha subrayado el papel "fundamental" de la migración para el futuro del país y ha defendido que el Ejecutivo central está desplegando una "política migratoria más eficaz y segura".

Por ello, considera que sus planteamientos deberían suscitar "cero controversia" porque, ha dicho, "es pedir que se pongan los medios para que muchos de los vecinos entre los que hay cientos de niños y de niñas puedan acceder a un derecho".

En este punto, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de estar "frotándose las manos" al pensar que "boicoteando" el proceso de regularización al no dotarlo de recursos necesarios está haciendo "daño al presidente del Gobierno de España".

"Las personas migran por necesidad, por supervivencia, y ustedes han decidido que esas personas se estrellen contra una ventanilla administrativa en Madrid", ha lanzado a los escaños del PP.

Guardiola ha centrado su intervención en el certificado del Consorcio Regional de Transportes y ha afeado al Ejecutivo autonómico que solo exista una oficina que expide este documento en una región con "7 millones de madrileños".

"¿Y qué ocurre cuando no se garantizan derechos y no se garantizan los servicios públicos? Que se deja a la gente a la merced de las mafias y de la venta ilegal de citas, permitiendo que se haga negocio con la desesperación de personas que buscan su regularización y con el miedo de las personas", ha denunciado, reclamando un acceso "sencillo, homogéneo y presencial" al trámite.

PP alerta de "estafas" y "colapso" en el sistema de extranjería

Desde el PP, la diputada Mónica García ha acusado al Gobierno central de "llevar a la gente a la desesperación, a la vulnerabilidad más profunda, a dormir en la calle y a pasar hambre", señalando que el sistema de citas de extranjería sufre "una crisis estructural" que ha derivado en "un auténtico escándalo" con "ventas ilegales, colapso del sistema y estafas adicionales" que alimentan a las "mafias".

En la misma línea, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplicado "su manual de progresismo carroñero desde el primer día que llegó a La Moncloa" apostando por "su trampa de pobreza comunista". "En el PP pusimos pie en pared hace mucho tiempo y nos vamos a poner con todos los medios legales a nuestro alcance para impedir que consumen esta infamia sin precedentes", ha remarcado.

En relación con las citas en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes, uno de los documentos aceptados para acreditar la estancia, el diputado 'popular' Juan Carlos Carretero ha defendido que la atención está siendo "fluida". "Exigir la ampliación de oficinas, un refuerzo de personal, la priorización de un trámite ajeno a la función del Consorcio es una imprudencia absoluta", ha sostenido.

Más Madrid reclama abrir todas las oficinas del Consorcio

Por Más Madrid han intervenido Diana Paredes y María Acín. Paredes ha acusado a Ayuso de "boicoteando" junto a los ayuntamientos gobernados por el PP el proceso de regularización.

"Lo está convirtiendo en un proceso lento, fragmentado y en muchos casos inaccesible y no precisamente por la complejidad de los requisitos sino el deterioro al que llevan sometiendo desde hace años a los servicios públicos", ha criticado, negando que sean los migrantes quienes "tensionan" los servicios públicos y responsabilizando de ello a los 'populares' de forma "deliberada".

Acín ha centrado su discurso en el historial de la tarjeta de transporte y ha denunciado que la Comunidad ha transformado en una "yinkana" la obtención de este certificado.

Ha reprochado que solo pueda conseguirse en una única oficina, pese a que el Consorcio cuenta con 24 sedes —12 en la capital—. "¿No creen que lo normal es que se habilitasen todas, cada una de ellas para conseguir este certificado?, Es establecer un programa informático en los ordenadores de cada una de estas oficinas, no es una gran complejidad", ha planteado.

Vox califica de "profundamente injusta" la regularización

La portavoz de Vox en la Cámara regional, Isabel Pérez Moñino, ha defendido que, antes que nada, deben priorizarse los madrileños y los españoles que "cumplen la ley, cotizan y están esperando desde hace años una vivienda pública".

A su juicio, la regularización extraordinaria de migrantes supone "una absoluta traición" al pueblo español por parte de un Gobierno "criminal, traidor y corrupto". "Por un lado está ese trabajador, ese pueblo español, quienes madrugan, pagan impuestos, sostienen los servicios públicos, cumplen las normas y, por otro lado, las élites económicas y los partidos que han hecho de la inmigración ilegal una herramienta política y un negocio muy lucrativo", ha señalado.

En la misma línea, el diputado de Vox Javier Pérez Gallardo ha tildado de "profundamente injusta" la regularización respecto a quienes han llegado a España cumpliendo todos los requisitos y respetando la normativa. Además, ha denunciado que se permita que haya "mafias" que se aprovechan de estas personas. "Son ustedes los verdaderos racistas", ha reprochado a los grupos de la izquierda.