La Comunidad de Madrid ha comenzado a desplegar un plan económico y asistencial para afrontar las consecuencias de los incendios de la Sierra Oeste, con una primera dotación de 30 millones de euros para vivienda y una de sus medidas más relevantes: el pago de hasta el 100% del alquiler durante doce meses para las familias cuya residencia habitual haya quedado destruida o temporalmente inhabitable. (((Siga aquí el directo de la evolución de los incendios))).
El programa incorpora también el realojo en viviendas públicas, ayudas directas para reparar y reconstruir inmuebles, avales para empresas y autónomos, asistencia al sector agrícola y ganadero, atención sanitaria móvil, apoyo psicológico y jurídico, alojamiento provisional y un dispositivo específico para vigilar la calidad del aire.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha situado estas actuaciones dentro de un propósito más amplio: evitar que la catástrofe provoque el abandono de los municipios afectados y el deterioro irreversible de una economía local estrechamente vinculada al campo, el comercio, los servicios y el turismo rural.
Ayuso ha pedido expresamente a los vecinos que no abandonen la Sierra Oeste y se ha comprometido a promocionar la comarca y devolverle «el esplendor que tenía». La aspiración del Ejecutivo autonómico no se limita, por tanto, a reparar las propiedades dañadas. El objetivo declarado es fijar población, recuperar la actividad económica y restaurar el atractivo turístico, ambiental y patrimonial de un territorio severamente castigado por las llamas.
La reconstrucción se plantea como una operación que deberá prolongarse más allá de la emergencia. La pérdida de viviendas, explotaciones, pastos, instalaciones, negocios e infraestructuras amenaza la continuidad de numerosas familias y pequeñas empresas. La efectividad del llamamiento a permanecer en la comarca dependerá, en consecuencia, de que las medidas anunciadas puedan activarse con rapidez y lleguen a quienes han perdido su fuente de ingresos o no pueden regresar a sus hogares.
Alquiler gratuito durante doce meses
El principal bloque anunciado hasta ahora es el plan urgente de vivienda, dotado con 30 millones de euros y dividido en tres líneas de actuación.
La primera permitirá adjudicar temporalmente viviendas de la Agencia de Vivienda Social a las personas que hayan perdido su residencia habitual o no puedan ocuparla debido a los daños. Los inmuebles se entregarán mediante el procedimiento de emergencia social previsto para situaciones extraordinarias.
La segunda línea cubrirá hasta el 100% del alquiler durante doce meses. La Comunidad asumirá el coste de la renta de las familias obligadas a buscar un alojamiento alternativo mientras se rehabilita o reconstruye su vivienda. Se pretende evitar así que los afectados tengan que afrontar simultáneamente el pago del alquiler y los gastos derivados de la recuperación de sus propiedades.
La tercera estará formada por ayudas directas para reparar y reconstruir las casas perjudicadas. Podrán beneficiarse los propietarios de viviendas habituales, los inquilinos cuyo domicilio haya resultado afectado y los propietarios que tuvieran arrendado el inmueble como residencia habitual de terceras personas.
A estas actuaciones se suma el alojamiento y la manutención en establecimientos hoteleros para las familias que todavía no puedan regresar a sus municipios o carezcan de una solución residencial inmediata.
Los 30 millones anunciados corresponden específicamente al apartado de vivienda. No constituyen, por tanto, el coste total del dispositivo, al que deberán añadirse los recursos destinados al campo, la financiación empresarial, la atención sanitaria, la reparación de infraestructuras y la recuperación forestal.
El componente fiscal, pendiente de desarrollo
El escudo incorpora ayudas económicas y financieras, pero su vertiente estrictamente tributaria todavía deberá concretarse. La Comunidad tendrá que determinar si aprueba deducciones autonómicas específicas para sufragar la reparación o adquisición de viviendas, incentivos para quienes mantengan su residencia en la Sierra Oeste o bonificaciones en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Madrid cuenta ya con incentivos fiscales destinados a combatir la despoblación en los municipios rurales de menos de 2.500 habitantes. Los menores de 35 años que trasladen a ellos su residencia habitual pueden deducirse 1.000 euros, con independencia de que compren o alquilen una vivienda. Si adquieren una casa, pueden sumar una deducción equivalente al 10% del precio, con un límite de 1.546 euros anuales durante diez ejercicios.
Estas operaciones disfrutan además de una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando se compra una vivienda usada y en Actos Jurídicos Documentados cuando se trata de obra nueva. Son incentivos anteriores a los incendios y no deben confundirse con una nueva rebaja creada para los damnificados, pero podrán adquirir relevancia dentro de la estrategia para impedir que los municipios rurales pierdan población.
La vertiente fiscal extraordinaria se completará con las medidas estatales y locales que se activen después de que el Consejo de Ministros haya incluido los incendios de Madrid, Ávila y Toledo en la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil.
Esa declaración permite articular ayudas por daños personales y materiales, beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social y aportaciones a los ayuntamientos para reparar infraestructuras. No obstante, su alcance concreto dependerá de las disposiciones que desarrolle el Gobierno y de la evaluación oficial de los daños. Entre los instrumentos que habitualmente se contemplan en estos casos se encuentran las reducciones del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas, que son tributos municipales, así como ajustes en las obligaciones fiscales de empresas, autónomos y explotaciones agrarias.
Avales para empresas y autónomos
La recuperación de la Sierra Oeste exige también evitar que los negocios perjudicados desaparezcan antes de recibir las indemnizaciones o ayudas. Para atender sus necesidades inmediatas de liquidez, la Comunidad abrirá una línea extraordinaria de avales a través de Avalmadrid.
Podrán solicitarla las empresas y los trabajadores autónomos con actividad en las zonas afectadas, especialmente los vinculados a la agricultura, la ganadería, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios.
Las garantías no tendrán coste por aval y únicamente se aplicará un 1% en concepto de estudio. La financiación contará con un plazo de devolución de cuatro años y podrá utilizarse para reparar instalaciones, reponer maquinaria o existencias y recuperar la actividad.
Avalmadrid destinará asimismo el equivalente al 1% de sus resultados del ejercicio a actuaciones de repoblación forestal en los espacios más dañados. El Ejecutivo autonómico vincula así el instrumento financiero destinado a los negocios con la restauración ambiental de la comarca.
En el ámbito laboral, el Servicio Regional de Empleo renovará automáticamente hasta el 15 de septiembre las demandas de los vecinos afectados. La medida pretende evitar que las restricciones de movilidad o la pérdida de documentación provoquen bajas administrativas y afecten al cobro de prestaciones.
Más de 330.000 kilos para el ganado
El campo constituye uno de los principales soportes económicos y demográficos de la Sierra Oeste. El Gobierno regional ha distribuido más de 330.000 kilos de forraje y pienso para alimentar a cerca de un millar de animales afectados por el incendio. El dispositivo inicial incluyó una veintena de camiones y diez depósitos de agua de 1.000 litros.
Se han establecido también accesos controlados para que los ganaderos puedan entrar en las explotaciones situadas en zonas restringidas, atender a los animales y comprobar los daños. Para evitar suplantaciones y robos, los interesados deberán acreditar la titularidad mediante la cartilla ganadera, la inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas o la solicitud de la Política Agraria Común.
La Comunidad ha desplegado además asistencia veterinaria gratuita, ha trasladado animales al Centro Integral de Acogida de Animales y mantiene la colaboración con las protectoras de los municipios afectados.
La siguiente fase deberá cuantificar las pérdidas de animales, cultivos y pastos, así como los desperfectos en cercados, naves, maquinaria, sistemas de riego, caminos y suministros. Esa valoración determinará las ayudas directas que puedan concederse a agricultores y ganaderos y será esencial para evitar el cierre de explotaciones.
Dispositivos sanitarios en los municipios
El regreso de la población está acompañado por dispositivos sanitarios móviles desplegados en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.
La sanidad pública madrileña había superado ya las 2.000 atenciones a personas evacuadas o confinadas. Los hospitales habían registrado 312 asistencias, principalmente por problemas respiratorios, con 18 pacientes ingresados, estables y sin gravedad. Más de 380 profesionales del SUMMA 112 habían realizado 268 intervenciones y 590 traslados.
La Comunidad mantiene reforzada la red hospitalaria, con más de 800 camas disponibles. El Hospital Enfermera Isabel Zendal cuenta con capacidad para habilitar 241 camas y doce puestos de cuidados intensivos si fueran necesarios.
También se han distribuido 52.000 mascarillas FFP2 y se ha establecido un procedimiento excepcional para hacer llegar los medicamentos a pacientes crónicos y personas vulnerables. La atención se completa con consultas telemáticas, asistencia psicológica y el teléfono gratuito 900 102 112, operativo durante las 24 horas.
🔴Ayuso, respecto al ático que ha comprado la Comunidad de Madrid: "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada"
— demócrata (@democrata_info) July 29, 2026
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Oficinas móviles y asesoramiento jurídico
Seis oficinas móviles de atención al ciudadano recorren los puntos de acogida para proporcionar información, ayuda administrativa y apoyo psicológico. El operativo llegó a atender a unas 3.000 personas desplazadas en 24 centros abiertos en 21 municipios.
El Gobierno regional ha puesto además a disposición de los damnificados un servicio gratuito de orientación jurídica, atendido por doce abogados en los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial.
Los profesionales ayudarán a tramitar reclamaciones por daños en viviendas, fincas y negocios; gestionar seguros e indemnizaciones; solicitar ayudas públicas, y afrontar los procedimientos administrativos o judiciales derivados de los incendios.
La recuperación de documentos destruidos o extraviados será otra de las necesidades inmediatas para que las familias puedan acreditar la propiedad de sus viviendas y terrenos, presentar reclamaciones ante las aseguradoras y acceder a las subvenciones.
Vigilancia de la calidad del aire
La Comunidad ha reforzado igualmente la vigilancia atmosférica ante la presencia de humo y cenizas. La red regional y las unidades de medición controlan las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, además del ozono y otros contaminantes potencialmente perjudiciales para la salud.
Las autoridades recomiendan evitar el ejercicio al aire libre cuando se detecte humo, cerrar puertas y ventanas y utilizar mascarillas FFP2 en exteriores. Las precauciones deben extremarse entre niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o alérgicas.
Esta vigilancia será necesaria también durante los trabajos de retirada de escombros, limpieza y reconstrucción, que pueden volver a levantar cenizas y partículas depositadas tras el incendio.
Recuperar la comarca, no solo reconstruirla
La suma de ayudas residenciales, avales, incentivos fiscales rurales, asistencia al campo, atención sanitaria y recuperación ambiental constituye la primera respuesta frente a los daños. Pero el proyecto defendido por Ayuso pretende extenderse a la revitalización económica de la Sierra Oeste.
La promoción turística deberá desempeñar un papel central una vez recuperadas las condiciones de seguridad. La comarca reúne espacios naturales, embalses, patrimonio histórico, explotaciones agroalimentarias, establecimientos hosteleros y alojamientos rurales que dependen directamente de la llegada de visitantes.
El llamamiento de la presidenta para que los vecinos no se marchen convierte la reconstrucción en una política de permanencia. No bastará con levantar las casas destruidas: será necesario restablecer los servicios, recuperar los negocios, proteger las explotaciones y reconstruir la confianza de quienes han perdido buena parte de su patrimonio.
Ese es el compromiso que Díaz Ayuso ha colocado en el centro de su intervención: evitar que el fuego vacíe la Sierra Oeste y aprovechar la reconstrucción para devolver a la comarca la actividad, el atractivo y «el esplendor que tenía».