Este martes, Pedro Sánchez presidirá el último Consejo de Ministros antes del parón estival, con un escenario político muy distinto al que imaginaba cuando arrancó la legislatura. El presidente hará balance de la gestión del Ejecutivo reivindicando el crecimiento económico, la creación de empleo y el peso internacional de España.
Sin embargo, el cierre del curso llega con una realidad política mucho más compleja: no ha conseguido el respaldo parlamentario para unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. De hecho no lo ha hecho en toda la legislatura, con un techo de gasto nuevamente rechazado por dos veces consecutivas en unos días, por parte del Congreso y, con una mayoría en las dos cámaras cada vez más inestable, y al mismo tiempo con varios frentes judiciales que siguen condicionando la agenda del PSOE.
La anomalía presupuestaria constituye, probablemente, el mejor reflejo de esa debilidad. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno no ha logrado sacar adelante unas nuevas cuentas públicas y España continúa funcionando con los Presupuestos de 2023, aprobados en 2022.
A ello se suma el fracaso para aprobar la senda de estabilidad y la aprobación a la senda de déficit público, un trámite imprescindible para iniciar la elaboración de unos nuevos Presupuestos. De modo que, estamos ante el cuarto año consecutivo en el que el Ejecutivo no consigue superar ese primer obstáculo parlamentario.
La falta de unas nuevas cuentas no es un mero problema administrativo. Limita la capacidad del Gobierno para desarrollar nuevas políticas públicas -especialmente las inversiones necesarias como la compra de aeronaves para luchar contra los incendios-, ya que, condiciona la planificación económica y obliga a gestionar una realidad muy distinta con unos Presupuestos diseñados hace casi cuatro años, en un contexto económico, internacional y geopolítico completamente diferente.
Ese desgaste institucional tiene su reflejo en el Congreso. La mayoría de investidura que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa muestra hoy síntomas evidentes de agotamiento. Junts ha dejado de actuar como un socio estable y cada votación relevante exige una negociación distinta.
La formación de Carles Puigdemont ha endurecido su discurso y se ha desmarcado en numerosas iniciativas del Ejecutivo, consciente del coste político que, según distintas interpretaciones, le ha supuesto aparecer como uno de los apoyos del Gobierno.
Sin ir más lejos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha renunciado estos días a llevar sus nuevas ayudas a favor de la vivienda, precisamente por su incapacidad de entendimiento con la mayoría de fuerzas políticas, lo que ha hecho que la iniciativa quede postergada para el mes de septiembre, a la vuelta del curso escolar.
ERC y Bildu, los principales apoyos de Sánchez y los frentes judiciales
En ese escenario, ERC y EH Bildu se han convertido en los aliados parlamentarios más constantes del Ejecutivo, aunque tampoco garantizan por sí solos la estabilidad necesaria para sacar adelante las principales iniciativas legislativas.
La debilidad parlamentaria coincide, además, con un momento especialmente delicado para el PSOE en el plano judicial. El denominado caso Koldo continúa golpeando al partido, mientras permanecen abiertas distintas investigaciones que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno.
A ello se suma la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, que mantiene abierto uno de los procedimientos con mayor impacto político de los últimos meses y en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero libra una intensa batalla procesal para intentar tratar de anular -por ahora sin ningún tipo de predicamento- parte de las actuaciones acordadas por la Audiencia Nacional.
El crecimiento de España frente a la mayor tasa de paro de la UE
Todo ello configura un contexto muy distinto al relato que previsiblemente defenderá este martes el Ejecutivo. El Gobierno pondrá el acento en el crecimiento económico, en la evolución del empleo y en el liderazgo internacional de España.
Sin embargo, la oposición contrapone otros indicadores que siguen mostrando importantes desequilibrios estructurales: España continúa entre los países de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, mantiene una elevada deuda pública, arrastra problemas de productividad, registra una de las tasas de pobreza infantil más altas del entorno europeo y sigue afrontando graves dificultades para facilitar el acceso a la vivienda.
La gestión de los fondos Next Generation
A ese diagnóstico se suma el debate sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation. Aunque el Ejecutivo defiende que el Plan de Recuperación está impulsando la modernización de la economía española (este lunes la AIREF afirma que España ha transferido 64.000 millones de los fondos Next Generation, de la dotación oficial de 163.000 millones, a menos de un mes de que concluya la gestión de estas ayudas) , diferentes sectores económicos y empresariales han venido alertando durante los últimos meses de la lentitud en la ejecución de numerosos proyectos, de la complejidad administrativa y de las dificultades para que parte de esos recursos lleguen con agilidad al tejido productivo.
La renuncia por parte de España a una parte significativa de los préstamos europeos (60.000 millones de euros) disponibles ha reabierto, además, el debate sobre el grado de aprovechamiento de uno de los mayores instrumentos financieros puestos en marcha por la Unión Europea.
La vivienda y los incendios
El cierre del curso coincide también con otros desafíos que seguirán marcando la agenda política después del verano. La crisis de acceso a la vivienda continúa sin una solución estructural, la presión migratoria mantiene abiertos varios frentes territoriales y la sucesión de grandes incendios forestales vuelve a poner el foco sobre la capacidad de respuesta de las administraciones y la disponibilidad de medios para afrontar emergencias cada vez más frecuentes e intensas.
Con ese escenario, Pedro Sánchez afronta el último Consejo de Ministros antes del parón estival con el objetivo de reivindicar la gestión de su Gobierno y proyectar una imagen de estabilidad. Sin embargo, el verdadero examen llegará a partir de septiembre.
Según ha publicado El Confidencial, La Moncloa prepara un otoño marcado por una intensa agenda internacional, con varias cumbres y grandes citas diplomáticas, en un intento de relanzar el perfil institucional del presidente y recuperar la iniciativa política.
La incógnita es si esa estrategia bastará para compensar el desgaste acumulado durante los últimos meses. Sánchez volverá de las vacaciones con, hasta la fecha, el mismo escenario que deja este martes sobre la mesa del Consejo de Ministros: sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, con el techo de gasto rechazado, una mayoría parlamentaria cada vez más frágil y varios frentes judiciales que siguen condicionando la agenda política.
A ello se suman las dudas sobre la ejecución de los fondos europeos, la presión de los grandes problemas internos y una oposición convencida de que el desgaste del Gobierno continuará creciendo.
Los escenarios electorales
En ese contexto, distintas fuentes políticas y demoscópicas consultadas por DEMÓCRATA reconocen que el calendario electoral ha dejado de ser una cuestión cerrada. Aunque el Gobierno mantiene oficialmente que agotará la legislatura, en diferentes ámbitos políticos comienzan a manejarse escenarios que sitúan unas eventuales elecciones generales entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.
La decisión dependerá, en buena medida, de si el presidente consigue recuperar una mayoría parlamentaria operativa y volver a marcar la agenda política o si, por el contrario, el otoño confirma que la legislatura ha entrado en una fase de desgaste de la que resulte muy difícil salir.