La Comunidad de Madrid ha remitido este jueves a los colegios e institutos públicos de la región unas instrucciones que prohíben exhibir carteles de apoyo a la huelga educativa y utilizar las aulas para promover las protestas entre los alumnos. El documento, firmado por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, también contempla la posibilidad de que las familias, estudiantes y trabajadores comuniquen posibles incumplimientos mediante un formulario dirigido a la Administración educativa.
Con estas medidas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende reforzar la neutralidad ideológica de los centros públicos durante la huelga indefinida que comenzó el pasado 14 de octubre. Las instrucciones, de 11 páginas, detallan las conductas que deben evitar los docentes, las obligaciones de los equipos directivos y los mecanismos de intervención de la Inspección Educativa. Los incumplimientos podrán derivar en responsabilidades disciplinarias.
La iniciativa se produce en plena movilización del profesorado madrileño, que reclama mejoras laborales y educativas, y ha abierto un debate jurídico sobre los límites de la neutralidad institucional y su relación con derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho de huelga.
Qué prohíbe la Comunidad de Madrid en los centros educativos
Las instrucciones establecen que los docentes no podrán utilizar su posición profesional ni los recursos de los colegios e institutos para promover la adhesión del alumnado a opciones políticas, ideológicas o sindicales.
Entre las conductas expresamente prohibidas se encuentra animar a los estudiantes a participar en huelgas, concentraciones, protestas o recogidas de firmas. Tampoco se permitirá aprovechar las clases, tutorías, tareas, exámenes o actividades complementarias para conseguir que los alumnos apoyen a alguna de las partes de un conflicto sindical o político.
La restricción se extiende a los periodos en los que el profesorado esté cumpliendo servicios mínimos. Además, quedan sujetos a estas instrucciones los canales institucionales y los recursos materiales de los centros.
En cuanto a la cartelería, la Consejería impide exhibir en fachadas, vallas y espacios comunes pancartas o símbolos que puedan atribuir al colegio o instituto una adhesión institucional a determinadas organizaciones o reivindicaciones. La prohibición contempla una excepción para los tablones sindicales previstos en la normativa vigente.
El Ejecutivo autonómico justifica estas limitaciones en la obligación de garantizar que la escuela pública mantenga su neutralidad ideológica. Según recoge el documento, la función de los centros es "educar, no adoctrinar".
Las familias y alumnos podrán comunicar posibles incumplimientos
Una de las novedades de las instrucciones es la habilitación de un mecanismo para comunicar a la Administración posibles vulneraciones de las normas.
Padres, madres, estudiantes y personal de los centros podrán presentar comunicaciones mediante un formulario dirigido a las Direcciones de Área Territorial cuando consideren que algún docente ha incumplido las restricciones.
La Inspección Educativa podrá intervenir tanto por iniciativa propia como a partir de estas comunicaciones. En los casos en los que se constate una infracción, las instrucciones contemplan la exigencia de las responsabilidades disciplinarias correspondientes.
El procedimiento introduce así una vía específica para que la comunidad educativa informe sobre conductas relacionadas con la utilización de las instalaciones, los recursos escolares o la actividad docente durante las protestas.
El derecho de huelga y la libertad de cátedra, en el centro del debate jurídico
La neutralidad ideológica de los centros públicos ya está contemplada en la legislación española. El artículo 18 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) obliga a desarrollar las actividades educativas con respeto a los principios constitucionales y a las convicciones religiosas y morales de las familias.
Sin embargo, la discusión jurídica se centra en determinar hasta dónde puede extenderse esa obligación cuando afecta a reivindicaciones laborales y sindicales.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Julio González considera que las instrucciones no tienen suficientemente en cuenta la protección constitucional del derecho de huelga, reconocido en el artículo 28 de la Constitución.
A su juicio, las medidas son inconstitucionales y pueden favorecer las acusaciones contra docentes por actuaciones vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales.
También Rosa Galán, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense, advierte de que la neutralidad ideológica debe compatibilizarse con la libertad de cátedra. La docente distingue entre impedir el adoctrinamiento y restringir cualquier manifestación relacionada con un conflicto laboral.
Por su parte, Pablo Gómez Perpinyà, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, cuestiona que unas instrucciones administrativas puedan imponer restricciones sobre derechos fundamentales reservadas a normas de mayor rango.
Las valoraciones de estos especialistas discrepan de la interpretación del Gobierno madrileño, que defiende las instrucciones como una herramienta para preservar la neutralidad de los centros y evitar que los alumnos sean utilizados para promover reivindicaciones sindicales.
Madrid refuerza también los servicios mínimos de la huelga educativa
Junto a las instrucciones sobre neutralidad, la Comunidad de Madrid ha aprobado una ampliación de los servicios mínimos ante la prolongación de los paros.
La nueva orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el viernes 20 de noviembre y contempla un refuerzo de la atención educativa, especialmente en los cursos que dan acceso a titulaciones y estudios superiores.
Según los cálculos del Ejecutivo regional, la huelga había afectado potencialmente a 413.076 horas lectivas hasta el 16 de noviembre, después de 23 jornadas lectivas desde el comienzo de las movilizaciones.
La Administración autonómica también ha ordenado revisar las programaciones docentes para recuperar los contenidos afectados por las interrupciones de las clases.
Otras comunidades han aprobado medidas sobre neutralidad educativa
La regulación madrileña tiene antecedentes recientes en otras comunidades autónomas, aunque con diferencias respecto a las obligaciones impuestas a los centros.
En la Comunidad Valenciana, PP y Vox modificaron el pasado julio la normativa de la Inspección Educativa para reforzar la supervisión de la neutralidad ideológica en las actividades docentes y establecer un canal de comunicación de posibles infracciones.
Canarias también ha incorporado referencias a la neutralidad institucional en sus instrucciones educativas, mientras que Galicia ha reforzado el control administrativo de determinadas actividades complementarias organizadas en colegios e institutos.
En Madrid, las nuevas instrucciones llegan después de varias semanas de enfrentamiento entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales por la huelga indefinida. Estas últimas ya habían cuestionado las órdenes de retirar carteles y pancartas de apoyo a las movilizaciones, al considerar que afectan al ejercicio de los derechos sindicales.