La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha subrayado que, tras su primera semana en marcha, el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes se está desarrollando “con normalidad”. En la Comunidad foral ya operan nueve entidades colaboradoras encargadas de apoyar en la tramitación, y Alfaro ha expresado su confianza en que “la inmensa mayoría de los ayuntamientos navarros van a facilitar” este procedimiento.
Durante una interpelación del PSN sobre migración y regularización en el pleno del Parlamento de Navarra, la consejera ha remarcado que este proceso “va a permitir que cientos de miles de personas” en España “pasen de ser ciudadanos de segunda a tener los mismos derechos que el resto”. Ha recordado que se trata de una iniciativa largamente demandada por “la mayoría de la sociedad civil” y por numerosas entidades sociales. “Es difícil oponerse a que vecinos y vecinas que viven junto a ti no tengan el derecho a labrarse un futuro de vida digno”, ha enfatizado.
Alfaro ha señalado que, en estos primeros días, el despliegue del proceso en Navarra se desarrolla “con aparente normalidad”. El Ejecutivo foral calcula que podría beneficiar a unas 10.000 personas, si bien la consejera ha pedido ser “extremadamente cautos con los datos”. Por ahora, Navarra cuenta con 9 entidades colaboradoras, cinco de ellas navarras y cuatro de ámbito estatal con sede en la Comunidad foral. Ha recalcado que se trata de un “listado vivo” que confía en que se amplíe próximamente.
La responsable de Políticas Migratorias ha incidido en que el Gobierno navarro “tuvimos claro que nos íbamos a volcar en este proceso” dentro de sus competencias. Ha admitido que “nos hubiera gustado desde Navarra tramitar y resolver estos procedimientos”, que corresponden al Estado, aunque finalmente no ha sido posible. Ha reiterado que “no tengo tampoco ninguna duda de que la inmensa mayoría de los ayuntamientos navarros van a facilitar, en la medida de sus posibilidades, este proceso. También no tengo duda de que tendremos excepciones a este buen proceder”. En este punto, ha alertado sobre “una extrema derecha enfurecida” que ha hecho “de la criminalización de la migración su único argumento y sustento político”, y ha denunciado además a “gente sin escrúpulos que prefiere la mano de obra barata, esclava y sumisa a la que le paga menos y por la que no hay que cotizar”.
En nombre del PSN, Olga Chueca ha defendido que la regularización es “un acto de justicia social y de dignidad humana, que además otorga derechos y obligaciones a personas que contribuyen en el día a día hacer de nuestro país y de nuestra tierra”. Ha puesto en valor el “impacto positivo” de la inmigración en Navarra, que no es “una realidad ajena” sino parte de “nuestra tierra tal y como es”. “Basta ya de estigmatizar y rechazar al migrante solo por el hecho de serlo”, ha reclamado, recordando que estos procesos de regularización han sido impulsados por “todos los Gobierno de España”.
Chueca ha sostenido que “podemos hacer muchas cosas desde nuestras competencias” como “mejorar los informes de vulnerabilidad, reforzar los recursos públicos destinados a la atención y a la orientación” o instar al Estado a abrir más oficinas para que la regularización se lleve a cabo “con la mayor normalidad y la máxima cohesión social”. Ha apostado por avanzar en propuestas que permitan “seguir construyendo una Navarra diversa y plural. Una comunidad donde la igualdad, la solidaridad, la convivencia y el respeto sean los valores que nos definan”. Asimismo, ha instado a los ayuntamientos a “facilitar” el proceso y ha acusado al alcalde de Tudela de instalarse “en la queja y echar la culpa de todo al Gobierno de España” con el objetivo de “confrontar y alarmar”.
Desde UPN, la parlamentaria Cristina López ha interpretado este proceso como “la constatación del fracaso de la política migratoria de Pedro Sánchez, que hace que haya cientos de miles de personas en situación de irregularidad”. Ha reclamado que, desde Navarra, se analicen las “implicaciones” de la medida para determinar “el porcentaje de personas que van a lograr un contrato laboral” y las “afecciones que pueda haber en la renta garantizada o el impacto en servicios públicos”. Ha cuestionado que la regularización no “está vinculada al empleo” y la ha atribuido a “puro oportunismo político”.
El parlamentario de EH Bildu, Javier Arza, ha pedido no hacer política “aprovechándose de las migraciones” y ha defendido una política migratoria “justa y eficaz” basada en la “cooperación” entre instituciones. Ha rechazado, igualmente, un enfoque migratorio “desde la excepcionalidad y la restricción” como el que, a su juicio, “emana desde la Unión Europea” y que “se plasman” en la Ley de Extranjería española.
Por parte de Geroa Bai, Javier Ollo ha mostrado su respaldo al fondo del proceso, pero no a sus “formas”, al considerar que ha sido “unilateral” por parte del Gobierno central y sin pasar por el Congreso. Ha manifestado su “inquietud” porque esta regularización “haya dejado de lado a las personas inmersas en una solicitud de apatridia”, mayoritariamente de origen saharaui, con quienes “el Estado español tiene una deuda histórica”.
La parlamentaria del PP, Maribel García Malo, ha censurado que “cualquier crítica” a la medida “se descalifique automáticamente” al “confundir personas con política migratoria”. Ha reprochado que el proceso se haya aprobado de forma “unilateral, sin planificación, sin debate y sin consenso” y ha alertado de un “impacto económico” no “previsto”, al “activar prestaciones y generar nuevas obligaciones que recaen sobre comunidades autónomas y sobre ayuntamientos”.
En representación de Contigo-Zurekin, Daniel López ha defendido que “tener una vida digna es lo mínimo que quiere una persona, sea de donde sea” y ha cuestionado a quienes “se permiten el lujo” de “cuestionar el número que son o cómo han llegado”. Ha deseado que el proceso de regularización “se culmine con el mayor de los éxitos” y que las actuaciones del Gobierno foral “supongan una ayuda para todas estas personas” residentes en Navarra.
Por último, el parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha rechazado la “demagogia criminal e irresponsable” y ha denunciado que “no existe política, solo oportunismo y tácticas cortoplacistas para sobrevivir y seguir en el poder”.