La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han dado este lunes trámite, por el procedimiento de urgencia y en lectura única, a la proposición de ley foral registrada por UPN con el objetivo de impedir el cierre de aulas de 3 años en el sistema educativo navarro. Esta tramitación acelerada ha contado con la oposición de PSN y Contigo-Zurekin, que han reclamado además un dictamen al Consejo de Navarra para que aclare si la propuesta de UPN se ajusta a derecho. La semana pasada, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, avanzó que no se clausurarían aulas en la red pública, pero que se mantenía el cierre de unidades en la enseñanza concertada.
Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha recalcado que "si hay voluntad política en Navarra no se cerraría ningún aula", y que "parece que hay una mayoría parlamentaria que se debiera respetar que quiere que no se cierre ningún aula en Navarra, ni en lo público ni en lo concertado, ningún aula". A su juicio, "es un error de bulto tomar una decisión como la que ha adoptado el Gobierno de María Chivite" y ha defendido que "nosotros ponemos encima de la mesa una solución, que es una ley". Ha recordado igualmente que "los colegios tienen un mes de plazo para presentar recursos" frente a la decisión de Educación, plazo que "concluye el 13 de mayo y, a partir de ahí, tendrá que resolver definitivamente el Gobierno". "Por tanto, está abierto el procedimiento, que dejen de engañarnos", ha reclamado.
En representación del PSN, Ainhoa Unzu ha explicado que, ante la iniciativa legislativa de UPN, su grupo y Contigo-Zurekin pedirán al Consejo de Navarra un informe que precise si la propuesta es o no conforme a la normativa vigente. "Creemos que tiene claros tintes de ilegalidad", ha manifestado, remarcando que "UPN está proponiendo algo que un informe jurídico ya está diciendo que choca con la legalidad". Ha añadido que a "un Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley" y que "al PSN no se le puede pedir que blinde conciertos educativos sin demanda". Ha asegurado que "vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto", y ha mostrado su incomprensión ante "la actitud que está adoptando algún partido".
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha reiterado que su formación discrepa de la decisión del Departamento de Educación sobre el cierre de aulas de 3 años, que consideran "precipitada". A su entender, "hay factores suficientes a tener en cuenta como para no haber tomado esta decisión; hablemos de datos de evolución demográfica, hablemos de otra serie de cuestiones". En relación con la proposición de ley de UPN, ha señalado que "el preámbulo no me gusta nada" y ha apuntado que "quizás los objetivos que tiene en este caso UPN al presentar esta proposición de ley son otros completamente diferentes a los que puede tener EH Bildu". No obstante, ha insistido en que no comparten la medida de Educación y que "hay margen para hablar, para acordar". A su juicio, "tenemos que ser conscientes de que decisiones así requieren de un consenso amplio que a fecha de hoy no hay".
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado como un "avance positivo" que no se vayan a suprimir aulas de 3 años en la red pública, aunque ha reiterado que "hay margen para corregir" el cierre previsto en la concertada, corrección que "esperamos que el departamento lo anuncie" a lo largo de esta semana. Ha subrayado que "es importante que desde el departamento se escuche el clamor y se atienda la demanda de familias que están reivindicando que se abran y se mantengan aulas que el consejero pretende cerrar", y ha apreciado "ese año de análisis con la moratoria para el asunto de la concertada". Ha añadido que "nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno, pero si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, pues igual hay que cambiar las leyes".
Por parte del PPN, la parlamentaria Irene Royo ha expresado su rechazo al cierre de aulas de 3 años en la red concertada, una decisión que, en su opinión, "supone un nuevo ataque a la educación concertada y una discriminación evidente". Ha considerado "preocupante" que, en un primer momento, se planteara que el ajuste derivado de la caída de la natalidad afectaría tanto a la red pública como a la concertada y que, posteriormente, se haya modificado ese criterio "sin una explicación clara", de forma que "decidiendo que el impacto recaiga únicamente en la concertada". Ante ello, ha reclamado abrir un debate "más profundo" sobre esta cuestión.