La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha reconocido este martes en el Parlamento foral que los tiempos de tramitación de las solicitudes para la valoración de la discapacidad “no son positivos” y que “hay mucho ámbito de mejora”. “No estamos satisfechas, y aunque hemos tomado medidas para reconducir esta situación, no lo hemos logrado”, ha subrayado, recordando que se ha pasado de 5 meses de espera en 2019 a 13,5 meses en enero de 2026, “plazos que deben ser corregidos”.
Durante su comparecencia en comisión, solicitada por UPN, Maeztu ha insistido en que “somos conscientes de que debemos rebajar” los tiempos de resolución y ha recalcado que “de verdad que estamos trabajando para intentar revertirlos”. Ha detallado que en el incremento de los plazos han influido diversos factores, entre ellos la entrada en vigor en mayo de 2023 del Real Decreto que modificó el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que “ocasionó en la mayoría de las Comunidades Autónomas un retraso en los plazos de valoración de la discapacidad”.
La consejera ha recordado que “tradicionalmente hemos contado con dos equipos de valoración de discapacidad, formados por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social cada uno de ellos”, y que en 2023 se añadió un tercer equipo con la misma composición. Sin embargo, ha explicado que “se añade además un incremento muy grande de las solicitudes, lo que explica también ese aumento de los plazos”. Así, “en los últimos años, se ha registrado un crecimiento de las solicitudes, pasando de 6.059 al año en 2019 a 8.593 en 2025, un 42% más”, y “en los últimos tres años se ha mantenido constante el número de solicitudes en torno a las 8.500 al año, 1.000 más de las que hubo en 2022, y 2.500 más de las que entraban en los años previos”.
Maeztu ha detallado que en los dos últimos años se han renovado por completo los equipos debido a jubilaciones en medicina y psicología, “no siendo posible estabilizar la plantilla”. Ha puesto como ejemplo que “en estos momentos, por ejemplo, de los tres puestos de psicología, uno está ocupado por una persona recién incorporada (2 meses) y dos se han sustituido esta semana por baja de las profesionales”, mientras que, en medicina, las tres plazas han salido a oposición pero sólo se podrá incorporar una persona titular a media jornada, “debiendo cubrir las otras nuevamente por personal temporal”.
Ha añadido que “este año se ha aprobado la contratación de un cuarto equipo (TS, medicina, psicología y TO) con incorporación reciente de todos los profesionales, excepto el profesional de medicina”. “En este sentido, las dificultades con los profesionales de medicina son evidentes. Estamos barajando la posibilidad de reforzar los equipos con otros profesionales, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, si finalmente no se cubren las plazas de médicos”, ha apuntado.
La consejera ha enfatizado que “debemos aspirar a atender a las personas en los plazos que marcan las leyes de las que nos hemos dotado, porque somos conscientes de que detrás de cada expediente hay una historia y una vida y eso es lo que nos mueve a mejorar”. Ha precisado, no obstante, que “las personas que necesitan la valoración de forma urgente (para acceder a un trabajo o a educación, por ejemplo) son atendidas antes; las que son urgentes, se ven en una semana y las prioritarias en un mes”.
En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN, Raquel Garbayo, ha considerado que “las cosas no se han hecho bien”. Ha recalcado que “los atrasos en la valoración no son meros números ni fechas en el calendario, son un problema social y, sobre todo, un problema humano”, y que “las demoras generan desigualdad y una pérdida efectiva de derechos”. Ha planteado “copiar” las buenas prácticas de otras comunidades autónomas y ha reclamado una “solución inmediata a las listas de espera en discapacidad, no sé si más recursos o una mejor organización, plazos claros y respuestas ágiles”.
Por parte del PSN, la parlamentaria socialista Olga Chueca ha valorado el reconocimiento por parte de Maeztu de una realidad que “no es satisfactoria”. Ha remarcado que “no estamos ante un problema aislado de Navarra porque la entrada del Real Decreto en 2023 ha tensionado los sistemas de valoración prácticamente en todas las comunidades autónomas y a esto se han sumado factores estructurales que no podemos ignorar”.
Desde EH Bildu, Javier Arza ha señalado que “los plazos de acceso a diferentes servicios están siendo incumplidos durante esta legislatura” y ha dicho tener “la impresión de que hay frustración con este tema, que se han puesto en marcha diferentes medidas, que no se ve que tengan un impacto en la mejora de las listas de espera”. En este contexto, ha propuesto crear “un grupo de personas expertas, en el que esté incluido también el Cermin, para que puedan hacer una valoración” de la situación y diseñar un plan de choque.
La representante de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha incidido en que “no podemos quedarnos conformes con la situación actual y es preciso poner todos los recursos que sean necesarios para cumplir los plazos legales”. Ha defendido que el objetivo debe ser “reducir cuanto antes las listas de espera y cuanto antes poder hacer las valoraciones cumpliendo el plazo de tres meses que fija nuestra cartera”.
Desde el PPN, Maribel García Malo ha advertido de que la situación “va a peor” y que “muchas personas se están viendo afectadas por este incumplimiento de la Administración”. Ha alertado de que “estamos en una situación muy límite y cada mes de retraso está teniendo consecuencias”, insistiendo en que “la situación es de colapso” y que “debe tratarse como una urgencia social”. Por ello, ha reclamado un plan de choque “inmediato”.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que “no es una buena noticia” que se estén vulnerando los plazos, que ha calificado de “un despropósito administrativo”. A su juicio, estos tiempos “son insoportables para las personas pendientes de la valoración y sus familias”. Ha admitido que “el departamento está trabajando pero las medidas no están logrando materializar un cambio de tendencia” y ha abogado por adoptar “medidas de manera intermultidisciplinar”.