La Comisión de investigación de la dana de Valencia ha reanudado este martes su actividad tras más de dos meses de parón con la comparecencia de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que ha defendido la actuación del Gobierno valenciano durante la tragedia del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales.
Durante su intervención, Camarero ha asegurado que la Generalitat actuó “en todo momento” conforme a la información disponible y ha negado cualquier abandono en centros asistenciales.
La vicepresidenta ha rechazado de forma tajante la existencia de “víctimas de la teleasistencia”, una de las principales críticas lanzadas por la oposición. “Tratar de vincular este servicio con sus muertes es injusto”, ha afirmado.
La expresión es utilizada ha sido empleada por lo grupos en la oposición para referirse a las personas usuarias del servicio de teleasistencia —un sistema de atención remota para personas mayores o dependientes— que fallecieron durante la tragedia. Su funcionamiento y respuesta durante la dana está siendo objeto de discusión en la comisión de investigación.
Así, según ha explicado Camarero, el sistema recibió seis llamadas de usuarios de teleasistencia durante la emergencia y todas fueron atendidas, asegurando que “ningún usuario que pulsó el botón quedó sin respuesta”.
Cruce de acusaciones
Sin embargo, el portavoz socialista, José Muñoz, ha reclamado la dimisión de Camarero, a la que ha señalado como responsable política de la gestión de la crisis y ha vinculado la actuación del Consell con el fallecimiento de usuarios de este servicio
La vicepresidenta ha respondido acusando a la oposición de impulsar una campaña de “bulos” y “cacería política”, defendiendo que las decisiones adoptadas se tomaron en función de la información disponible en cada momento.
La comisión retoma su actividad tras dos meses
La comisión parlamentaria, presidida por Vox y con mayoría del PP, ha vuelto a reunirse tras más de dos meses sin actividad.
La última sesión tuvo lugar a finales de febrero, cuando declararon representantes de asociaciones de víctimas y damnificados, que han vuelto a concentrarse este martes a las puertas de Les Corts para reclamar responsabilidades políticas del expresdent Carlos Mazón.
La comisión en les Corts se suma a otra que sigue en activo en el Congreso, así como a la investigación que está llevando a cabo el juzgado de Catarroja que se encarga de la instrucción del caso.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado que el expresident Carlos Mazón no será investigado penalmente, aunque el juzgado ha solicitado que aporte voluntariamente su registro de llamadas y mensajes durante el día de la tragedia.
Asimismo, el juzgado de Catarroja ha dado un plazo de cinco días a Mazón para entregar el listado de comunicaciones realizadas durante la jornada del desastre, así como las facturas correspondientes a las llamadas.