Astic impugnará el modelo de jubilación anticipada para conductores profesionales

Astic recurrirá el modelo de jubilación anticipada de conductores y alerta del fuerte impacto económico y de la falta de base técnica de la propuesta.

Primera Junta de Gobierno de Astic bajo la presidencia de José Luis Olivella, a 19 de noviembre de 2026. ASTIC

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La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) tiene previsto recurrir el modelo actualmente planteado para ordenar la jubilación anticipada de los transportistas profesionales, según ha comunicado este viernes.

La Junta de Gobierno de la entidad --la primera celebrada bajo la presidencia de José Luis Olivella, elegido el pasado mes de junio, y que tuvo lugar este jueves en la sede de la CEOE-- acordó por unanimidad autorizar a Astic a impugnar y recurrir el esquema propuesto para las jubilaciones anticipadas de los conductores profesionales.

En su nota, Astic aclara que no rechaza que estos trabajadores puedan adelantar su retiro, pero subraya que cualquier decisión en esta materia debe basarse en una “evaluación rigurosa” que determine qué actividades presentan riesgos excepcionales, cómo se relacionan con la edad y, especialmente, que valore la eficacia de las medidas preventivas, su coste económico y quién asumirá dicho coste.

La organización sostiene que la información disponible “no acredita suficientemente que concurran condiciones excepcionales que justifiquen extender esta medida al conjunto de los conductores profesionales de mercancías”.

En esta línea, explica que el examen de informes de la Seguridad Social y de estadísticas de la DGT y del Ministerio de Transportes revela que la mortalidad laboral es el único indicador general que supera el umbral de excepcionalidad fijado por la Administración.

No obstante, puntualiza que este indicador presenta “importantes diferencias” en función del tamaño de la empresa --señala que la tasa de muertes en compañías con menos de diez empleados triplica la de las que cuentan con más de 250 trabajadores-- y que “no se ha demostrado” una relación directa con la edad de los conductores ni con las particularidades de cada tipo de transporte.

La patronal añade que “los datos de accidentalidad no permiten concluir que los conductores de mayor edad presenten un riesgo significativamente superior” y cita cifras de la DGT que reflejan que los fallecimientos de ocupantes de camiones pesados han caído más de un 20% en el último lustro respecto a la media de 2015-2019, pese al progresivo envejecimiento de las plantillas.

Astic remarca además que cualquier reforma debe ir acompañada de un sistema de financiación que “no comprometa la competitividad” del transporte por carretera y alerta de que el impacto sería “considerable” si el esfuerzo recayera exclusivamente en empresas y trabajadores mediante cotizaciones adicionales.

Como ejemplo, calcula que un recargo del 10,60%, similar al previsto para ciertos colectivos en 2026, implicaría para una compañía con 100 conductores y una base media de cotización de 2.500 euros mensuales un sobrecoste anual para la empresa de unos 265.200 euros.

Ayudas al combustible y otros asuntos tratados

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha remarcado la “necesidad” de que el Ejecutivo prorrogue las ayudas al combustible más allá del próximo 31 de diciembre --estima que su finalización no debería depender de un calendario prefijado, sino de la evolución de los precios energéticos y de su efecto sobre la actividad de las empresas transportistas-- y de que se establezca en España una fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables.

Asimismo, el órgano de gobierno ha analizado la negociación del III Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, sobre la que se declaran confiados en poder desbloquearla; la “gravísima escasez” de conductores profesionales, la reciente reforma de la Ley de Cooperativas --que tilda de “paso relevante”, aunque “no elimina por sí sola las distorsiones existentes”-- y el “desequilibrio” entre los costes que soportan las compañías de transporte y los ingresos que perciben por sus servicios.

“Cada vez más empresas transportistas encuentran dificultades para que sus clientes apliquen íntegramente la fórmula legal de repercusión del coste del combustible en las facturas de los portes ya realizados. Se trata de una evolución muy preocupante que, si bien no es generalizada, debe ser atajada por los medios de Inspección ministerial y la aplicación del régimen sancionador que la propia ley impone”, ha declarado sobre el último punto José Luis Olivella.