La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) ha reclamado este miércoles que el Ejecutivo que resulte de las elecciones del 9N acelere el envío del Plan Social para el Clima a Bruselas, con el fin de desbloquear más de 9.000 millones de euros en ayudas.
En una nota, ATUC recuerda que España arrastra un retraso de año y medio en la remisión de este plan a la Comisión Europea --junto con otros 14 Estados miembro que tampoco lo han presentado todavía-- y advierte de que la cita electoral del próximo 29 de noviembre puede alargar aún más este calendario.
Según sus cálculos, esta demora mantiene paralizado el acceso a 9.000 millones de euros de fondos para el periodo 2026-2032, de los que el Gobierno había decidido destinar un 48% al transporte y un 52% a vivienda. España tiene asignado el 10,52% del total previsto: 6.840 millones procedentes del mecanismo europeo más una aportación nacional obligatoria de 2.250 millones.
Por ello, la asociación ve “indispensable” que, desde el arranque de la legislatura, el nuevo Ejecutivo imprima máxima celeridad a la tramitación del Plan Social para el Clima y que convierta en “uno de los grandes objetivos” para 2027 la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, tras lo que describe como una legislatura “a base de prórrogas”.
ATUC subraya además que la próxima legislatura será “clave” para el transporte público, ya que de ella dependerá asegurar un servicio de calidad y con capacidad suficiente para toda la ciudadanía. Recuerda que actualmente el transporte colectivo registra 4.800 millones de desplazamientos anuales.
“El transporte público del futuro en España es el que emane de esta próxima legislatura”, señala el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, al destacar que en este periodo coincidirán varios mandatos de la Unión Europea con el desarrollo de normas y leyes nacionales.
“Implica que muchas personas dejen el vehículo privado por el transporte público, en un contexto de incremento de demanda por el aumento poblacional y turístico y bajo el mandato europeo de electrificar la flota”, lo que explica “la necesidad de garantizar la capacidad y calidad del servicio”, añade.