La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha mostrado partidaria de intervenir los precios del alquiler y de poner un “bozal al mercado”, mediante la aprobación de normas que prioricen el uso residencial de las viviendas. Frente a ello, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha planteado como alternativa impulsar la construcción de un millón de viviendas entre el sector público y el privado y rebajar del 10% al 4% el IVA de los inmuebles destinados a primera residencia.
Ambos han confrontado sus propuestas en un debate sobre política de vivienda en la Cadena SER. Bravo ha situado el déficit de oferta de casas, cifrado en 750.000 por el Banco de España, como uno de los principales problemas del país. Por ello, ha insistido en la necesidad de elevar la construcción hasta el millón de viviendas, reducir la burocracia, “recuperar la seguridad jurídica” y desplegar incentivos fiscales que faciliten el acceso a la compra y al alquiler.
El dirigente del PP ha detallado que su receta pasa por agilizar los procedimientos urbanísticos, aprobar una ley contra la 'okupación' y aplicar la rebaja del 10% al 4% en el IVA de las viviendas de primera residencia, sin tope de precio. A su juicio, la clave es reforzar la colaboración público-privada y ha reprochado al Gobierno que no haya incorporado suficientes medidas para reactivar la promoción de vivienda ni simplificar los trámites. Según Bravo, el Ejecutivo lleva ocho años sin ofrecer una respuesta eficaz al problema habitacional.
Por el contrario, Rodríguez ha defendido que las administraciones deben intervenir para frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. “En los últimos 40 años, en este país, se ha confiado el derecho de la vivienda al mercado y eso no ha funcionado”, ha afirmado. La ministra ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno para ampliar el parque público y la vivienda protegida, citando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones, de los que el Ejecutivo central aporta el 60%.
Rodríguez ha subrayado además que el PSOE incluye en su programa la propuesta de destinar cada año el 1% del PIB a políticas de vivienda social, lo que supondría 17.000 millones anuales. Asimismo, ha respaldado la regulación del alquiler, la congelación de rentas y las bonificaciones fiscales dirigidas a inquilinos y pequeños propietarios. La titular de Vivienda ha reiterado que las administraciones deben fijar reglas para asegurar el uso habitacional de los inmuebles y ha recordado que el Banco de España calcula en 900.000 las viviendas dedicadas a pisos turísticos, alquileres de temporada y otros usos no residenciales.
“Hay recursos suficientes, capacidad y convicción en este país para que esas viviendas sean de la gente”, ha sostenido Rodríguez, quien ha añadido que, en paralelo, se continuará construyendo en colaboración público-privada. En este punto ha mencionado el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que contempla una rebaja del IVA al 4% para la construcción de vivienda asequible. Esta norma ha sido uno de los principales focos de fricción entre ambos dirigentes: la ministra ha acusado al PP de tumbar iniciativas de protección para inquilinos y personas vulnerables, mientras que Bravo ha reclamado reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y ha defendido los desalojos en 48 horas en casos de 'okupación'.
Debate sobre 'okupación' y desahucios
En este ámbito, Bravo ha abogado por aprobar una ley antiokupación que permita desalojar a los 'okupas' en 48 horas. Según ha indicado, esta medida devolvería seguridad jurídica a los dueños de las viviendas y posibilitaría recuperar más de 400.000 inmuebles para el mercado del alquiler.
Rodríguez, por su parte, ha admitido que a los 'okupas' “hay que aplicarles la ley” y ha defendido la figura de los juicios rápidos y los seguros de impago como instrumentos para proteger a los propietarios. No obstante, ha subrayado que le preocupan “mucho más” los desalojos y los desahucios. La ministra ha reprochado al PP haber rechazado propuestas para frenar los lanzamientos, mientras que Bravo ha insistido en que el Gobierno sigue sin ofrecer una solución de fondo al problema de la vivienda.