La Comisión Europea ha difundido este lunes unas nuevas directrices para encarar la recta final del fondo de recuperación, en las que ratifica que los Estados miembro deberán tener completadas las reformas e inversiones comprometidas antes del 31 de agosto de 2026 si quieren acceder a los últimos tramos de financiación.
En el documento, el Ejecutivo comunitario precisa cómo deberán gestionarse las solicitudes finales de desembolso, en un momento decisivo en el que los países apuran los plazos para cerrar los hitos y objetivos asociados a sus planes nacionales.
En particular, el texto fija que todas las reformas e inversiones ligadas a dichos planes tendrán que estar finalizadas, como muy tarde, el 31 de agosto de 2026 y que cualquier actuación que se adopte después de esa fecha no contará a la hora de evaluar las peticiones de pago.
A partir de ese hito, los gobiernos dispondrán hasta el 30 de septiembre de 2026 para registrar sus solicitudes definitivas de desembolso, que deberán incluir toda la documentación y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos.
Bruselas plantea un calendario muy ajustado para procesar estos últimos pagos, con un plazo de dos meses para realizar la evaluación preliminar de las solicitudes y remitirlas al Comité Económico y Financiero, con la intención de adoptar las decisiones de pago hacia mediados de diciembre y ejecutarlas antes de que termine el año.
Las orientaciones también precisan cómo se gestionarán los incumplimientos en la fase de cierre del mecanismo. La Comisión deja claro que, una vez superado el 31 de agosto de 2026, ya no se abrirán nuevos procedimientos para conceder más tiempo a los Estados, sino que se aplicarán directamente recortes proporcionales en las ayudas cuando no se hayan alcanzado los objetivos.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario explica el tratamiento de las llamadas “reversiones”, es decir, los casos en los que una reforma o inversión que se había considerado cumplida deja de ajustarse a los requisitos, lo que podrá conllevar recortes en los pagos finales.
En paralelo, Bruselas anima a los Estados miembro a revisar con antelación sus planes y, si es necesario, introducir cambios antes del 31 de mayo de 2026, ya que, advierte, a partir de ese momento será complicado asegurar que puedan aprobarse dentro de los plazos establecidos.
Además del cierre del instrumento, la Comisión subraya que los países deberán seguir atendiendo obligaciones de control, auditoría y conservación de datos para proteger los intereses financieros de la Unión, incluso una vez efectuados los últimos desembolsos.