El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha reiterado que regresará al Congreso “las veces que haga falta” con el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler y que este martes han rechazado PP, Vox y Junts.
Estas tres formaciones, que suman mayoría absoluta en la Cámara Baja, han cumplido con lo anunciado y han votado en contra de la convalidación del decreto, lo que implica su derogación inmediata y la pérdida de cualquier efecto normativo.
Tras este revés parlamentario, el responsable de Derechos Sociales ha comparecido ante la prensa en el Congreso, acompañado por la vicepresidenta segunda, el ministro de Cultura y la portavoz de Sumar en el Congreso, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Verónica Martínez Barbero, respectivamente.
“LO VAN APAGAR MUY CARO”
En su intervención, Bustinduy ha acusado a las “derechas” de dejar “a su suerte a tres millones de compatriotas”. A su juicio, el voto contrario de PP, Vox y Junts evidencia una “desconexión radical” con la clase trabajadora del país y ha advertido de que “lo van a pagar muy caro”, al considerar que una parte relevante de su electorado respaldaba la medida.
El ministro ha recordado que “La prórroga de los contratos de alquiler la apoyan dos tercios de los votantes del PP y de Vox. Y hoy les han dado la espalda. ¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes están forrando con la vivienda a costa de los derechos de los españoles”, según ha remarcado.
Acto seguido, el titular de Derechos Sociales ha insistido en que volverá a llevar la norma “las veces que haga falta” al Parlamento y que hará “lo que sea necesario” para garantizar en España el derecho a la vivienda. “Las veces que haga falta, por tierra, mar y aire”, ha enfatizado.
En esta misma línea, ha reiterado que hará “lo que haga falta” para sacar adelante el decreto, aunque no ha precisado todavía si la iniciativa se elevará ya al próximo Consejo de Ministros. “La cabeza bien alta, y desde luego esto no acaba aquí”, ha concluido Bustinduy, evitando pronunciarse sobre la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el debate y la votación del decreto ley.