El Pleno del Congreso ha derogado este martes el octavo decreto ley del Gobierno de coalición desde que arrancó la legislatura, un nuevo revés con el que el PSOE acumula ya 33 votaciones perdidas en iniciativas legislativas debatidas en sesión plenaria.
En este balance figuran, además de esos ocho decretos ley rechazados, dos proyectos de ley que no prosperaron, siete proposiciones de ley impulsadas por el PSOE que fueron derribadas en la primera votación, así como seis iniciativas legislativas registradas por sus socios parlamentarios y respaldadas por los socialistas que también cayeron. Paralelamente, el hemiciclo ha aceptado tramitar, pese al voto en contra del PSOE, una decena de proposiciones de ley, en su mayoría promovidas por el PP.
Primer decreto derogado y cadena de reveses
El primer decreto ley que no superó el trámite de convalidación en esta legislatura se rechazó en diciembre de 2023 y abordaba reformas en el servicio de la Justicia. Posteriormente, en enero de 2025, el Congreso tumbó de una sola vez otros dos decretos: uno relativo al gravamen a las empresas del sector energético y otro de carácter “ómnibus” que incluía la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público, la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y medidas específicas para los afectados por la dana.
En julio del año pasado se derogó un cuarto decreto ley, centrado en medidas de refuerzo del sistema eléctrico para evitar un nuevo apagón, y el inicio de 2026 llegó con la caída de otro texto clave, el del denominado “escudo social”, que contemplaba la subida de las pensiones y el veto a los desahucios y a los cortes de luz por impago.
La misma dinámica se repitió el 26 de febrero, cuando el Congreso rechazó otros dos decretos: uno que volvía a prorrogar la moratoria de desahucios y otro destinado a fijar un tope al precio de determinados servicios de transporte y alojamientos en situaciones extraordinarias de emergencia, como las recientes inundaciones en Grazalema (Cádiz) y la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Proyectos de ley frustrados y retiradas del Gobierno
En el capítulo de proyectos de ley, el PSOE ha visto decaer la iniciativa para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, así como la primera ley que regulaba la Agencia Estatal de Salud Pública, que más adelante fue recuperada con un nuevo texto. Además, en mayo de 2024, el Ejecutivo se vio obligado a retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos suficientes para superar el debate de totalidad.
El Gobierno también ha perdido en varias ocasiones la votación de la senda de estabilidad presupuestaria —las dos últimas a finales del pasado año— y llegó a ver cómo el Congreso rechazaba incluso el tratado hispanofrancés que el PP llevó al Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés pudiera sentarse en el Consejo de Ministros. A ello se suma que, el 18 de marzo, la Cámara tumbó dos convenios internacionales relativos a eventos ya celebrados.
En paralelo, la oposición y parte de los socios de investidura han frenado de entrada siete proposiciones de ley promovidas por el Grupo Socialista: la relativa a la lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, la regulación del testamento vital, una norma de vivienda pactada con el PNV, el traspaso de las políticas de inmigración a Cataluña acordado con Junts, otra para que toda ley incluya un análisis de impacto en la juventud y la última, el 14 de abril, para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales.
A esta lista se añaden seis iniciativas legislativas registradas por sus socios que fueron rechazadas pese al apoyo del PSOE. La más reciente, este mismo martes, era una proposición de ERC para crear un Consorcio bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con el fin de diseñar inversiones en esa comunidad y mejorar su ejecución.
En febrero corrió la misma suerte una propuesta de Sumar para impedir expedientes de regulación de empleo en empresas que trasladen su actividad fuera de Europa. Antes ya habían sido rechazadas una iniciativa sobre alquiler de temporada, otra de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una proposición del BNG para reducir la jornada laboral y la de ERC sobre impuestos a partir de la tercera vivienda. La confluencia de PP, Vox y Junts resultó determinante para tumbar estas proposiciones de ley.
Leyes tramitadas pese al rechazo del PSOE
En sentido inverso, el PSOE ha visto cómo el Congreso admitía a trámite una decena de proposiciones de ley a las que se había opuesto. Entre ellas destaca una de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.
El PP, por su parte, logró que se tomaran en consideración una proposición de ley de vivienda y otras iniciativas con las que pretendía reformar los seguros agrarios, suavizar la protección del lobo ibérico, reforzar la dotación de profesionales sanitarios de atención primaria en verano, exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar, modificar la Ley de Costas, transformar el CIS, revertir el calendario de cierre de las centrales nucleares y obligar a someter a votación parlamentaria los créditos extraordinarios para gasto militar. Muchas de estas propuestas superaron el primer filtro gracias a que Junts optó por no votar en contra.
No obstante, el avance de estas leyes de la oposición ha quedado prácticamente congelado, ya que la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando de forma sucesiva el plazo de presentación de enmiendas, lo que impide que continúen su tramitación. Una táctica similar se ha aplicado a las iniciativas remitidas desde el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
Reprobaciones, PNL y récord de votaciones perdidas
En esta legislatura, el Congreso ha reprobado a tres ministros socialistas: el titular de Transportes, Óscar Puente, que acumula el récord con siete reprobaciones en las Cortes; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la responsable de Igualdad, Ana Redondo.
El PSOE también ha salido derrotado en votaciones sobre proposiciones no de ley del PP en materia económica, contra la regularización de inmigrantes o a favor de reforzar la ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros. El récord de reveses en una sola sesión plenaria se registró el 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas encadenaron 23 derrotas entre enmiendas aprobadas pese a su oposición y puntos de mociones impulsadas por la oposición.
El Grupo Popular, consciente de la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, suele someter sus iniciativas a votación separada, punto por punto, multiplicando así las opciones de que el PSOE pierda apoyos y coseche nuevas derrotas. A esta práctica se han sumado en ocasiones socios del Gobierno como el PNV y ERC.