El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a PP, Vox y Junts a que no antepongan el “tacticismo político” ni el “no a todo” y respalden la prórroga de los contratos de alquiler que se someterá a votación este martes en el Congreso de los Diputados, una medida que afecta a casi tres millones de personas que, ha recordado, “también son sus votantes”.
Tras reunirse este viernes con el equipo jurídico especializado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Bustinduy ha advertido de que “no van a entender de ninguna de las maneras una posición contraria a la convalidación de este decreto ley. En todo este tiempo hasta ahora no hemos escuchado un solo argumento real para oponerse a la convalidación de este decreto ley”.
En su intervención, el titular de Consumo ha arremetido contra el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido que quien posee viviendas es “porque se las ha ganado” y puede fijar el precio que considere oportuno. A juicio de Bustinduy, este planteamiento implica trasladar a los arrendatarios que “se merecen” el fuerte encarecimiento que soportan en los precios del alquiler.
El ministro ha añadido que “sería demasiado fácil preguntarle a la señora Ayuso qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive. Sería demasiado obvio preguntarle al Partido Popular qué han hecho sus amigos en Alicante para quedarse las viviendas de protección oficial. Quizá no sea tan obvio preguntar qué han hecho los fondos especulativos y de inversión para quedarse con las viviendas públicas que le regaló la Comunidad de Madrid o por qué hemos consentido que, después de hacer un rescate del sector financiero en la década pasada dedicando más de 75.000 millones de euros de dinero público, ahora esas mismas instituciones financieras gestionan decenas de miles de pisos en alquiler”.
Ante este escenario, Bustinduy ha apelado a la ciudadanía a implicarse y a movilizarse de cara a la votación del próximo martes sobre la prórroga de hasta dos años de los contratos de arrendamiento.
Ha subrayado que “estoy convencido de que el interés general se va a abrir paso y que, si no, quienes sean responsables de expulsar a cientos de miles de familias de sus viviendas van a pagar un altísimo coste político por ello”.
Paralelamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este viernes una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que administran o concentran 50 o más inmuebles cada uno, para recordarles que están obligados a prorrogar los contratos de sus inquilinos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que estos lo hayan solicitado.
Según ha detallado el departamento en un comunicado, las compañías destinatarias de esta notificación gestionan en conjunto más de 50.000 arrendamientos.