Cientos de personas en Castilla-La Mancha reclaman más derechos, vivienda y un reparto justo de la riqueza

Las marchas del Primero de Mayo en Castilla-La Mancha reclaman salarios dignos, vivienda accesible, fiscalidad justa y freno a la involución democrática.

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Cientos de personas reivindican el Primero de Mayo en C-LM más derechos, vivienda y reparto justo de la riqueza SANTOS G. MONROY/EUROPA PRESS

Cientos de personas reivindican el Primero de Mayo en C-LM más derechos, vivienda y reparto justo de la riqueza SANTOS G. MONROY/EUROPA PRESS

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Cientos de personas han tomado este viernes las calles de Castilla-La Mancha, en la jornada del Primero de Mayo, convocadas por los sindicatos UGT y CCOO para reclamar más derechos laborales, acceso a la vivienda y un reparto más equitativo de la riqueza.

La marcha principal en la región se ha desarrollado en Puertollano (Ciudad Real), donde han participado los secretarios regionales de UGT y CCOO, Lola Alcónez y Javier Ortega, acompañados por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Las protestas sindicales se han extendido por toda la comunidad autónoma. En Albacete, la manifestación ha recorrido el trayecto entre el Molino de la Feria y el Parque Abelardo Sánchez; en Ciudad Real se ha marchado en Alcázar de San Juan, desde la calle Cruz Verde hasta la estación de tren, y en Puertollano desde la Glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música. En Cuenca, el itinerario ha ido desde la estación de ferrocarril hasta la Plaza de España; en Guadalajara, desde la Plaza del Infantado hasta la Plaza de la Concordia; y en Toledo, desde el Paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover.

En Puertollano, la manifestación ha salido de la glorieta de la Virgen de Gracia hasta la concha de la música del Paseo de San Gregorio bajo el lema “Derechos, no trincheras, salario, vivienda y democracia”. La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha ha alertado de que el escenario internacional “pone en riesgo los derechos de los trabajadores por el mero capricho de algunos tiranos que consideran que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que quieran”.

Según Alcónez, “las muertes, la inestabilidad global y la miseria impactan así en los derechos de los trabajadores de Castilla-La Mancha”, por lo que ha reclamado “salarios dignos y un reparto equitativo de la riqueza para que se pueda tener acceso a una vivienda y una vida digna”.

Ha subrayado que “en España están subiendo los beneficios de las empresas y aumentando la productividad, por lo que es justo exigir un reparto equitativo de la riqueza para quienes contribuyen a crearla”.

La dirigente de UGT ha denunciado igualmente que la vivienda “sigue siendo un derecho inaccesible para muchas personas que dependen de un salario que no les llega”, reclamando “más control sobre la vivienda turística, la zonas más tensionadas y un pacto público de vivienda para que vuelva a ser un derecho y no un privilegio”.

Entre las demandas sindicales también figuran una fiscalidad justa, un acceso más sencillo a los servicios públicos y a la sanidad, así como una ley de prevención de riesgos laborales “acorde al siglo XXI”, además de la defensa de la regularización de inmigrantes, “como una cuestión de dignidad y de derechos humanos que además tiene sentido económico, ya que quien trabaja y contribuye debe tener las mismas coberturas que el resto de los trabajadores”.

Alcónez ha aludido asimismo a las “pretensiones de la ultraderecha”. “No queremos su prioridad nacional, ni su xenofobia ni su racismo; decimos no a la negación de la violencia de género y del cambio climático, y sí a respetar los derechos de las personas LGTBI”, ha finalizado.

Alerta por el riesgo de involución democrática

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha advertido del peligro de “involución democrática”, ante el cual el sindicalismo debe responder “con propuestas para los problemas de la gente, la carestía de la vida, los salarios, la vivienda, o los servicios públicos, problemas que no se van a resolver desde ideas reaccionarias, ni desde el autoritarismo” ha remachado.

Ortega ha defendido una “transferencia directa de rentas” vía IRPF para las personas trabajadoras, un incremento generalizado de los salarios y un sistema fiscal equilibrado, “no el infierno fiscal del que nos están hablando algunos”.

Se ha detenido especialmente en la cuestión de la vivienda, “que condena a las próximas generaciones de españoles”. “Sin vivienda no hay cohesión social y sin cohesión social no va a haber democracia”, ha sentenciado.

En relación con los conflictos laborales abiertos, ha resaltado la huelga convocada el 7 de mayo en Castilla-La Mancha en el sector de la educación de cero a tres años, al considerar imprescindible que sean “homogéneas” las condiciones laborales y la prestación del servicio, con independencia de las administraciones, instituciones o empresas para las que trabajan los profesionales.

Defensa del derecho a la vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha sumado este viernes, junto a los responsables sindicales de Castilla-La Mancha, a la manifestación regional del Primero de Mayo en Puertollano para reivindicar la vivienda como “un derecho a proteger que aún no está consolidado frente a aquellos que no comprenden que no es un activo financiero ni un bien de mercado”.

En declaraciones a los medios, la ministra ha reiterado la vivienda como “derecho a proteger que aún no está consolidado frente a aquellos que no comprenden que no es un activo financiero ni un bien de mercado”, mientras los líderes de UGT y CCOO en la región ponían el foco en los derechos de la clase trabajadora en un contexto marcado por la guerra y por “quienes quieren enfrentar a la sociedad desde el miedo”.

Rodríguez ha asegurado que el Gobierno de España “va a seguir impulsando todas las medidas necesarias y a combatir aquellos que no comprenden que la vivienda no es un activo financiero ni un bien de mercado sino un derecho a proteger que no está consolidado”.

Ha lamentado que “todo el esfuerzo en incremento salarial y mejora de rentas se está yendo a pagar las rentas del alquiler, mientras trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus barrios para emprender cada día trayectos de media hora o de una hora”.

La ministra ha insistido en que el derecho a la vivienda continúa sin consolidarse, dado que “afecta al descanso de muchos trabajadores y trabajadoras que son forzados a compartir piso e incluso habitación”, y ha recordado la situación de muchas personas inmigrantes “que están hacinadas en habitaciones”, confiando en que, tras el proceso de regularización impulsado por el Gobierno, “tengan ese respiro y puedan vivir más dignamente”.

Por último, ha apelado al conjunto de fuerzas políticas para que “se avengan a generar un gran acuerdo” en torno a las propuestas del Ministerio de Vivienda para hacer frente a este problema. “La ciudadanía no entiende que, ante este problema, los partidos políticos y a aquellos que se llaman ‘de Estado’, no estén implicados en las soluciones”, ha concluido.