Denaria ha solicitado este martes la puesta en marcha de un marco regulatorio específico que asegure el acceso y la utilización del efectivo en España, una medida cuyo coste sitúa entre 4,8 y 25,6 millones de euros.
La plataforma sostiene que esta inversión sería "mínima" si se compara con las consecuencias del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, del que este martes se cumple un año y que "puso en evidencia la fragilidad del sistema de pagos digital".
Las estimaciones proceden de un informe aún en preparación en el que se estudian tres niveles de cobertura territorial para garantizar el efectivo: un escenario conservador, que prevé llegar a 400 municipios con un 60% de financiación pública y un desembolso de 4,8 millones de euros anuales; un segundo escenario intermedio, que ampliaría la cobertura a 600 municipios con un 80% de financiación pública y rondaría los 12 millones al año; y un tercer escenario, el más ambicioso, que alcanzaría 800 municipios y elevaría el coste hasta los 25,6 millones anuales.
Según detalla Denaria, estas cifras se han contrastado con contratos públicos reales para la instalación de cajeros en Guadalajara, Badajoz y Córdoba, y únicamente contemplan los gastos de instalación, operación y mantenimiento. La supervisión y la gobernanza quedarían en manos del Banco de España y de las entidades obligadas, sin que ello suponga un aumento relevante del gasto público, precisa la plataforma en una nota.
En todos los supuestos, disponer de una red robusta de acceso al efectivo implicaría un "coste mínimo" frente al impacto del apagón, subraya Denaria, que estima que sería, "en el peor de los casos", inferior al 3% "de lo que puede perderse en una única jornada de disrupción digital".
Por ello, la entidad concluye que la implantación de un marco normativo que blinde el acceso y el uso del efectivo en España "produce un impacto presupuestario acotado, gradual y compatible con los principios de proporcionalidad y buena regulación".
"Incluso en el escenario más amplio, el impacto presupuestario anual resulta modesto en relación con el presupuesto público agregado y claramente inferior a los costes económicos y sociales asociados a la exclusión financiera, la pérdida de cohesión territorial o la falta de resiliencia del sistema de pagos ante disrupciones", recalca el presidente de Denaria, Javier Rupérez, que reclama "asegurar el acceso al efectivo de forma ágil, sin coste y de manera constante, siempre y en todo lugar".
En la misma línea, Rupérez sostiene que preservar un uso estable del efectivo y mantener su infraestructura en periodos de normalidad constituye una "condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis" y resulta "económicamente viable y coherente con las prácticas regulatorias observadas en el entorno europeo".
De no hacerlo, advierte, lo contrario "tendría un impacto abrupto y no gradual sobre la actividad económica y la inclusión financiera", por lo que insiste en la urgencia de un "enfoque preventivo" para evitar ese escenario.
Las declaraciones y el avance del informe se han realizado durante la jornada "Efectivo y Resiliencia: garantía de funcionamiento social en un entorno digital", celebrada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y coinaugurada por su directora-gerente, Isabel Valldecabres.