El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido una valoración favorable sobre el proyecto de Real Decreto que regula el “Comité de Inversiones Estratégicas”, si bien ha alertado de la escasa presencia de los agentes económicos, sociales y de las comunidades autónomas, y ha señalado que el texto presenta una cierta falta de definición en su desarrollo.
En su dictamen, el CES subraya la relevancia de ordenar, seleccionar y apoyar proyectos de inversión que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad, el refuerzo de la competitividad y la seguridad económica, así como la autonomía estratégica de España, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y tecnológicas.
No obstante, el órgano consultivo formula varias objeciones al contenido del proyecto. Entre ellas, resalta la ausencia de una participación institucionalizada de los agentes económicos y sociales en el Comité de Inversiones Estratégicas, un aspecto que el CES considera “vital” por el efecto que este tipo de iniciativas puede tener sobre la estructura productiva, la implantación territorial, el acceso a recursos y el empleo.
Asimismo, el CES insiste en la necesidad de reforzar la cooperación y coordinación del Comité con las comunidades autónomas, en especial con aquellas directamente afectadas por un determinado Proyecto Estratégico de Inversión (PEI).
“Además, el Proyecto no ofrece ninguna fórmula concreta sobre cómo valorar el impacto socioeconómico y el fomento de la cohesión territorial, cuando es uno de los posibles elementos sobre el que fundamentar la declaración definitiva del PEI”, se advierte en el dictamen.
Falta de definición en los criterios y efectos del PEI
Según el CES, el proyecto de Real Decreto presenta una indeterminación apreciable en varios aspectos clave. Cita, por ejemplo, los criterios prioritarios para la declaración previa de Proyectos Estratégicos de Inversión, que se remiten a un volumen de inversión relevante o a un volumen de empleo altamente cualificado relevante o significativo, referencias que califica de poco precisas, difíciles de medir y discutibles como único elemento para determinar el carácter estratégico de una inversión.
En relación con los efectos asociados a la declaración de un proyecto como estratégico, el Consejo llama la atención sobre que el articulado no recoge disposiciones específicas sobre las consecuencias jurídicas o administrativas derivadas de la declaración de Proyecto Estratégico de Inversión, a pesar de que este punto forma parte del objeto del propio proyecto normativo.
El CES también apunta que el texto proyectado presenta un impacto nulo en materia de igualdad de género, familia, infancia y adolescencia, así como en relación con el cambio climático, y que no contempla otros posibles efectos, algo que, a juicio del Consejo, contrasta con lo señalado en la Exposición de Motivos de la futura norma, donde se afirma que, ante el incremento de la demanda de proyectos de inversión, “se ha identificado la necesidad de priorizar aquellos con mayor impacto económico, social y ambiental”.
Por último, en lo relativo a los recursos materiales y humanos, el CES entiende que las competencias atribuidas al futuro Comité son de gran complejidad y alcance, por lo que considera imprescindible asegurar una dotación presupuestaria suficiente y una gestión eficaz de los medios disponibles, de forma que la norma pueda cumplir adecuadamente los fines para los que se diseña.