El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la concesión de la licencia de un nuevo canal de TDT en abierto, con cobertura para todo el territorio nacional, a SIETE (acrónimo de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL). Se trata de la sociedad administrada por Andrés Varela Entrecanales, vinculada al grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Europa Press que la oferta de SIETE se ha impuesto a la de Mediaset, el otro grupo que competía en el proceso y que ya dispone de ocho licencias de televisión en España.
El origen de este concurso se remonta al acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de Óscar López, del 14 de octubre de 2025, por el que se decidió convocar una licitación pública para adjudicar, en régimen de concurrencia, una licencia destinada a la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT) en abierto, con alcance estatal.
El Ejecutivo debía resolver el procedimiento en un plazo máximo de un año desde la publicación de la convocatoria. Una vez concluido el concurso, la licencia se formaliza mediante documento administrativo firmado por el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros que resuelve la adjudicación.
La concesión tendrá una vigencia inicial de quince años y podrá prorrogarse por otro periodo idéntico, siempre que se respeten las condiciones fijadas en la Ley 13/2022, de 7 de julio.
Según explicó el departamento de Transformación Digital, esta licitación viene impuesta por el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que reorganizó la asignación de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal.
El objeto concreto del concurso es el sobrante de una cuarta parte de la capacidad del múltiple digital MPE5. Todo el procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
Con esta nueva licencia, el Gobierno pretendía “aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada”. Asimismo, buscaba “fomentar la innovación tecnológica y ofrecer servicios de TDT de mayor calidad”.