El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este miércoles de que la protección de la Unión Europea frente a las conocidas como “sustancias químicas eternas” (PFAS, por sus siglas en inglés) presenta “numerosas lagunas” y de que los límites fijados para su presencia en los alimentos y en el agua de consumo humano podrían no ser suficientes para salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Los auditores comunitarios señalan, además, que la respuesta de la UE “tiene dificultades para seguir el ritmo” de estas sustancias, que “siguen acumulándose en las personas y en el medio ambiente”, y subrayan que uno de cada tres Estados miembro no llevó a cabo ningún control específico entre 2020 y 2025 para verificar el cumplimiento de las restricciones previstas en la legislación europea.
“La UE debe abordar este problema con firmeza y sin demora para desactivar esta bomba de relojería antes de que sea demasiado tarde”, ha recalcado Joelle Elvinger, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, quien ha remarcado que, aunque estos compuestos pueden durar “para siempre”, existen vías para contener sus efectos dañinos sobre la población y los ecosistemas.
Bruselas ha fijado concentraciones máximas para cuatro tipos de PFAS en productos como huevos, carne, pescado y marisco, pero los auditores recuerdan que estos umbrales responden a un compromiso entre la protección de la salud y la necesidad de garantizar el suministro de alimentos en el mercado, por lo que “no garantizan necesariamente que el consumo habitual sea seguro a lo largo del tiempo”.
Los expertos del Tribunal añaden que la normativa de la UE no marca un número mínimo de inspecciones para comprobar el respeto de estos límites y que algunos Estados ni siquiera llevaron a cabo controles específicos, pese a que la Comisión dispone de datos de seguimiento que aún no ha utilizado para revisar los valores en vigor.
En lo que respecta al agua potable, el Tribunal de Cuentas constata que, en general, se cumplen las concentraciones máximas fijadas por la UE, pero cuestiona que sigan apoyándose en evidencia científica de 2017, sin haber sido actualizadas desde su aprobación en 2020.
Retrasos y carencias en las restricciones a los PFAS
Más allá de los riesgos vinculados al consumo, la auditoría pone en duda la eficacia de las normas europeas para frenar la fabricación y comercialización de estos compuestos, al comprobar que los procedimientos para restringirlos se prolongan de media durante cinco años y que muchas de las sustancias utilizadas ni siquiera figuran registradas en el sistema comunitario de control de productos químicos.
Según el Tribunal, esta falta de información impide conocer adecuadamente sus posibles riesgos y facilita que determinados compuestos sigan en el mercado sin haber pasado por las pruebas necesarias para evaluar su seguridad.
Los auditores también alertan de que las restricciones no siempre logran disminuir los peligros, ya que los fabricantes pueden reemplazar una sustancia prohibida por otra con propiedades similares y potencialmente igual de dañina, una práctica que el Tribunal define como “sustitución desafortunada”.
Ante este escenario, el Tribunal reclama a la Comisión Europea que acelere los procedimientos para limitar estas sustancias, simplifique los trámites para aprobar nuevas restricciones y refuerce la vigilancia en cooperación con los Estados miembro.
Asimismo, insta a revisar antes de 2028 los límites aplicables a los alimentos y a analizar si los fijados para el agua potable siguen siendo adecuados a la luz de los estudios científicos más recientes, con el fin de evitar que la normativa continúe quedándose atrás respecto a los riesgos identificados.