La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha reclamado este martes al Ejecutivo central que aclare “con urgencia y por escrito” qué consecuencias jurídicas afrontan los inquilinos que solicitaron la prórroga extraordinaria de sus contratos, tras la caída en el Congreso del decreto ley que contemplaba la extensión automática de los alquileres con vencimiento en 2026 y 2027.
En una nota de prensa, la FAI ha calificado de “imprescindible” despejar cualquier “duda interpretativa” para prevenir conflictos e inseguridad entre propietarios e inquilinos, de forma que ambas partes conozcan con exactitud cuál es ahora la normativa aplicable y qué validez conservan todas las peticiones cursadas mientras estuvo en vigor el decreto, incluidas las que afectan a contratos que se mantendrán activos en 2026 y 2027 una vez decaiga la regulación.
La organización también ha pedido reforzar la confianza en el mercado del arrendamiento mediante “medidas claras, realistas y sostenidas en el tiempo”, evitando que se reproduzcan nuevos episodios de incertidumbre jurídica.
En esta línea, ha apelado a avanzar hacia un marco legal “estable y predecible” que “no genere miedo entre los propietarios y frustración entre los inquilinos” ante la dificultad de acceder a una vivienda.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha advertido de que la continua inestabilidad normativa, con anuncios encadenados y cambios restrictivos, está llevando a numerosos dueños a retirar inmuebles del alquiler residencial o a retrasar su salida al mercado.
Según Alfaro, esta tendencia reduce aún más la oferta disponible y acentúa la presión al alza sobre los precios, con un fuerte impacto para los arrendatarios. En este escenario, ha reiterado que incrementar el parque de viviendas en alquiler es “crucial” y exige un entorno de seguridad y confianza que, a su juicio, en estos momentos no se estaría dando.
Por este motivo, ha subrayado la “imperiosa necesidad” de poner en marcha un plan de choque integrado en un gran “Plan Marshall” para la vivienda, que cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas y de las distintas administraciones públicas.
Alfaro ha señalado, además, que en anteriores episodios de dificultades económicas los pactos directos entre caseros e inquilinos han demostrado ser una vía eficaz, y ha incidido en que el verdadero problema no se encuentra en quienes ya disponen de un piso arrendado, sino en quienes intentan acceder a uno y se enfrentan a “precios inasumibles o castings” a los que ni siquiera pueden optar por no cumplir los requisitos exigidos, en un contexto en el que la demanda supera ampliamente a la oferta.
En su opinión, este decreto únicamente ha contribuido a generar confusión y expectativas poco realistas entre quienes ven cómo su contrato expira en los próximos meses, sin abordar el origen del problema, que no es otro que la necesidad de poner más vivienda en el mercado.