El IVA de la electricidad volverá al tipo general del 21% a partir del próximo 1 de junio. La medida se produce por la moderación de la inflación y supondrá el fin del alivio fiscal aplicado a la factura eléctrica durante los últimos meses
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que dio luz verde al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incluyó una reducción temporal del IVA de la electricidad del 21% al 10% como parte del paquete de medidas para amortiguar el impacto energético derivado del conflicto. Esa misma norma establecía que, “por tratarse de medidas excepcionales, las reducciones de los tipos durante el mes de junio de 2026, quedan subordinadas a la evolución del índice de precios al consumo de los productos afectados”.
Una ayuda temporal que expira mientras siguen planteándose nuevas medidas
El final ya previsto de esa rebaja coincide, sin embargo, con un debate político y social que apunta en la dirección contraria: si las familias siguen necesitando apoyo frente al coste energético.
La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, prometió esta misma semana, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Sevilla, un plan andaluz frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán si alcanza el Gobierno autonómico. Entre las medidas anunciadas figura un cheque de entre 150 y 350 euros para familias de rentas medias y bajas, además de apoyos reforzados para hogares vulnerables, complementos para desempleados o personas en ERTE y una línea de avales para pymes y autónomos.
La propuesta introduce un contraste político evidente: mientras decae una ayuda fiscal estatal aprobada como mecanismo extraordinario, siguen planteándose nuevas fórmulas de apoyo económico bajo el argumento de que el impacto energético continúa presionando a hogares y empresas.
Consumidores llevan tiempo reclamando una fiscalidad más baja para la luz
Ese debate no es nuevo. Asociaciones de consumidores como FACUA han defendido en distintas ocasiones que la electricidad debería mantener una fiscalidad reducida de forma estructural, al tratarse de un suministro básico para los hogares.
El argumento de estas organizaciones pasa por considerar que la electricidad no debería soportar una carga impositiva equivalente a la de otros bienes no esenciales, especialmente en escenarios de tensión inflacionista o encarecimiento energético.
El Gobierno, sin embargo, diseñó la rebaja de marzo como una medida temporal y extraordinaria, no como una reforma permanente del tratamiento fiscal de la electricidad.
A partir del 1 de junio, por tanto, la factura volverá al marco ordinario del 21%, mientras sigue abierta una discusión que mezcla política fiscal, coste de vida y el alcance real de las ayudas necesarias para amortiguar el impacto energético en los hogares.