Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE han cerrado un pacto político para atajar el llamado 'ecopostureo' en los productos financieros, es decir, la práctica por la que algunas entidades venden sus inversiones como más verdes y respetuosas con el entorno de lo que realmente son. El objetivo es fijar nuevas obligaciones que permitan diferenciar con claridad qué fondos cumplen criterios de sostenibilidad y cuáles no.
La reforma creará tres grandes grupos de productos financieros en función de sus metas ambientales y sociales y obligará a que, como mínimo, el 70% de las inversiones se destine a esos objetivos. Además, solo podrán usar referencias a la sostenibilidad en su denominación comercial y en su material publicitario aquellos productos que se ajusten a los requisitos fijados.
Así, las normas dividirán el mercado entre productos “sostenibles”, que contribuyen de forma directa a fines ambientales o sociales, productos “de transición”, orientados a financiar empresas o proyectos que aún no son sostenibles pero avanzan hacia ello, y una categoría básica, denominada ESG, para los que aplican criterios ambientales, sociales y de gobernanza sin llegar a los estándares de las otras dos categorías.
La clasificación implicará también dejar fuera inversiones en determinados sectores y actividades dañinas para el entorno. Con ello se pretende, según detalla el Consejo, impedir que las compañías ofrezcan una “falsa impresión de sus impactos o beneficios medioambientales” y hacer más sencillo para los ahorradores conocer las características reales de los productos en los que colocan su dinero.
El compromiso incluye excepciones para ciertas inversiones en empresas ligadas a los combustibles fósiles, que podrán entrar en la categoría de transición si disponen de un plan de reducción de emisiones con plazos concretos, alineado con el Acuerdo de París, y destinan al menos el 20% de su gasto de capital a actividades consideradas sostenibles por la taxonomía europea, incrementando gradualmente ese porcentaje.
Además, las gestoras que ofrezcan productos sostenibles o de transición deberán señalar y comunicar los principales efectos adversos de sus inversiones sobre el medioambiente y la sociedad. Para ello utilizarán indicadores comunes que permitan medir, entre otros aspectos, las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto en la biodiversidad o las condiciones laborales.
La revisión afecta al Reglamento sobre Divulgación de Información relativa a la Sostenibilidad en el Sector de los Servicios Financieros, en vigor desde marzo de 2021. Una evaluación de la Comisión Europea concluyó que las normas actuales generan información “demasiado extensa y compleja”, lo que “dificulta a los inversores comprender y comparar” las características ambientales o sociales de los productos financieros y “aumenta el riesgo de publicidad medioambiental engañosa y venta inadecuada de productos”.
En este marco, el acuerdo persigue también aligerar cargas para las entidades y recortar sus costes administrativos. Para ello permitirá dejar fuera de las nuevas exigencias de clasificación a determinados fondos dirigidos únicamente a inversores profesionales y excluir del alcance de la reforma el asesoramiento financiero y la gestión discrecional de carteras.
El texto deberá recibir aún el visto bueno formal del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de entonces, las nuevas reglas empezarán a aplicarse tras un periodo de dos años.