La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha instado a las administraciones públicas a poner en marcha medidas “ágiles y homogéneas” para hacer frente a la situación “crítica” generada por el intenso encarecimiento de los betunes, los combustibles y la energía, un escenario que, según advierten, está poniendo en cuestión “de forma directa” la viabilidad de los contratos de conservación de carreteras y de las actuaciones de emergencia.
Desde la patronal señalan que el precio medio de los asfaltos ha experimentado un incremento “extraordinario”, con alzas del 8,2% en marzo y del 49,3% en abril de 2026, lo que anticipa un panorama “especialmente delicado” a partir de mayo si no se consigue estabilizar los mercados energéticos y logísticos.
De acuerdo con Asefma, esta evolución se debe a una “alteración internacional de gran alcance” en los flujos físicos de crudo, vinculada a la tensión geopolítica en el entorno del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que está modificando las rutas de suministro y generando una “competencia creciente” por acceder a los barriles disponibles.
En este contexto, determinados crudos procedentes de África Occidental se comercializan con primas “extraordinarias” de entre 20 y 30 dólares por barril sobre el brent. A este incremento se añade el encarecimiento del transporte marítimo, que suma entre 10 y 15 dólares por barril al coste final que soportan las refinerías europeas.
Asefma remarca que esta espiral de precios impacta en el “equilibrio económico global” de las labores de conservación viaria, sobre todo en aquellas intervenciones que exigen una respuesta “inmediata”. La asociación recuerda que este tipo de obras tiene una “elevada intensidad energética” tanto en la fase de fabricación como en la de ejecución, por lo que reclama la puesta en marcha de mecanismos que permitan reconocer de manera ágil el impacto real de estos costes y con plena “seguridad jurídica”.
El propósito, insisten, es impedir que la reacción de la Administración se produzca de forma “fragmentaria o tardía”, lo que podría comprometer la continuidad del servicio. Finalmente, la organización subraya que asegurar la viabilidad de estos contratos no constituye un privilegio sectorial, sino una condición “imprescindible” para la seguridad vial, y alerta de que la coyuntura actual eleva el riesgo para la sostenibilidad económica de las actuaciones hasta niveles “excepcionalmente elevados”.