Los ingenieros reclaman auditar la alta velocidad y aprobar una ley de conservación de infraestructuras

El Instituto de la Ingeniería de España exige priorizar las infraestructuras con una auditoría de la alta velocidad y una ley específica de conservación.

Instituto de la Ingeniería de España. INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA

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El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha instado a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre a asumir una estrategia de Estado que sitúe las infraestructuras como prioridad, a la vista de las consecuencias derivadas de la dana y de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Según expone en un comunicado difundido este jueves, dicha estrategia tendría que apoyarse en el conocimiento técnico, una planificación a largo plazo y una financiación suficiente para el mantenimiento.

En este contexto, el IIE enumera siete “grandes retos”: recuperar el criterio técnico en las administraciones, impulsar la reindustrialización, garantizar una transición energética segura, renovar las infraestructuras de transporte, mejorar la gestión del agua, reforzar la prevención de incendios y preparar el empleo ante la transformación tecnológica.

Sobre esta base, plantea diez compromisos para toda la legislatura y siete decisiones preferentes para los primeros 100 días del futuro Gobierno, entre las cuales incluye una auditoría independiente de la alta velocidad, una ley de conservación de infraestructuras, el desbloqueo de la red eléctrica y la convocatoria de pactos nacionales por el agua, la industria y los bosques.

El Instituto considera esencial que las infraestructuras pasen a ocupar un lugar central en la agenda política y alerta de que, cuando fallan o se degradan, las consecuencias pueden convertirse en “graves pérdidas económicas, grandes desastres e incluso la pérdida de vidas humanas”, como sucedió en los episodios citados, que “han puesto de manifiesto la importancia de la conservación, la supervisión técnica y la inversión continuada en infraestructuras estratégicas”.

“Sin embargo, tras la reciente campaña electoral, ni los debates entre los principales candidatos, ni sus intervenciones públicas, ni el análisis de los programas electorales reflejan la relevancia estratégica que esta cuestión tiene para el futuro económico, industrial y territorial de España”, reprocha el IIE.

En esta línea, subraya que la inversión pública en infraestructuras prevista para 2025 (16.114 millones de euros) es un 60% más baja que en 2009, según datos de la Fundación BBVA y el Ivie; que el valor de las infraestructuras productivas del país ha disminuido un 2,3% desde 2014 y que, en el ámbito hidráulico, la inversión no cubre la depreciación desde 2012. “Lo que se construyó durante décadas se está consumiendo sin reponerlo”, alerta.

El IIE advierte también de un “cuello de botella técnico” en materia de vivienda, ya que el Banco de España sitúa el déficit en 750.000 viviendas y más de 80.000 viviendas proyectadas dependen de infraestructuras eléctricas aún inexistentes, de acuerdo con BBVA Research. Añade que “a la industria le ocurre lo mismo”, puesto que en 2025 solo se pudo autorizar el 12% de la potencia solicitada a las distribuidoras, según Aelec.

Asimismo, destaca que el 46% de los 81 altos cargos relacionados con la gestión técnica del Estado carece de formación técnica, según un recuento de ‘El periódico de la ingeniería’, y que la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará antes de 2035, mientras los cuerpos de ingenieros “no encuentran relevo”.

“La ingeniería no tiene color político, pero tiene urgencias. Un carril, una presa o una subestación no entienden de legislaturas: o se mantienen o fallan. Pedimos a quien gobierne desde el 29-N que trate las infraestructuras como lo que son, la base física del Estado del bienestar, y que ponga al frente de ellas a quien sabe gestionarlas: los ingenieros e ingenieras”, reivindica la presidenta del IIE, María Cruz Díaz.